Incertidumbre para los despedidos del IPPV en la dictadura

Los despedidos del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), dados de baja durante la última dictadura militar, viven momentos de incertidumbre porque esperan cobrar la indemnización pero a su vez mantienen pocas esperanzas ante la falta de precisiones oficiales sobre el tema.

“Nosotros en ningún momento reclamamos nada pero apareció la Ley N° 5.240, y ellos (por los funcionarios con quienes se reunieron) se agarran de que estamos fuera porque no fuimos despedidos, pero son interpretaciones”, afirmaron los damnificados haciendo alusión a que algunos telegramas que aparecieron entre 1976 y 1978 aducía razones económicas, y en otros casos, le hicieron desaparecer la tarjeta de fichaje a lo que luego sobrevino la detención. Insistieron en que la indemnización “es para uno o para todos” porque según mencionaron “fueron aprobados” por el área de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro.

Los voceros del grupo IPPV está integrado Oscar Zapata, actual dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y los jubilados Mario e Isidoro Robles, Dionisio Sacco y Osvaldo Avin.

Algunos fueron reincorporados en 1988 a otras reparticiones.

Ellos creen que había otros motivos para ser despedidos, junto con la persecución ideológica.

Contaron a “Río Negro” que el IPPV venían cumpliendo una “importante función social” dentro de la frustrada gestión del entonces gobernador Mario Franco.

Contaron que en esa época, el IPPV hacía obras por administración, tenía “bloqueras” y hornos de ladrillo propios para construir viviendas; “las empresas competían con nosotros” y tras los despidos masivos de 600 empleados “perdimos todos los derechos”, y se abrió la posibilidad a que los planes se concreten mediante licitación pública, que “para nosotros eran sospechosas” en determinado sentido.

Los voceros del grupo indicaron que una vez echados “pasamos a vivir de la albañilería, de changas, y atravesamos muchos momentos de angustia”.

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