Repartir pobreza

Por ser la Argentina un país pobre, cualquier intento de “redistribuir el ingreso” con el propósito de reducir la brecha –la que, según quienes procuran medirla, propende a crecer– entre los millones que viven en la indigencia o al borde de ella y los demás perjudicaría a muchos que ganan relativamente poco. Por cierto, no sería cuestión sólo de despojar a un puñado de plutócratas de sus riquezas o de apropiarse de lo acumulado por “la patria financiera”. A menos que se duplicara el tamaño de la economía nacional, para una franja sustancial de la clase media baja más “justicia social” significaría forzosamente un retroceso muy doloroso. Fue en nombre del sector así supuesto que organizaron el paro nacional de hoy la CGT de Hugo Moyano, la CTA Autónoma y otros sindicatos, incluyendo a la oficialista UOM –cuyos dirigentes optaron por dejar “en libertad de acción” a sus afiliados–. Si bien los obreros representados por Moyano y sus aliados coyunturales se encuentran entre los que, según las pautas populistas, podrían calificarse de privilegiados, ya que sus ingresos, por magros que les parezcan, son superiores a los de por lo menos la mitad de los que trabajan en la economía formal y, desde luego, de quienes dependen de las vicisitudes de la “economía negra”, los sindicalistas hablan como si se tratara de algunos pobres injustamente perseguidos por un gobierno derechista insaciable. Es que, lo mismo que tantos otros, se resisten a reconocer que la Argentina no es un país relativamente opulento que pueda darse ciertos lujos, sino uno cuyo ingreso per cápita es llamativamente inferior a los de Grecia, Portugal y España. A la hora de proponer alternativas, pues, prefieren imaginar que los recursos disponibles son decididamente mayores que los efectivamente existentes. Los sindicalistas y políticos que están liderando la cruzada contra Ganancias no son “liberales” desalmados convencidos de que los impuestos son intrínsecamente malos. Por el contrario, virtualmente todos se creen muy pero muy solidarios, razón por la que se afirman a favor de mantener las asignaciones familiares y los subsidios de diverso tipo que el gobierno kirchnerista o sus antecesores han introducido, además de profundizar otras medidas presuntamente destinadas a hacer de la Argentina un país menos desigual. Felizmente para ellos, no les preocupan las contradicciones. Si bien, con muy escasas excepciones, se oponen a que los asalariados que más perciben se vean obligados a aportar una parte de los fondos necesarios, no les interesa preguntarse de dónde saldría el dinero necesario para impedir que el precario sistema benefactor que se ha improvisado deje de ser viable. Si se sienten constreñidos a explicar lo que harían para recaudar dinero luego de abolir Ganancias, dan a entender que el campo, las empresas más eficaces y el sector financiero deberían ser plenamente capaces de suministrarle al Estado todo cuanto precisaría para continuar gastando en programas sociales. Aunque la mayoría sabe que aumentar todavía más la presión impositiva sobre lo que es, al fin y al cabo, la parte productiva de la economía nacional tendría consecuencias decididamente negativas, se resiste a entrar en detalles. Sería legítimo argüir que reducir drásticamente la presión tributaria serviría para reactivar primero el consumo y después la economía, ya que enseguida desembarcarían centenares de inversores deseosos de aprovechar las oportunidades que pronto se multiplicarían, lo que andando el tiempo beneficiaría a todos, pero aun cuando una estrategia de tal tipo brindara los resultados previstos, ponerla en marcha supondría la eliminación de buena parte del gasto social. De triunfar la tesis reivindicada por sindicalistas como Moyano y por aquellos políticos que, como Mauricio Macri y Sergio Massa, se han comprometido a asegurar que “a partir de diciembre ningún trabajador pagará Ganancias”, los sectores más pobres sufrirían un golpe muy duro. ¿Es lo que se han propuesto quienes han hecho de la oposición a Ganancias una de sus principales banderas? Claro que no. Viven en un país en que abundan los recursos financieros, de suerte que para que haya más justicia social lo único que tendrían que hacer es nivelar hacia arriba, un país que, desafortunadamente para los demás, no se encuentra en ningún mapa.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 31 de marzo de 2015


