“Seguridad”
La necesidad de sumar votos llevó al equipo de Scioli a usar recursos cuestionables. Uno de ellos es la reiterada publicidad de la impresionante parada de dieciocho mil policías municipales prestando juramento. Me pareció una réplica doméstica de los intimidantes y espectaculares juramentos de fidelidad al jefe que se hacían en Nüremberg hacia 1934. Pero, además, esa foto es una palmaria prueba de que cincuenta y cinco municipios requieren dieciocho mil nuevos policías porque la seguridad está fuera de control justo cuando “el modelo”, después de doce años, debería mostrar sus éxitos. El gobierno de Buenos Aires debería avergonzarse de tener cerca de cien mil policías sin que la seguridad haya mejorado con claridad. ¿Sería posible que esta cantidad de uniformados sea en realidad un recurso para encubrir la falta de trabajo para los jóvenes, y una manera de asegurarse que no se vuelquen, por desesperanza, hacia la violencia anárquica? ¿Ser policía es otro plan social? Una política de seguridad debe ser integral y debería comprometer con la misma intensidad a los tres poderes tanto de los gobiernos nacional como provinciales. ¿Cómo hay que interpretar el hecho de que con demasiada frecuencia ladrones, violadores o asesinos detenidos por la policía, en poco tiempo y por inverosímiles razones, sean liberados por la Justicia? El garantismo reinante es, de hecho, una forma de impunidad generalizada que ha convertido a toda Argentina en zona liberada. El Poder Judicial debería tener una policía propia, y la Policía Federal y las provinciales deberían tener independencia de los titulares del Ejecutivo, y libertad completa para perseguir los delitos, especialmente los relacionados con la droga y la política. Sus únicos superiores deberían ser las leyes y los reglamentos. ¿Cuántos políticos de importancia nacional o provincial están libres de toda sospecha de corrupción? Para muchos, la percepción de que los gobernantes roban y de que nadie les pide cuentas equivale a una invitación a imitarlos. Vicente Sierra, eximio historiador argentino, señala que para salir de la crisis de 1835 Juan Manuel de Rosas solicitó a la clase dirigente la máxima decencia en su conducta, pues decía que: “Desde los primeros puestos bajan a la sociedad las virtudes y los vicios”. Los de abajo imitan a los de arriba, y si el festín de los corruptos encumbrados no termina, el aumento del número de policías sólo incidirá mucho en el erario público, y muy poco en la seguridad. Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
La necesidad de sumar votos llevó al equipo de Scioli a usar recursos cuestionables. Uno de ellos es la reiterada publicidad de la impresionante parada de dieciocho mil policías municipales prestando juramento. Me pareció una réplica doméstica de los intimidantes y espectaculares juramentos de fidelidad al jefe que se hacían en Nüremberg hacia 1934. Pero, además, esa foto es una palmaria prueba de que cincuenta y cinco municipios requieren dieciocho mil nuevos policías porque la seguridad está fuera de control justo cuando “el modelo”, después de doce años, debería mostrar sus éxitos. El gobierno de Buenos Aires debería avergonzarse de tener cerca de cien mil policías sin que la seguridad haya mejorado con claridad. ¿Sería posible que esta cantidad de uniformados sea en realidad un recurso para encubrir la falta de trabajo para los jóvenes, y una manera de asegurarse que no se vuelquen, por desesperanza, hacia la violencia anárquica? ¿Ser policía es otro plan social? Una política de seguridad debe ser integral y debería comprometer con la misma intensidad a los tres poderes tanto de los gobiernos nacional como provinciales. ¿Cómo hay que interpretar el hecho de que con demasiada frecuencia ladrones, violadores o asesinos detenidos por la policía, en poco tiempo y por inverosímiles razones, sean liberados por la Justicia? El garantismo reinante es, de hecho, una forma de impunidad generalizada que ha convertido a toda Argentina en zona liberada. El Poder Judicial debería tener una policía propia, y la Policía Federal y las provinciales deberían tener independencia de los titulares del Ejecutivo, y libertad completa para perseguir los delitos, especialmente los relacionados con la droga y la política. Sus únicos superiores deberían ser las leyes y los reglamentos. ¿Cuántos políticos de importancia nacional o provincial están libres de toda sospecha de corrupción? Para muchos, la percepción de que los gobernantes roban y de que nadie les pide cuentas equivale a una invitación a imitarlos. Vicente Sierra, eximio historiador argentino, señala que para salir de la crisis de 1835 Juan Manuel de Rosas solicitó a la clase dirigente la máxima decencia en su conducta, pues decía que: “Desde los primeros puestos bajan a la sociedad las virtudes y los vicios”. Los de abajo imitan a los de arriba, y si el festín de los corruptos encumbrados no termina, el aumento del número de policías sólo incidirá mucho en el erario público, y muy poco en la seguridad. Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
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