Sobre la “violencia institucional”

A partir de una nota de opinión publicada en “Río Negro” titulada “Violencia institucional” y en medio de una fuerte crisis de la institución policial rionegrina, resulta indispensable reflexionar sobre un concepto que, pretendiéndose crítico, no es más que legitimador y perpetuador de la violencia estatal punitiva.

El concepto de violencia institucional fue instalado por el kirchnerismo para aludir a prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios públicos. Esta tematización implicó la creación de programas estatales, y el lanzamiento de la Campaña contra la Violencia Institucional que intentó apropiarse y resignificar las denuncias que venían sosteniendo organismos acerca de la sistemática violación de derechos humanos por parte del Estado.

Ello se complementó con la creación del Ministerio de Seguridad en el 2010, fundando el Modelo de la Seguridad Democrática (MSD), que en el plano discursivo pretendió conciliar la cuestión de la seguridad con el respeto a los derechos humanos, poniendo el eje en la reforma de las instituciones policiales (consideradas autogobernadas) y la participación ciudadana en las políticas de seguridad.

Frente al actual avance represivo nacional y provincial, en materia de criminalización de la protesta social y militarización de barrios populares, es necesario corrernos de la idea de que la batalla se da en las redes sociales, o que la solución va a estar en ese programa de seguridad democrática enarbolado por el kirchnerismo, que implica la puesta en marcha de soluciones discursivamente “progresistas”, que no dejan de darle una centralidad incuestionable al papel de las fuerzas de seguridad.

Cabe resaltar al respecto que los documentos fundacionales del MSD reconocen el objetivo de “reconciliación” de las fuerzas de seguridad con los sectores subalternos, por lo que la emergencia de este paradigma tiene más que ver con un intento de restaurar el orden que con la ilusa o hipócrita función de promover derechos.

Es necesario, entonces, saber desde dónde nos paramos en la lucha contra la violencia punitiva del Estado. Y no se trata sólo de pensar consignas, ni de elegir un término que siente bien, sino de entender que el concepto de violencia institucional esconde mucho más que lo que en realidad pretende denunciar. Porque dicho concepto aleja la mirada del sistema penal, ocultando la especificidad de la violencia punitiva estatal.

Es la puesta en funcionamiento misma de las agencias del sistema penal (y no solo de la Policía, sino también del Poder Judicial) la que implica un despliegue de violencia sobre los sectores subalternos, en torno al complejo proceso de selección de ilegalismos a perseguir y de sujetos a criminalizar, en miras a la perpetuación del orden social capitalista. Orden social en el que la principal amenaza de desorden proviene de quienes son renuentes a someterse a la disciplina del trabajo asalariado o de quienes desafían el orden del capital y el Estado.

La desaparición de Daniel Solano y el asesinato de Pablo Vera ponen en evidencia la violencia policial capaz de criminalizar, desaparecer y aniquilar a quienes cuestionan el orden social desigual en el que luchan –de distinta manera– por su existencia. Asimismo, la criminalización de la protesta social, la judicialización de conflictos por tierra y vivienda, las torturas en cárceles y comisarías, las detenciones arbitrarias por mero “estado de sospecha”, son algunas de las situaciones concretas que revelan el carácter estructural y de clase de la violencia estatal.

Partiendo entonces de la base de que el sistema penal cumple una función en la reproducción del orden social capitalista, parece difícil pensar una policía cuya función no sea reprimir sino gestionar conflictos para promover derechos como propone el modelo de seguridad democrática. Como dijo alguna vez Vicente Zito Lema, no se le puede pedir a una institución de muerte que haga actos de vida.

*Abogada. Integrante de la Coordinadora 13 de Enero. Docente de la UNRN

La “reconciliación” con las fuerzas de seguridad tiene más que ver con un intento de restaurar el orden que con la ilusa función de promover derechos.