Reussi pide más información para ampliar la causa Flavors

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VIEDMA (AV)- En la misma resolución en que procesó a los ex ministros Pablo Verani, Alfredo Pega y Cristina Uría, a la actual titular de Salud Pública, Adriana Gutiérrez y a los empresarios Javier Matas, Daniel Fernández y Máximo Vicchi por la causa “Flavors”, el juez Carlos Reussi ordenó nuevas pericias, declaraciones testimoniales e información para ampliar la ya voluminosa investigación de la compra y distribución de alimentos preelaborados para los planes nutricionales.

El expediente fue recaratulado como “Pega, Alfredo Daniel y otros s/defraudación contra la administración pública”. En ese marco se citará a testimonial a la asesora legal del Ministerio de Hacienda, Cecilia Escuer, y al abogado y candidato a intendente de Patagones, Leandro Merlo Ezcurra. Se convocó como testigo también al director de Industria del Ministerio de la Producción, aunque no consignó si es el actual, Fabio Solaimán, o quien ocupaba el cargo entonces.

El juez requirió además una pericia de un ingeniero en alimentos que determine el valor nutritivo de la leche licitada para compararla con la efectivamente entregada, la diferencia de costos entre el precio de la leche de acuerdo a las especificaciones del pliego y los rótulos de las cajas y el precio de la efectivamente entregada por el proveedor (según los valores técnicos determinados en laboratorio), el valor de los productos con similares del mercado y el eventual perjuicio patrimonial resultante de la maniobra.

Citó como testigo también al responsable del equipo auditor del Tribunal de Cuentas, por medidas practicadas desde ese organismo en torno a las licitaciones por las que se comprometió la adquisición de los alimentos.

En tanto, Reussi pidió oficios a las empresas aseguradoras –entre ellas Horizonte– que dieron avales para la presentación de Flavors en las licitaciones y convocará a quienes fueron secretarias privadas de los Ministerios de Hacienda, Familia y Salud Pública.

Reussi procesó a los ex ministros por “defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, en perjuicio de una administración pública”, por la provisión de alimentos que no reunían la calidad pactada, como galletitas con alambres o alimentos adulterados. En sus conclusiones, advirtió que una pericia cuantificará el perjuicio pero entendió que es evidente el “detrimento patrimonial al Estado, que contrató con una firma sin la solvencia acreditada, que pagó por bienes y servicios no prestados en los términos convenidos, y que renunció a percibir impuestos que estaban a su alcance”. Compartió así el criterio de la denunciante –la ex defensora del Pueblo Ana Piccinini– y de la fiscal de la causa, Daniela Zágari.

Reussi ordenó una pericia para determinar la calidad de la leche entregada y su valor nutricional.