Por ser la Argentina un país pobre, cualquier intento de “redistribuir el ingreso” con el propósito de reducir la brecha –la que, según quienes procuran medirla, propende a crecer– entre los millones que viven en la indigencia o al borde de ella y los demás perjudicaría a muchos que ganan relativamente poco. Por cierto, no sería cuestión sólo de despojar a un puñado de plutócratas de sus riquezas o de apropiarse de lo acumulado por “la patria financiera”. A menos que se duplicara el tamaño de la economía nacional, para una franja sustancial de la clase media baja más “justicia social” significaría forzosamente un retroceso muy doloroso. Fue en nombre del sector así supuesto que organizaron el paro nacional de hoy la CGT de Hugo Moyano, la CTA Autónoma y otros sindicatos, incluyendo a la oficialista UOM –cuyos dirigentes optaron por dejar “en libertad de acción” a sus afiliados–. Si bien los obreros representados por Moyano y sus aliados coyunturales se encuentran entre los que, según las pautas populistas, podrían calificarse de privilegiados, ya que sus ingresos, por magros que les parezcan, son superiores a los de por lo menos la mitad de los que trabajan en la economía formal y, desde luego, de quienes dependen de las vicisitudes de la “economía negra”, los sindicalistas hablan como si se tratara de algunos pobres injustamente perseguidos por un gobierno derechista insaciable. Es que, lo mismo que tantos otros, se resisten a reconocer que la Argentina no es un país relativamente opulento que pueda darse ciertos lujos, sino uno cuyo ingreso per cápita es llamativamente inferior a los de Grecia, Portugal y España. A la hora de proponer alternativas, pues, prefieren imaginar que los recursos disponibles son decididamente mayores que los efectivamente existentes. Los sindicalistas y políticos que están liderando la cruzada contra Ganancias no son “liberales” desalmados convencidos de que los impuestos son intrínsecamente malos. Por el contrario, virtualmente todos se creen muy pero muy solidarios, razón por la que se afirman a favor de mantener las asignaciones familiares y los subsidios de diverso tipo que el gobierno kirchnerista o sus antecesores han introducido, además de profundizar otras medidas presuntamente destinadas a hacer de la Argentina un país menos desigual. Felizmente para ellos, no les preocupan las contradicciones. Si bien, con muy escasas excepciones, se oponen a que los asalariados que más perciben se vean obligados a aportar una parte de los fondos necesarios, no les interesa preguntarse de dónde saldría el dinero necesario para impedir que el precario sistema benefactor que se ha improvisado deje de ser viable. Si se sienten constreñidos a explicar lo que harían para recaudar dinero luego de abolir Ganancias, dan a entender que el campo, las empresas más eficaces y el sector financiero deberían ser plenamente capaces de suministrarle al Estado todo cuanto precisaría para continuar gastando en programas sociales. Aunque la mayoría sabe que aumentar todavía más la presión impositiva sobre lo que es, al fin y al cabo, la parte productiva de la economía nacional tendría consecuencias decididamente negativas, se resiste a entrar en detalles. Sería legítimo argüir que reducir drásticamente la presión tributaria serviría para reactivar primero el consumo y después la economía, ya que enseguida desembarcarían centenares de inversores deseosos de aprovechar las oportunidades que pronto se multiplicarían, lo que andando el tiempo beneficiaría a todos, pero aun cuando una estrategia de tal tipo brindara los resultados previstos, ponerla en marcha supondría la eliminación de buena parte del gasto social. De triunfar la tesis reivindicada por sindicalistas como Moyano y por aquellos políticos que, como Mauricio Macri y Sergio Massa, se han comprometido a asegurar que “a partir de diciembre ningún trabajador pagará Ganancias”, los sectores más pobres sufrirían un golpe muy duro. ¿Es lo que se han propuesto quienes han hecho de la oposición a Ganancias una de sus principales banderas? Claro que no. Viven en un país en que abundan los recursos financieros, de suerte que para que haya más justicia social lo único que tendrían que hacer es nivelar hacia arriba, un país que, desafortunadamente para los demás, no se encuentra en ningún mapa.

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