Respaldo a una defensa autónoma

Desde la Asociación de la Defensa de la República Argentina -Adepra- se insiste en la necesidad que el nuevo Código Procesal Penal de Río Negro incluya la autonomía de la Defensoría General.

El presidente de esta entidad, Fernando Lodeiro, manifestó su satisfacción en relación a lo señalado por el gobernador, Alberto Weretilneck, en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura respecto de su apoyo a la reforma del Código.

Lodeiro se mostró esperanzado al recordar que hace unos días desde la comisión interpoderes se pidió una copia del proyecto elaborado por los defensores.

Recordó también que “estuvimos en Viedma hace un par de semanas pidiendo entrevistas y una reunión de nuestra comisión para que la reforma sea aprobada con la independencia de la Defensa”.

En este sentido sostuvo que esa solicitud “no es una cuestión solamente en Río Negro sino un movimiento que se está dando en varias provincias a la vez. Por eso creemos necesario que sea aprobado en la jurisdicción rionegrina, sobre todo en el marco de la reforma del Código Procesal Penal en la que se trabaja”.

Lodeiro detalló que en las provincias donde las defensorías dependen de los fiscales o del Procurador General “no es posible tener una política común entre fiscales y defensores porque son funciones muy distintas unas y otras y el choque es inevitable”.

En referencia a otras provincias puntualizó que recientemente fue sancionado la autonomía en Tucumán, mientras que en Mendoza se está designando a la nueva defensora que salió también por Ley y Santiago del Estero hace un par de meses que tiene Defensora General.

“Varias son las provincias que en estos dos últimos años –entre ellas Chaco Jujuy– que fueron adoptando el modelo de autonomía para la Defensoría, la mayoría a raíz de la reforma del Código Procesal Penal. Se hace muy evidente que no pueden tener el mismo jefe”. En ese marco sostuvo que “si bien en Río Negro existe la figura de la Defensoría General depende de la Procuración General, allí hay conflictos que no se pueden superar y en los que hemos estado ayudando, justamente, por la falta de autonomía, por depender de (la Procuración)”.

A modo de ejemplo de esa situación recordó que “en Río Negro la Defensoría General tenía muy buena acción en el interior con defensores que viajaban a los pueblos alejados y esto se cortó por falta de fondos y otros motivos. Pero, en definitiva, se traduce en una falta de apoyo de la política que es salir y defender a la gente. Esa es la consecuencia de no tener autonomía, de decidir cuál es la mejor manera de defender a la gente porque la decisión última es del Procurador General”.

Adepra recordó hace poco que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido cinco Resoluciones instando a la plena autonomía de la Defensa Pública como factor imprescindible para el efectivo y eficaz acceso a la justicia de los sectores más vulnerables, de obligatorio cumplimiento para los Estados.

El argumento es que, con la reforma, fiscales y defensores tendrán tareas muy distintas y contrapuestas, y terminarán en un “conflicto inevitable”.