Rodrigazo energético

Redacción

Por Redacción

Atrapado entre la espada de la reacción previsiblemente airada de los usuarios porteños y la pared de la dura realidad económica, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere federalizar las tarifas eléctricas para que todos paguen más o menos lo mismo. En principio, se trata de una muy buena idea, ya que es claramente absurdo que quienes viven en la capital federal o en zonas prósperas del Gran Buenos Aires abonen seis veces menos que un cordobés o santafesino. Asimismo, si la “justicia social” tuviera algo que ver con las disparidades enormes que existen, los privilegiados no serían los porteños, que según las pautas locales tienen ingresos satisfactorios, sino los habitantes de provincias paupérrimas como Santiago del Estero. Sin embargo, en términos prácticos racionalizar las tarifas planteará al gobierno una multitud de problemas difíciles. Aun cuando sólo fuera cuestión de un ajuste relativamente menor, del 20% digamos, los abogados de las aguerridas asociaciones de consumidores se encargarían de probar que las pretensiones oficiales son jurídicamente inaceptables, como ya han hecho en circunstancias parecidas para frenar ajustes anteriores. Pero, claro está, los aumentos que seguirían a una reducción drástica de los subsidios, y ni hablar de su eventual eliminación, serían llamativamente mayores, del 700 o el 800%. ¿Serían suficientes? Puede que no; en Uruguay la electricidad cuesta 16 veces más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de más de una década de precios divergentes entre zonas consideradas políticamente sensibles y otras, incluyendo las más pobres, que los kirchneristas creían ya irremediablemente perdidas, ya de lealtad peronista a prueba de cualquier calamidad económica, el gobierno ha apostado a la convergencia. A juzgar por los números, no tiene más opción. Los subsidios energéticos han alcanzado un volumen tan enorme que para el Estado será imposible soportar el peso resultante por mucho tiempo más, razón por la que el gobierno quiere que los usuarios pongan el hombro, pero a los acostumbrados a pagar monedas por lo que consumen no les gustará para nada tener que hacerlo. Muchos podrían achacar la decisión oficial de ir recortando las tarifas a la presunta voluntad de Cristina de castigar a quienes votaron por candidatos opositores en las elecciones legislativas del año pasado, lo que brindaría a quienes se sientan agredidos un buen pretexto para sumarse a las marchas de protesta callejeras que se multiplicarán en los meses próximos. Para complicar todavía más la situación que el congénitamente miope gobierno kirchnerista ha creado, el ajuste energético que a esta altura parece inevitable hará aún más dolorosa la recesión –la que se ve agravada por una tasa de inflación que está entre las más altas del mundo–, que ya ha comenzado y que amenaza con ser brutal. Hubiera sido más lógico que el gobierno desmantelara el sistema enmarañado de subsidios politizados cuando la economía crecía a un ritmo vigoroso, pero no lo hizo por suponer que no sería de su interés arriesgarse tomando medidas “ortodoxas” a fin de ahorrarse disgustos en el futuro. Aunque siempre fue de prever que, tarde o temprano, resultaría insostenible el régimen de subsidios que adoptó Néstor Kirchner cuando “construía poder”, el gobierno se negó a entenderlo hasta que el estado de la economía lo obligara a reconocer que se había metido en un callejón sin ninguna salida fácil. Así, pues, los porteños y sus vecinos bonaerenses están por sufrir un fuerte golpe en el bolsillo justo cuando su poder de compra, que en la mayoría de los casos es exiguo, está cayendo con rapidez desconcertante. Para atenuar los costos políticos, miembros del gobierno y las bandas de militantes que lo respaldan se han puesto a hablar pestes de la empresas distribuidoras, acusándolas de hacer causa común con los supermercadistas, banqueros y otros enemigos del pueblo, pero es poco probable que muchos perjudicados se dejen convencer por las diatribas oficiales. Antes bien, la mayoría culpará al gobierno por el tarifazo que pronto tendrá que enfrentar sin manifestar gratitud alguna por los años en que se habituaba a recibir energía virtualmente regalada, ya que pagaba sólo una pequeña fracción de lo que costaba.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Domingo 23 de febrero de 2014


