Saqueos en Bariloche: para la defensa, es “una causa política”

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BARILOCHE (AB).- La abogada Marina Schifrin, que defiende a los cinco imputados en la causa por los saqueos en el supermercado Changomas de esta ciudad, cuestionó el fallo de la Cámara Criminal Segunda que declaró la nulidad de la requisitoria fiscal de elevación a juicio. “Esto es todo nulo desde el principio y como defensa lo venimos diciendo”, indicó Schifrin. Sostuvo que “fue una causa política y se persiguió a esta gente, que tiene que ver con los sectores más vulnerables”. Recordó que estuvieron ocho meses detenidos. “Son ellos (por la fiscalía) los que ahora no pueden sostener la acusación en el juicio. Son ellos los que se van”, señaló. Es un escándalo”, enfatizó Schifrin. Los jueces Gregor Joos, César Lanfranchi y Héctor Leguizamón Pondal hicieron lugar al pedido de nulidad que el fiscal Sergio Pichetto presentó contra su propia requisitoria de elevación a juicio. En consecuencia, la causa retornó a la instrucción y el juicio no se hará en el corto plazo. Pichetto hizo el pedido luego de que el fiscal de cámara Martín Lozada planteara su desacuerdo con la requisitoria porque el hecho atribuido a los imputados era impreciso y no estaba determinado el rol que cumplió cada uno, vulnerando el derecho de defensa. A los imputados Miguel “El Mohicano” Mansilla, José Paredes, Haydeé Grande, Gisel Poblete y Catalina Lineros, los acusan por los saqueos del 20 de diciembre de 2012 en el súper. Para el fiscal, actuaron en convergencia intencional con 20 personas que, con la intervención de Mansilla y Paredes, líderes de la cooperativa 1º de Mayo, iniciaron los saqueos. Se los acusó de robo agravado, amenazas y del uso de arma impropia (piedras). Los saqueos en Changomas fueron una dolorosa postal que mostró a Bariloche en todo el país. El desborde social que generó se replicó en otros puntos del país. Hasta la presidenta Cristina Fernández criticó los hechos y responsabilizó a sectores gremiales y políticos. Una profunda crisis institucional en Bariloche finalizó con la destitución del exintendente Omar Goye. El gobierno provincial presionó para que hubiera detenidos, reconocieron fuentes oficiales. Hubo allanamientos, secuestro de mercadería, autos y las filmaciones fueron la piedra angular de la acusación. En enero de 2013 se ordenó la detención de los cinco sospechosos, que fueron liberados en septiembre de ese año por otro juez.