Revés judicial para Roca y Viedma

La Justicia provincial rechazó esta semana el pedido realizado por los municipios de Roca y Viedma para lograr la pesificación «uno a uno» de los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del gobierno rionegrino.

De esta manera, sólo una instancia en el Superior Tribunal de Justicia queda para ambas comunas. En caso de resultar desfavorable, el paso siguiente sería el colapso financiero porque deberían responder a los compromisos asumidos mediante la cotización de la divisa norteamericana en el mercado libre.

Sendas resoluciones fueron emitidas por la Cámara Laboral de Viedma en los últimos días, rechazando la acción presentada por los municipios.

Allí se consideró que la vía de amparo es «improcedente» y en consecuencia quedaron sin efectos las medidas cautelares resueltas semanas atrás, que permitían hasta ahora descontar las cuotas de los créditos a través del «uno a uno», como fueron negociados originalmente.

Entre los argumentos que plantea el juez Ricardo Aguirrezabala figura que la vía del amparo es «francamente improcedente» para tratar el pleito porque no permite la apertura suficiente para examinar todas las pruebas, por ser un tema demasiado amplio.

Pide además que se levante la medida cautelar librada poco tiempo después del momento de la petición.

Según entendieron funcionarios de la comuna roquense, «el juez nos da la razón pero dice que el amparo no es el carril por el que debe presentarse el reclamo».

Lo que no cayó del todo bien en el Ejecutivo a cargo de Ricardo Sarandría fue una presentación del gobierno provincial ante la Cámara, que -según informaron fuentes del municipio- intentó declarar incompetente a Aguirrezabala ante los amparistas, ya que aseguran que el recurso debe hacerse a través de la competencia federal y no provincial, «por encontrarse en juego tratados internacionales con supremacía legal».

Sin embargo, el magistrado se declaró competente para actuar en el tema, por entender que existe un contrato pactado en la jurisdicción de Viedma, lo que lo habilita para proceder en la cuestión.

Así fue que justificó la petición de los municipios, por tratarse de un problema contractual y porque no son responsables de las políticas macroeconómicas implementadas a principios de año, y que eran «imposibles de prever al firmarse los acuerdos», pero al mismo tiempo no hizo lugar a la acción de amparo y dejó sin efecto la medida cautelar, considerando que la vía para resolver el conflicto debe ser a través de un juicio común, por tratarse de una situación muy compleja.

A partir de las notificaciones, los asesores legales y técnicos de los municipios de Roca y Viedma presentaron el miércoles en forma paralela sus demandas ante el Superior Tribunal de Justicia, y se encuentran a la espera de una determinación de parte del máximo cuerpo judicial.

Por otra parte, un grupo de legisladores se encuentra estudiando la posibilidad de declarar de interés social, económico e institucional que las autoridades correspondientes dispongan la pesificación 1 a 1 de los créditos. (AR)