Regreso a casa
Siempre y cuando no ocurra nada raro antes, la fragata “Libertad” regresará al país la segunda semana de enero, poniendo fin así a un episodio humillante que no benefició a nadie salvo, tal vez, a los operadores de los fondos buitre. Si bien estos “piratas del siglo XXI” no se quedaron con la fragata, como en cierto momento la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sugirió que podría suceder, no cabe duda de que lograron concretar un golpe de teatro impactante que debería hacer reflexionar a los integrantes de un gobierno que se ha acostumbrado a privilegiar sus propios intereses políticos internos por encima de los del país y que nunca se ha preocupado por los pequeños detalles prácticos. Aunque los funcionarios sabían que los fondos especulativos procurarían aprovechar cualquier oportunidad que se presentara para apoderarse de bienes del Estado y que por lo tanto les convendría mantenerlos fuera de su alcance, decidieron pasar por alto las advertencias de quienes les aconsejaron no arriesgarse enviando la fragata “Libertad” a puertos en que les aguardarían abogados contratados por los “buitres”. Puesto que ningún miembro del gobierno ha reconocido ser responsable de cometer el error de permitir que el buque entrara en el puerto ghanés de Tema, fue elegido para desempeñar el papel de chivo expiatorio el entonces jefe de la Armada, el almirante Carlos Alberto Paz. Por fortuna, luego de intentar convencer a la ciudadanía de que se trataba de otra batalla en la guerra épica entre lo que Cristina llama “el contramodelo” y el resto del mundo, los kirchneristas optaron por dejar que diplomáticos de carrera se encargaran del asunto, lo que hicieron llevándolo al Tribunal Internacional del Mar que falló que, por ser cuestión de un buque de guerra a pesar de no haber sido registrado como tal, la fragata no podría ser embargada. Así y todo se informa que, para minimizar el riesgo de que haya más malentendidos de este tipo, el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, ha decidido limitar los viajes próximos del buque insignia de la Armada a países de América del Sur. Es que los fondos buitre, como NML-Elliot Management y Huntlaw Corporate Service, no suelen desanimarse por los muchos reveses que sufren en los tribunales. Su arma principal consiste en su capacidad para esperar años hasta que el gobierno del país que presionan llegue a la conclusión de que sería mejor pactar con ellos que continuar enfrentando juicios engorrosos en lugares como Nueva York en que un juez podría fallar en su contra. Aun cuando el gobierno ganara todas las batallas legales, andando el tiempo el desprestigio causado por el mero hecho de que se vea obligado a emprenderlas puede resultar excesivo. Por cierto, las vicisitudes desafortunadas de la fragata “Libertad” en Ghana, el fallo sorprendente del juez Thomas Griesa y otros incidentes vinculados con el default de diciembre del 2001 han incidido de manera tan negativa en la marcha de la economía nacional, al agravar el aislamiento financiero del país, que sería prematuro cantar victoria. Asimismo, si bien nos ha ayudado el consenso internacional de que tratar a la Argentina con demasiada dureza podría provocar dificultades insuperables en Europa, donde países como Grecia se ven aplastados por deudas que no están en condiciones de honrar y que en consecuencia tendrán que “reestructurar” –es decir caer en default–, a causa de la actitud combativa de Cristina los aliados en potencia han preferido no respaldarla abiertamente. Según la Cancillería, el gobierno quiere que los ghaneses le paguen todos los costos supuestos por la estadía involuntaria de la fragata “Libertad” en un muelle del puerto de Tema. Por su parte, las autoridades portuarias reclaman que la Argentina abone al menos nueve millones de dólares que, dicen, perdieron a causa de la presencia prolongada de la nave. Si no hay un arreglo amistoso, pues, está por iniciarse un conflicto por dinero con un país africano relativamente pobre que podría durar mucho tiempo, ya que es poco probable que los ghaneses acepten resarcir económicamente a la Argentina por todo lo ocurrido, como pretende el canciller Héctor Timerman. Asimismo, conforme al fallo del Tribunal, les corresponde a los dos países involucrados repartir los costos del proceso que acaba de celebrarse.