Atrapado entre la espada de la reacción previsiblemente airada de los usuarios porteños y la pared de la dura realidad económica, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere federalizar las tarifas eléctricas para que todos paguen más o menos lo mismo. En principio, se trata de una muy buena idea, ya que es claramente absurdo que quienes viven en la capital federal o en zonas prósperas del Gran Buenos Aires abonen seis veces menos que un cordobés o santafesino. Asimismo, si la “justicia social” tuviera algo que ver con las disparidades enormes que existen, los privilegiados no serían los porteños, que según las pautas locales tienen ingresos satisfactorios, sino los habitantes de provincias paupérrimas como Santiago del Estero. Sin embargo, en términos prácticos racionalizar las tarifas planteará al gobierno una multitud de problemas difíciles. Aun cuando sólo fuera cuestión de un ajuste relativamente menor, del 20% digamos, los abogados de las aguerridas asociaciones de consumidores se encargarían de probar que las pretensiones oficiales son jurídicamente inaceptables, como ya han hecho en circunstancias parecidas para frenar ajustes anteriores. Pero, claro está, los aumentos que seguirían a una reducción drástica de los subsidios, y ni hablar de su eventual eliminación, serían llamativamente mayores, del 700 o el 800%. ¿Serían suficientes? Puede que no; en Uruguay la electricidad cuesta 16 veces más que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de más de una década de precios divergentes entre zonas consideradas políticamente sensibles y otras, incluyendo las más pobres, que los kirchneristas creían ya irremediablemente perdidas, ya de lealtad peronista a prueba de cualquier calamidad económica, el gobierno ha apostado a la convergencia. A juzgar por los números, no tiene más opción. Los subsidios energéticos han alcanzado un volumen tan enorme que para el Estado será imposible soportar el peso resultante por mucho tiempo más, razón por la que el gobierno quiere que los usuarios pongan el hombro, pero a los acostumbrados a pagar monedas por lo que consumen no les gustará para nada tener que hacerlo. Muchos podrían achacar la decisión oficial de ir recortando las tarifas a la presunta voluntad de Cristina de castigar a quienes votaron por candidatos opositores en las elecciones legislativas del año pasado, lo que brindaría a quienes se sientan agredidos un buen pretexto para sumarse a las marchas de protesta callejeras que se multiplicarán en los meses próximos. Para complicar todavía más la situación que el congénitamente miope gobierno kirchnerista ha creado, el ajuste energético que a esta altura parece inevitable hará aún más dolorosa la recesión –la que se ve agravada por una tasa de inflación que está entre las más altas del mundo–, que ya ha comenzado y que amenaza con ser brutal. Hubiera sido más lógico que el gobierno desmantelara el sistema enmarañado de subsidios politizados cuando la economía crecía a un ritmo vigoroso, pero no lo hizo por suponer que no sería de su interés arriesgarse tomando medidas “ortodoxas” a fin de ahorrarse disgustos en el futuro. Aunque siempre fue de prever que, tarde o temprano, resultaría insostenible el régimen de subsidios que adoptó Néstor Kirchner cuando “construía poder”, el gobierno se negó a entenderlo hasta que el estado de la economía lo obligara a reconocer que se había metido en un callejón sin ninguna salida fácil. Así, pues, los porteños y sus vecinos bonaerenses están por sufrir un fuerte golpe en el bolsillo justo cuando su poder de compra, que en la mayoría de los casos es exiguo, está cayendo con rapidez desconcertante. Para atenuar los costos políticos, miembros del gobierno y las bandas de militantes que lo respaldan se han puesto a hablar pestes de la empresas distribuidoras, acusándolas de hacer causa común con los supermercadistas, banqueros y otros enemigos del pueblo, pero es poco probable que muchos perjudicados se dejen convencer por las diatribas oficiales. Antes bien, la mayoría culpará al gobierno por el tarifazo que pronto tendrá que enfrentar sin manifestar gratitud alguna por los años en que se habituaba a recibir energía virtualmente regalada, ya que pagaba sólo una pequeña fracción de lo que costaba.

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