Sobresueldos: un testigo contradice la versión de la defensa
Ricardo Del Barrio, que ocupó cargos en ambos poderes, descartó que los adicionales fueron similares a los gastos de funcionamientos en la Legislatura.
Un testigo de hoy en el juicio por los Sobresueldos debilitó el argumento de la defensa que los adicionales de la gestión de Miguel Saiz eran equivalentes a los gastos reservados de la Legislatura. Esos pagos -dijo el ex secretario Administrativo de este Poder, Ricardo Del Barrio- eran para “funcionamiento de los bloques”.
La defensa plantean en forma reiterada que el mecanismo de esos adicionales salariales se correspondían con el sistema usado para los gastos reservados de los legisladores.
Del Barrio fue uno de los cinco testigos de hoy en el debate, todos ellos convocados por la defensa. También, habló la ex ministra Cristina Uría, que se desligó el proceso fijado para los adicionales porque asumió al frente de Salud en 2007. Aún así, el ex funcionaria defendió el sistema. “Todo era legal”, reiteró.
Los otros testimonios fueron de Luis Nicoletti y Esteban Brussino, ambos empleados jerarquizados de Turismo; y el ex Jefe de Asesores del Gabinete de Producción, Jorge Belacín.
Todos repitieron haber cobrado el adicional en efectivo, en forma mensual y montos regulares, con firmas de recibos. Del Barrio habló como ex secretario de Producción y, luego, se lo consultó por sus funciones administrativas en la Legislatura. Fue entonces cuando diferenció el destino de los pagos legislativos con aquellos de la actual causa penal.
El juicio continuará el próximo lunes, con tres testigos y, seguramente, la indagatoria de algún imputado. Al otro día serán los alegados del fiscal Hernán Trejo y de las defensas.
Vale recordar que los imputados son once integrantes del gabinete del ex gobernador Miguel Saiz. Los ex ministro Uría, Omar Contreras, Cesar Barbeito, Juan Accatino, Alfredo Pega, Francisco González y Diego Larregui; los ex secretarios Aníbal Hernández y Sergio Pendas; el ex Tesorero, José Ongaro; y el ex Contador General, Gustavo Picci.
El delito imputado es peculado por el desvío de fondos públicos, entre 2004 y 2011, que se transformaron en adicionales salariales, abonados por fuera de los recibos y no bancarizados.
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