Río Negro resigna miles de pesos a manos de una empresa de Roca

A pesar de contar con técnicos en el Estado y haber firmado seis años atrás un convenio con una ong que garantiza servicios a bajo costo, el gobierno rionegrino acaba de ceder a una empresa privada de Roca la gestión de cobro de servidumbres y daños a las petroleras que tienen explotaciones sobre tierras fiscales.

Los beneficiados con la decisión son conocidos profesionales de la ciudad ligados al radicalismo y sus ganancias se contarán en miles de pesos, porque el Ejecutivo provincial aceptó que se queden con el 17 por ciento de todo lo que paguen las firmas u organismos públicos que aprovechen inmuebles del fisco para su actividad.

El decreto que avala la operación es el 227/05 y fue firmado por el gobernador Miguel Saiz el 11 de marzo pasado.

La adjudicada para la prestación fue la empresa Profesionales Patagónicos Asociados SRL, cuyos titulares son Orlando Moreno y Hugo Mortada, integrantes del Consejo de Planificación del municipio roquense hasta mayo del año pasado.

Los dos técnicos habían ingresado a la comuna cuando el propio Saiz era intendente e incluso Mortada trabajó en el estudio jurídico del ahora gobernador. La foja de antecedentes del abogado también menciona que fue miembro del Comité local de la UCR.

Pues bien, ahora se sabe que la «etapa cumplida» argumentada a mediados de 2004 para desvincularse del municipio no era más que el inicio de otra relación con el Estado, pero provincial.

Es que Moreno y Mortada presentaron el 15 de abril de 2004 un proyecto de iniciativa privada para la gestión d cobro de servidumbres y daños derivados de la actividad hidrocarburífera en tierras fiscales ubicadas en el Departamento General Roca. Cabe acotar que esta zona concentra la inmensa mayoría de las explotaciones gasíferas y petroleras de la provincia.

El círculo cerró el 6 de agosto pasado, cuando se firmó el decreto 919/04 y en función de un dictamen de la Comisión de Iniciativa Privada el gobernador declaró de interés público la propuesta de Profesionales Patagónicos Asociados.

De allí a la cesión final de los derechos hubo un abrir y cerrar de ojos, comparado con la habitual burocracia del Estado.

Se inició el obligatorio proceso de licitación, no se presentó nadie más que la empresa de Roca y el 24 de noviembre del mismo año la preadjudicación era un hecho. Luego llegó el receso veraniego y poco después del reinicio de la actividad fuerte en el gobierno, Saiz y Moreno rubricaron en Viedma el contrato, que garantiza a la firma la exclusividad para la actividad durante los próximos diez años.

Una ong en el medio

Ahora bien, Profesionales Patagónicos Asociados desplazó a una ong para quedarse con el cobro a las petroleras en representación del Estado, que cumplía funciones desde el 17 de mayo de 1999.

Se trata de la Asociación de Superficiarios Patagónicos (Assupa), que no obstante el conocimiento del acuerdo entre el gobierno y la empresa de Roca todavía no fue notificada sobre el cese de sus servicios. Así lo confirmaron su presidente y el tesorero, Ricardo Apis y Juan Carlos Rivas.

En el seno de la entidad sin fines de lucro por estos días hay una sola sensación: cuando en 1994 -reforma de la Constitución mediante- los recursos naturales pasaron a dominio de las provincias, en Río Negro nadie conocía sobre los derechos de los propietarios de tierras que albergan yacimientos y ductos. Ellos sabían cómo hacerlos valer, se encargaron de los primeros acuerdos y ahora imprevistamente sus servicios quedaron al margen.

Razones para sospechar no les faltan. Assupa sólo cobraba por su labor los honorarios de sus profesionales, mientras que ahora el Estado aceptó resignar el 17 por ciento de las ganancias.

Este diario intentó obtener la palabra del Ejecutivo du

rante los últimos días, pero luego de informar al ministro de Coordinación, César Barbeito, el motivo de la entrevista, fue imposible volver a hallarlo.

La pregunta inevitable a esta altura es de cuánto dinero estamos hablando.

Los datos totales escasean, pero hay cifras que permiten inferir el excelente negocio que hizo Profesionales Patagónicos Asociados.

Sólo la compañía petrolera Mega SA, que administra el complejo de Loma de la Lata, aceptó pocos meses atrás pagarle a la provincia 6,7 millones de dólares en concepto de daños y 9.500 dólares mensuales por servidumbre de paso, ya que sus ductos que van hacia Buenos Aires pasan por Río Negro.

Assupa informó que previo a ello gestionó acuerdos con Enargas, Transportadora Gas del Norte, Camuzzi Gas del Sur, Pioneer, Alpat, Transportadora Gas del Sur, Transener y Petrolera del Comahue.

Todas estas firmas u organismos pagaron un monto inicial, pero deben seguir afrontando sumas mensuales o anuales en concepto servidumbre, que ahora serán cobradas por la empresa de Moreno y Mortada.

Es más, el proceso tiene algunas «perlitas». Por ejemplo que el acuerdo con Mega por los 6,7 millones de dólares se firmó en 1999, pero luego de la caída de la convertibilidad el pago quedó trabado.

Assupa reencauzó las negociaciones el año pasado y arribó a otro entendimiento con la petrolera, pero misteriosamente desde el gobierno dejaron de contestar las comunicaciones formales de la ong.

¿Nadie quería cobrar semejante suma de dinero?

En Assupa todavía no tienen respuestas, pero temen que el cobro haya sido la primera gestión de la firma privada de Roca.

