Se manifestaron y cortaron la calle antes de prestar declaración

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Una nueva tanda de declaraciones indagatorias comenzó hoy para algunos referentes de los comedores municipales de Cipolletti, quienes están actualmente acusados de coacción agravada y amenazas a funcionarios públicos.

En el marco de las declaraciones indagatorias que se tomaron hoy, el Frente Popular Darío Santillán convocó a una manifestación que comenzó al mediodía de hoy, a la cual se sumaron diferentes organizaciones y agrupaciones de derechos humanos. La caravana recorrió la calle Yrigoyen mientras se dirigieron hacia el edificio del Poder Judicial, realizando un corte de calle en la calle España, afectando al dicho organismo.

Al respecto, la defensora de los imputados, Victoria Naffa, explicó que “la denuncia fue promovida por el intendente Tortoriello y su hermano”, ante lo que “la posición de la organización (por el Fte. Popular Darío Santillán) es que la manifestación fue pacifica y que no se bloqueó ningún acceso de vehículos en la empresa” (de la cual es propietario el intendente). Además resaltó que “los tres prestaron declaración” en la audiencia de hoy.

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Además, Naffa contó que la fiscalía ofreció un acuerdo, pero que decidieron negarse ya que consideraron que “no hay delito” y que “lo que corresponde es el sobreseimiento”. En ese sentido afirmó que están esperando que el organismo se expida a fin de “dejar un precedente para que las protestas no sean criminalizadas” en el futuro. La semana próxima esperan novedades al respecto.

Luego de varias cancelaciones y de una gran confusión en torno a la postura que adoptaría el municipio, hoy declararon tres imputados en dicha causa, la cual tuvo su origen durante las protestas que se dieron a principios de año, cuando se le reclamó al intendente Aníbal Tortoriello por fondos e insumos para algunos comedores comunitarios que funcionan en barrios de la ciudad.

Asimismo, también expresaron el repudio al uso de datos confidenciales que surgieron de la Asistencia Social, para identificarlos como parte de dichos movimientos. En ese sentido aseguraron que los datos habrían salido de informes socioambientales, que fueron realizados por los mismos trabajadores sociales municipales, lo cual viola la confidencialidad de las entrevistas.

Es importante resaltar que los delitos que enfrentan los referentes que prestarán declaración hoy implican penas con prisión efectiva que van de los 5 a 10 años.