Seguridad: un debate que crece
Por Martín Lozada
En una sociedad como la argentina, azotada por el aumento vertiginoso de los índices de criminalidad, y en un contexto internacional aún marcado por los atentados del 11 de setiembre del 2001, no es de extrañar que las cuestiones atinentes a la seguridad estén a la orden del día.
A la sociedad de riesgo global planteada por el sociólogo alemán Ulrich Beck hay que sumarle ahora el belicoso clima suscitado por la cruzada antiterrorista emprendida por Washington y sus aliados estratégicos. Se ha visto así replanteado el concepto tradicional de seguridad y se ha trastrocado de plano la agenda política en desmedro de otros temas socialmente relevantes, posibilitando una exacerbada inversión en materia de seguridad.
Los recursos policiales y militares puestos al servicio de la seguridad pública resultan, a su vez, fuente de un nuevo tipo de inseguridad. Tal cosa por cuanto relativizan las garantías básicas de los ciudadanos frente al Estado y permiten echar mano de políticas violatorias de los derechos de las personas, pueblos y comunidades. Es decir, que se los emplea para justificar las restricciones de las libertades ciudadanas y para consolidar un mayor control en ese ámbito.
Las respuestas privadas juegan asimismo un rol protagónico. Debe considerárselas como consecuencia del incremento del delito y de la inseguridad, pero también debidas a la desconfianza que despiertan las respuestas emanadas de las instituciones públicas. Todo ello en un marco económico-estructural con una indisimulable tendencia a privatizar funciones tradicionalmente delegadas en los organismos del Estado. Prueba de lo cual resulta que en la actualidad el personal privado de seguridad iguala o excede al del sector público.
El desarrollo de esta industria privada plantea una serie de problemas de difícil resolución. En primer lugar debido a que comparte con la policía pública el ejercicio del uso legítimo de la violencia estatal. Luego, en virtud de que su contratación obedece a intereses privados que frecuentemente colisionan con otros valores constitucionalmente consagrados. Paradoja que hace de esta industria otro factor que incide en el crecimiento de la inseguridad, ya que la propia lógica de su existencia la lleva a potenciar los factores que le dieron origen.
Otro de los aspectos que merecen atención tiene que ver con la llamada construcción comunicacional de la inseguridad. Se sabe ya del importante rol que desempeñan los medios de comunicación masiva como mecanismo central de reproducción simbólica. Su carácter sistémico y su capacidad para imponer los temas de la conversación social, de sacar otros, de subrayar y acentuar, e incluso, a veces, de tergiversar situaciones, condicionan los discursos sociales.
«Hoy en día un solo delito puede dar lugar a millones de hechos comunicacionales», sostienen Mauricio Salinas Escobar y Loreto Hoecker, en un trabajo realizado desde la Corporación Ciudadanía y Justicia. Se refieren a que un hecho delictivo puntual, sacado de contexto y difundido arbitrariamente, puede dar lugar a una variada gama de enfoques, algunos de los cuales desnaturalizan completamente las causas y contexto en el cual se ha producido la violación a la ley penal.
Entre tanto, el concepto mismo de seguridad es objeto de un gran debate. Allí se inscriben los alcances de la denominada «seguridad humana», que tal vez puedan ayudar a situar la discusión en un punto más próximo a lo que realmente demanda o requiere el conjunto de la humanidad, y no sólo a lo que interesa o perciben los miembros de determinados sectores sociales o unos pocos estados privilegiados.
Su divulgación a nivel internacional se produjo a partir de 1994, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que el corazón de la inseguridad humana es la vulnerabilidad, y el interrogante que debe formularse es: ¿cómo proteger a la gente? El planteamiento auspicia la participación directa de las personas en los programas sociales y sostiene la estrecha vinculación existente entre el desarrollo y la seguridad.
Dice Vicencs Fisas, director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, que su discusión es una excelente excusa para replantear los viejos esquemas de la seguridad centrados en aspectos militares y para detectar las necesidades del conjunto del planeta, con toda su variedad, que no han merecido atención en las políticas públicas. Las nuevas dimensiones que trae consigo el concepto de «seguridad humana» incluye a la económica, financiera, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, de género, comunitaria y política.
Estudiosos de renombre internacional, como el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, llevan varios años insistiendo en la necesidad de adoptar este nuevo planteamiento para repensar el futuro y el propio desarrollo.
Sin soslayar los aspectos relativos a la tradicional seguridad pública, o los vinculados al crecimiento de la renta per cápita, apuntan de este modo a asegurar la vigencia de importantes valores vinculados con la dignidad del ser humano.
mjudicial@bariloche.com.ar
En una sociedad como la argentina, azotada por el aumento vertiginoso de los índices de criminalidad, y en un contexto internacional aún marcado por los atentados del 11 de setiembre del 2001, no es de extrañar que las cuestiones atinentes a la seguridad estén a la orden del día.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora