“Se reitera el reaccionario propósito de bajar la edad de imputabilidad”

Resulta sorprendentemente llamativa la predisposición de nuestros gobernantes a reiterar propuestas y transitar caminos que se han mostrado ineficaces para la solución de problemas graves que afectan a la sociedad , como es el de la inseguridad generada por el delito. Al respecto es válido recordar lo ocurrido en el 2004 cuando, a raíz del asesinato del joven Axel Blumberg, bajo la presión de miles de personas en las calles y con su padre Juan Carlos Blumberg en los palcos oficiando de una suerte de “vigilador” el Congreso nacional sancionó una serie de leyes caracterizadas por el aumento de penas y políticas más duras contra menores. En la ocasión resultó patética la actitud de los legisladores que, actuando como chicos asustados y tratando de zafar de la encrucijada de cualquier manera, sancionaron leyes que no respondían a ningún tipo de política racional y significaban un retroceso en materia de legislación criminal, a tal punto que algunas de ellas al poco tiempo fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia competente. Ahora, al cabo de casi diez años de aquel desatino, se acude a iguales medidas oportunistas y aventureras, verdaderos parches cuyo fracaso está garantizado de antemano ya que son tomadas en función de una coyuntura circunstancial; en este caso, el resultado electoral del 11 de agosto, resultado que el gobierno parece atribuir exclusivamente a la inseguridad cuando en realidad son variadas las razones que motivaron una derrota de tal magnitud que lo ha dejado tan a los tumbos como para suponer que con algunas medidas efectistas puede arreglar el desastre de las PASO y evitarse un daño mayor el 27 de octubre. Es así que se reitera el reaccionario propósito de bajar la edad de imputabilidad de los menores pretendiendo con ello descargar en el sector más vulnerable la responsabilidad del constante aumento del delito cuando está demostrado que la participación de jóvenes de entre 16 y 18 años no supera el 4% del total de hechos criminales. A esto suma el recurso efectista del patrullaje de zonas del Gran Buenos Aires, con gendarmes cuya preparación profesional está orientada en otras direcciones, descuidando a su vez las zonas de frontera donde son mucho más competentes. No se puede desconocer que la delincuencia ha crecido a niveles importantes, como tampoco ignorar que para determinados delitos como la droga, la prostitución, el robo de autos y aquellos de guante blanco de la corrupción existen verdaderas organizaciones criminales con vinculaciones en sectores estatales, fuerzas de seguridad y judiciales. Justamente para enfrentar y derrotar esas estructuras hacen falta políticas y medidas planificadas que muy poco tienen que ver con bajar la edad de imputabilidad de los menores o saturar con gendarmes las calles de zonas cuya geografía y realidad desconocen totalmente. Además, se torna imprescindible que esas medidas sean proyectadas en el tiempo, con objetivos definidos a mediano y largo plazos, presupuestos suficientes y, sobre todo, personal acreditadamente preparado para realizar una tarea de tanta importancia como es la de enfrentar el delito. Algunos datos nos ayudan a acercarnos a esta compleja realidad que el gobierno parece no tener en cuenta cuando se vanagloria de los logros de la “década ganada”. • Presos: en el 2002 en nuestro país había 26.000; actualmente hay 62.000. El 70% de ellos son menores de 30 años y el 80% no ha terminado niveles primarios. En Argentina la cantidad de presos es de 125 cada 100.000 habitantes, superior a la media mundial –de 115 cada 100.000–. • Armas: según el Renar, al 2011 se registran más armas que usuarios –1.261. 000 armas y 817.000 usuarios– y se estima que por cada arma legal registrada existe al menos una más clandestina (Carlos Rodríguez, “Página/12”). Se calculan en más de 2.500.000 las armas que circulan actualmente en nuestro país, sin que se hayan tomado medidas eficaces para su decomiso. • Drogas: Argentina es el país con mayor consumo de cocaína de América del Sur y Centroamérica. En estudiantes secundarios el consumo pasó del 3% en el 2001 al 8% en el 2007 (Informe de Naciones Unidas, 2009). Reconociendo las graves consecuencias que acarrea el delito en los niveles actuales, vale preguntarse si con las medidas propuestas por el gobierno, que no son más que chapucerías demagógicas, se puede suponer que se obtendrá algún resultado positivo. Carlos Alberto Segovia LE 7.304.065 Cipolletti

Carlos Alberto Segovia LE 7.304.065 Cipolletti