Tarjeta para estatales: no les podrán retener más del 50% de los sueldos

El debate por la tarjeta de compra/crédito para los estatales -que llega hoy al recinto legislativo- determinó que el gobierno provincial fije un límite en las retenciones salariales por cesiones de transacciones o préstamos para los agentes públicos, que actualmente están liberadas.

El ministro de Economía, Agustín Domingo, asistió al Plenario de las Comisiones de Presupuesto y Constitucionales para defender el proyecto de creación de la sociedad anónima que implementará la tarjeta de compra y/o créditos para estatales.

En ese marco, adelantó dos importantes decisiones adicionales: el llamado a un reempadronamiento de los denominados “códigos de descuentos” (autorización a gremios, organizaciones y financieras para retener de los haberes aquellas consentidas obligaciones de pagos de los estatales), y la fijación de un límite de esos descuentos, del 50%. Actualmente no hay restricciones, entonces en la crisis los estatales acumulan compromisos y hay salarios con altísimas retenciones. Esta situación incluso generó recientemente un amparo en la Justicia.

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La tarjeta de compra propiamente dicha tiene pocas precisiones. “Todo está por hacerse”, repitió Domingo frente a las consultas de los legisladores. El proyecto prevé la creación de la sociedad anónima, que -según el ministro- tendrá una estructura pequeña. Estimó la efectiva puesta en marcha del sistema en tres a cuatro meses. Ratificó que, en principio, el único financiamiento será de los comercios, aceptando que el mayor interés radicará en los pequeños ya que las cadenas tienen su propia tarjeta. Concentró el mecanismo provincial en el incentivo del comercio local y la garantía al vendedor del cumplimiento del pago por su descuento por recibo, referenciándose en el actual régimen de códigos. Allí adelantó el reempadronamiento de los mismos y los límites para las retenciones.

Los diputados esbozaron posiciones que seguramente se consolidarán hoy en la sesión. El bloque del FpV planteó dudas y críticas. Mario Sabbatella preguntó sobre el impacto en los comercios, Marcelo Mango advirtió del apartamiento de los gremios del mecanismo y, entre otros, Nicolás Rochás alertó de los costos de la sociedad anónima.

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Del oficialismo, la defensa central correspondió al presidente de su bancada, Alejandro Palmieri. Recurrió a una experiencia similar que compartió con el intendente Carlos Soria en Roca en el 2006 cuando crearon un sistema de compra para los municipales al advertir que ese mecanismo tenía el “monopolio” de UPCN, destacando que fue muy beneficioso y posteriormente se hizo extensivo a los “contribuyentes cumplidores”.

Palmieri destacó que la gestión de Martín Soria abandonó el sistema que implementó su padre y volvió a firmar un convenio con UPCN.

Rechazaron un amparo que buscaba limitar los descuentos

La Cámara en lo Laboral de Viedma rechazó recientemente un amparo donde se requería a la Justicia que obligara al gobierno provincial a fijar un límite en las retenciones a los estatales. Fue a partir del caso de un empleado al que se le llegó a descontar el 72% de sus remuneraciones.

El planteo judicial fue presentado por un agente, patrocinado por el abogado Diego Sachetti, y requería que la Función Pública limite los descuentos al 20% de sus salarios brutos. Aludía que el estatal registró una retención de un 72% de la remuneración neta porque “apremiado por una serie de circunstancias personales, contrajo deudas con diferentes entidades crediticias de la localidad y las mismas implicaron que fuera endeudándose cada vez más, para hacer frente a su vez a nuevas deudas”.

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El escrito judicial explicaba que una norma de 1998 exigía ese límite por parte del gobierno pero que nunca se había establecido. Realmente, el gobierno de Pablo Verani emitió el decreto Nº 643/98, reconociendo que “un 70% de los estatales tenían retenciones y era necesario su reglamentación y limitación” porque “ha generado dificultades”, incluso “casos donde los montos por descontar superan el haber mensual del agente”.

Esa discusión exigió la intervención de la Cámara, que rechazó el amparo pero el abogado ya había adelantado su insistencia ante el Superior Tribunal de Justicia.

El gobierno adelantó ahora la limitación del 50%. El amparo -que requería un tope en el 20% de las retenciones voluntarias- planteaba que la “ausencia de regulación por parte del Estado resulta violatoria de la protección del salario”, es decir, los “trabajadores” están “desprotegidos y vulnerados” quién “precisamente esta llamado a dictar las normas para protegerlos”.