Sediciosos en el sur

Por Redacción




El gobernador santacruceño Daniel Peralta resumió muy bien la situación en la que se encuentra al afirmar que “no hay plata para nadie”, ni siquiera para la policía; en diversas localidades de la provincia del matrimonio Kirchner, varios centenares de efectivos se habían acuartelado para pedir un aumento salarial del 25% que, por aproximarse la tasa de inflación anual al 40%, no parece excesivo. Para otros mandatarios provinciales, el que Peralta no esté en condiciones de ceder ante las protestas de los agentes ha de ser motivo de alivio, ya que, como todos saben, de tener éxito un reclamo salarial en un distrito, unidades en el resto del país no tardarían en movilizarse con la esperanza de conseguir lo mismo, como sucedió hace un año, cuando la rebelión de la policía cordobesa se vio acompañada por muchas otras y, desde luego, una ola de saqueos en buena parte del territorio nacional. En aquella oportunidad, el gobierno nacional demoró el envío de gendarmes y personal de la Prefectura Naval a las localidades cordobesas más afectadas, error que no ha querido repetir en el caso de Santa Cruz. Puesto que desde fines del año pasado se ha agravado mucho la crisis económica y por lo tanto social que experimenta el país, puede entenderse el nerviosismo que se ha apoderado de la mayoría de los gobernadores. Quisieran privilegiar a los efectivos policiales porque dependen de ellos para defender la paz social en una etapa que amenaza con ser muy agitada, pero carecen de los recursos necesarios para hacerlo. Así las cosas, no tienen más alternativa que asumir una postura intransigente, negándose a tomar en cuenta la pérdida constante del valor real de los salarios que perciben los policías y otros empleados estatales. Con todo, aunque les convendría más explicarles a los perjudicados por la crisis que, por ser tan difíciles las circunstancias que el país está pasando, sería mejor que todos actuaran con moderación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus incondicionales insisten en que la crisis es en buena medida ficticia, algo inventado por sus adversarios para justificar un eventual ajuste. Basándose en esta teoría, el jefe de Gabinete del gobierno nacional, el chaqueño Jorge Capitanich, se limita a afirmar que los policías autoacuartelados “incurren en un delito de sedición” que debe ser “severamente castigado”, pero es poco probable que tales advertencias sirvan para intimidar a los “sediciosos” para que se resignen a seguir cumpliendo sus funciones como antes, sin preocuparse por el ajuste del presupuesto familiar. Tampoco ayudaría que el gobierno censurara a los medios para que desistieran de informar acerca de las protestas policiales, como ha propuesto Capitanich, ya que a su entender aludir a “delitos que pueden venir” implica “una estrategia para generar una propagación” que equivaldría a “la apología del delito en forma sistemática”. Parecería que el vocero principal del gobierno de Cristina comparte la actitud de funcionarios de la dictadura militar más reciente de que aludir a actividades “subversivas” es una forma subrepticia de alentarlas. Gobernar con plata es relativamente fácil, pero sucede que la caja oficial que a través de los años tantos beneficios políticos brindó al oficialismo está casi vacía y seguirá estándolo hasta nuevo aviso, lo que pone a los kirchneristas frente al desafío supuesto por la necesidad de amortiguar el impacto de la crisis socioeconómica con lo único que les queda: palabras. Según la presidenta, Capitanich y otros, los problemas actuales se deben al accionar conspirativo, cuando no golpista, de los medios periodísticos, los empresarios y “los buitres”, no a su propia ineptitud, pero son cada vez menos los convencidos por la febril retórica gubernamental. Sin embargo, a esta altura cualquier intento de modificar la estrategia elegida para hacer un esfuerzo auténtico por atenuar los problemas ocasionados por el agotamiento del “modelo” acarrearía costos políticos que el gobierno no quiere soportar, además de obligarlo a tomar las medidas antipáticas que, conforme a Cristina, los líderes opositores tienen en mente. Es de prever, pues, que continuarán produciéndose conflictos como el que acaba de desatarse en Santa Cruz sin que el gobierno pueda hacer mucho más que atribuirlos a los enemigos de turno.

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