Si no fue así, en algún momento la percepción se hará efectiva. Moreno y Mortada habrán ganado entonces una suma cercana a 1.150.000 dólares.

Hugo Alonso

halonso@rionegro.com.ar

Qué dice el contrato

El acuerdo firmado entre el gobernador Miguel Saiz y Profesionales Patagónicos Asociados SRL garantiza que por diez años nadie más que la firma de Roca podrá sentarse a negociar con la petroleras y otras empresas que tengan bienes o intereses sobre tierras fiscales del Departamento General Roca.

Como contrapartida del 17 por ciento de las ganancias que recibirá también se le impusieron otras obligaciones, aunque no muy exigentes. Por ejemplo, deberán realizar relevamientos de información referidos a las tierras donde hay actividad hidrocarburífera, gestionar acuerdos con los ocupantes de tierras fiscales reconocidos por la provincia, colaborar con las gestiones tendientes a la regularización y entrega de títulos de propiedad de esas parcelas y realizar al menos cinco anteproyectos de emprendimientos productivos y/o de desarrollo socioeconómico relacionados con la agricultura y ganadería, para ejecutar en el mismo área de donde provienen los cobros por la servidumbre y daños.

En tanto, un dato importante a tener en cuenta es que Profesionales Patagónicos Asociados no perderá un centavo de su 17 por ciento cuando la tierra fiscal involucrada en la negociación esté ocupada por un tenedor precario.

El convenio dice bien claro en su artículo 7 que primero se realizarán las deducciones de los gastos y honorarios por las gestiones de cobro y luego de se repartirá el excedente: 50 por ciento para el ocupante -al que también le restarán tributos y otros conceptos- y 50 por ciento para financiar o subsidiar los proyectos productivos que deberá diseñar la empresa de Roca.

Negocios redondos

Orlando Moreno, Hugo Mortada y Eduardo Linera anunciaron que dejarían el Consejo de Planificación de Roca en marzo del 2004.

La decisión fue explicada simplemente: «cumplimos una etapa luego de 11 años de tarea». Sin embargo, a esa altura la empresa Profesionales Patagónicos Asociados -propiedad de los dos primeros- tenía oficialmente siete meses de vida y lo más importante: el proyecto listo para quedarse con el cobro de los daños y servidumbres a las petroleras que utilizan tierras fiscales del Departamento General Roca.

En consecuencia, Moreno y Mortada -que el 11 de agosto de 2003 habían inscripto su firma ante el Registro Público de Comercio- avanzaron en la desvinculación del municipio.

Y si estaban a punto de concretar un negocio redondo con la provincia, no fue menos el pacto con la comuna.

Los miembros del Consejo de Planificación accedieron en junio del año pasado a un retiro superior a los 22.000 pesos cada uno.

Bajo el régimen de la Ordenanza 3.464, la indemnización para Mortada fue de 926 pesos por 24 meses, lo que suma 22.224 pesos.

En tanto, Moreno está percibiendo 946 pesos mensuales, hasta cubrir el monto de 22.704 pesos.

Hay que recordar que los técnicos encabezaban el ranking de los sueldos más altos del municipio, percibiendo al momento de su alejamiento sumas superiores a los 3.000 pesos de bolsillo.

También hay que destacar que los tres accedieron a sus cargos por concurso, realizado en diciembre de 1992, durante la gestión de Miguel Saiz como intendente.

En ese momento el abogado del equipo, Mortada, ya era conocido para Saiz. Habían compartido muchas horas de trabajo juntos, ya que el joven profesional se desempeñaba en el estudio jurídico del ahora gobernador, staff del que también formaba parte el actual titular de Viviendas Rionegrinas, Vicente Pili.

«El convenio con Assupa caducó»

«El convenio con Assupa caducó y era sólo para la gestión de cobro de la servidumbre. Nosotros planteamos un proyecto mucho más grande y ambicioso».

De esta manera defendió Hugo Mortada, uno de los dueños de Profesionales Patagónicos Asociados, el acuerdo firmado con la provincia.

El abogado aseguró que «nuestra tarea es más amplia, porque incluye el relevamiento de tierras, desarrollo de proyectos productivos y el control ambiental en los campos».

– Assupa dice que no fue notificada sobre el final de su relación con el Estado.

– Habría que preguntarle al gobierno. Cuando nosotros presentamos el proyecto nos dijeron que ese convenio había sido revocado. Si no fuera así no nos podrían haber contratado.

– ¿Qué pasa con los pactos gestionados por la ong?

– Lo desconozco. Nosotros empezamos a negociar con Repsol YPF, Apache Corporation y otras dos empresas, con las cuales todavía no hubo acuerdos.

– ¿Están al tanto de los 6,7 millones de dólares que aceptó pagar Mega SA y todavía no fueron cobrados?

– No sabría decir qué pasa con ese convenio porque con las cinco transportadoras que hay en Río Negro todavía no empezamos las conversaciones. Habría que consultar a la Subsecretaría de Hidrocarburos.

– ¿El 17 por ciento de ganancias para ustedes cómo fue calculado?

– Fue un monto que propusimos nosotros, a partir de una estimación de los gastos, la parte impositiva y obviamente un margen de rentabilidad. Luego fue aprobado por la provincia.

Mortada advirtió que «el Estado no se queda con ningún fondo, porque el 50 por ciento va a la cuenta de cada ocupante y el otro 50 por ciento se redirecciona hacia un fondo común de desarrollo productivo».

Actualmente todas las tierras fiscales de Río Negro en área de secano están ocupadas, habiéndose registrado alrededor de 150 tenedores precarios en el Departamento General Roca.