Sansuerro repartió culpas para defenderse

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César Izza

Carlos Iturburu y Carlos Sansuerro llegaron custodiados por personal penitenciario pero no esposados. Están detenidos desde diciembre del 2011.

ROCA.- Carlos Sansuerro evitó las respuestas que podían complicarlo y se encogió de hombros varias veces, pero no se privó de repartir culpas ayer, en la primera jornada del juicio oral y público que lo tiene como acusado de 101 hechos de estafa y 15 casos de administración fraudulenta con los planes de viviendas que impulsó el Sindicato de Trabajadores Viales en Roca cuando él era secretario general.

El membrete de la entidad y su sello personal están en los contratos que presentaron a la justicia todos los damnificados, pero él aseguró que “no firmé nada” y que no es su firma la que aparece en esos documentos. Dijo que “seguramente” fue Carlos Iturburu, su consorte de causa y con quien comparte la cárcel desde diciembre de 2011, quien falsificó su firma “en el apuro, por la necesidad habitacional que tenía toda esta gente”. Dijo que fue un error, que el expresidente de la Cooperativa House Vial –a quien durante años lo unió un vínculo familiar por ser hijo de su exmujer– “se equivocó”, pero que actuó “de buena fe”, basándose en el contrato de locación de servicios por el cual el sindicato había encomendado a House Vial la gestión y administración de todo lo referido al plan de las 167 Viviendas de Roca.

Iturburu no pudo declarar ayer por lo avanzado de la hora. Se defenderá hoy, a partir de las 8:30, en lo que se anticipa como una extensa declaración indagatoria que brindará ante los jueces de la Cámara Criminal Segunda.

Los damnificados no hicieron sus habituales protestas en las puertas de Tribunales. Tampoco participaron del juicio como público, aunque esto último se debe a que están citados entre los 117 testigos convocados y no pueden presenciar las audiencias hasta no prestar sus respectivos testimonios.

Sólo seis de los 101 damnificados por la sobreventa de lotes del plan de la calle Bermejo decidieron constituirse en querellantes y ayer fueron representados por los abogados Celia Delgado y Marcelo Hertzriken Velasco. El abogado Ariel Balladini, por su parte, interviene como querellante en defensa de los intereses del sindicato, que también se considera víctima de Sansuerro e Iturburu.

El exsindicalista responsabilizó además al IPPV por las 15 adjudicaciones presuntamente irregulares del plan de 20 casas que terminó el sindicato en 2006. Como esas viviendas se adjudicaron a personas que no eran de “la familia Vial”, como se comprometió en el convenio, sino a personas allegadas a altos funcionarios del gobierno radical, a Sansuerro e Iturburu se los acusó de “administración fraudulenta”. Pero ayer el imputado derivó la acusación al exinterventor del IPPV, Vicente Pili, y a los exfuncionarios Aurora Isla y Gustavo Otero. Los dos primeros están procesados en un expediente conexo a esta misma causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público.

Al respecto Sansuerro dijo que el IPPV seleccionó a los beneficiarios, sin consulta al sindicato; que Iturburu no tuvo intervención alguna en ese plan y que la entidad sindical sólo actuó en la convocatoria de los aspirantes y el armado de los legajos de los postulantes que fueron remitidos a Viedma. Afirmó finalmente que la inscripción se abrió a “privados” porque no se inscribieron suficientes “viales”.

Sin embargo, el procesamiento recalca que varios empleados de Vialidad –o hijos de éstos– que cumplían todos los requisitos impuestos por el IPPV no recibieron casa y fueron desplazados por adjudicatarios afines al gobierno, entre los que había un cuidador de caballos de carrera y empleados de otras reparticiones públicas.

En cuanto al plan de las 167 casas –que hoy se encuentra en parte usurpado y el resto en construcción– dijo que ni él ni el sindicato recibieron dinero de las ventas de lotes, pues todo lo administró House Vial. Aseguró que su trabajo era controlar que la cooperativa contratada rindiera cuentas de su gestión al final del proceso, pero que no pudo hacerlo porque apenas comenzó la investigación “vino la fiscal (Elsa) Alasino, allanó las oficinas y se llevó todo, papeles, legajos, recibos y computadoras… no se llevó los escritorios porque no le cabían en la camioneta”, ironizó. Según Sansuerro, esa acción judicial (de junio de 2010), más la demora en la construcción de las casas (por la que acusó al IPPV) y el posterior cambio de gobierno “que embarulló todo”, fueron los factores por los que “no se alcanzó a cumplir con lo pactado” y son la razón por la que él se considera exento de responsabilidad en esta causa. (Redacción Central)

Presuntas estafas con planes de viviendas