Ritmo lento

Según los funcionarios principales de los países desarrollados y de instituciones clave como el FMI, el gobierno del presidente Eduardo Duhalde está avanzando en la «dirección correcta», o sea, está procurando «normalizar» una situación sui géneris que es muy confusa a juicio no sólo de los expertos locales sino también de sus homólogos del resto del mundo. Puede que estén en lo cierto los que consideran adecuado el «rumbo» elegido por Duhalde, pero si bien a partir del inicio de su gestión pocos días han transcurrido sin que hayan surgido nuevas medidas, algunas de las cuales han sido relativamente drásticas, el gobierno parece tan lento que ya es frecuente compararlo con el encabezado por Fernando de la Rúa. Aunque Duhalde es juzgado un hombre que es decididamente menos propenso que su antecesor a vacilar, parece dar por descontado que las dificultades planteadas por la necesidad de complacer a una multitud de sectores políticos, económicos y sociales distintos cuyas exigencias son incompatibles lo obligan a proceder con gran cautela, modificando su curso toda vez que choca contra un interés creado que en su opinión es peligrosamente fuerte. Tal actitud es comprensible, pero sucede que ni el gobierno ni el país pueden darse el lujo de esperar meses o años a que la economía finalmente toque fondo para después iniciar una recuperación. No lo tolerará la ciudadanía cuya paciencia podría agotarse en cualquier momento. Asimismo, mientras dure la sensación de que la Argentina aún no ha encontrado el camino, muchos grupos se verán tentados a intensificar sus esfuerzos por aprovechar las circunstancias en beneficio propio, de este modo agravando el clima de conflictividad.

Desafortunadamente para Duhalde, no bien alcanzó el poder que los votantes le habían negado poco más de dos años antes, descubrió que su «proyecto» era demasiado borroso como para permitirle aplicarlo en el país efectivamente existente. Lo mismo que tantos otros, había acertado al denunciar con vigor las muchas deficiencias del «modelo» híbrido capitalista-corporativo que se había conformado después del estallido hiperinflacionario sin por eso tener una idea clara de lo que podría reemplazarlo. La miopía así supuesta, que es característica del grueso de la clase política nacional, puede atribuirse a la resistencia a entender que el aporte al desastre del populismo clientelar había sido mayor que aquel de los practicantes del capitalismo de rapiña que siempre florece en sociedades profundamente corruptas en las que la seguridad jurídica es una expresión hueca sin ningún sentido real. Por lo tanto, una reforma económica adecuada tendría que verse acompañada por otra política y administrativa que fuera igualmente ambiciosa porque sin ella ningún paquete de medidas, por espectaculares que éstas fueran, produciría más que algunos cambios superficiales.

Antes de trasladarse a la Casa Rosada, Duhalde era considerado un populista típico y mal que le pese su «imagen» internacional no ha mejorado mucho. No es que haya tomado medidas destinadas a ayudar a los pobres sin preocuparse por las consecuencias, es que al igual que la mayoría de los populistas brinda la impresión de estar resuelto a seguir empleando una retórica presuntamente progresista mientras que se dedica a defender los intereses de una minoría política, sindical y económicamente privilegiada. Se trata de una estrategia que es tradicional en América Latina, pero ya no es viable: además de haber sumido en la miseria a la mitad de la población, la inoperancia del sistema que se ha creado a través de los años está ocasionando la depauperación del grueso de la otra mitad. Así, pues, es urgente que el gobierno «tome el toro por las astas», para utilizar su metáfora favorita, enfrentando no sólo al «poder financiero» que de todos modos ha sufrido una derrota dolorosa que la sociedad en su conjunto pagará durante mucho tiempo, sino también al poder corporativo que se ve encarnado no tanto por los partidos políticos como tales cuanto por el Estado que han colonizado, subordinándolo a sus propias prioridades, privando de tal forma a la sociedad de lo que en todas las naciones avanzadas es un instrumento administrativo, y por lo tanto gubernamental, que es absolutamente fundamental.