Buscan frenar el robo de cables con una ley que reglamenta la actividad comercial en Río Negro

El avance de este tipo de delitos ya resulta incontenible. No sólo se multiplican en la zona rural con el robo de cables sino que ahora ya se han detectado hechos en barrios más poblados; también el desmantelamiento de transformadores lo que genera un impacto no sólo en el servicio de energía eléctrica para los usuarios sino que también afecta de manera directa el desarrollo de empresas frutícolas en el Alto Valle.

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Las cifrase impactan: desde el año 2021 donde comenzó el incremento de este tipo de delitos se robaron 140 transformadores. De esa cifra, 50 corresponden a Allen, 21 a Cervantes y 30 a Villa Regina, por nombrar sólo alguna de las ciudades con más índices delictivos. «Los robos de cables siempre se dieron, pero era ‘hormigas’, no en media tensión. Lo novedoso ahora es el robo de transformadores y cable de media tensión. En baja tensión los robos son diarios, de acometidas y cruces de calles”, explicaron desde la empresa Edersa.

Comercialización

Si bien hace algunos años el fallecido vicegobernador de la provincial Carlos Peralta había presentado un proyecto en la Legislatura para combatir este tipo de delitos, nunca se llegó a un tratamiento. Y ahora fue el legislador José Luis Berros quien retomó la posta para tratar de dar un marco legal y construir una primera línea de contención para evitar estos hechos.

«Es una práctica delictiva que se ha multiplicado. Y el proyecto lo hemos trabajado con personal de seguridad quienes explicaron que ellos no contaban con herramientas legales para controlar y frenar las actividades ilícitas”, explicó Berros.

El proyecto en cuestión apunta a controlar todo tipo de comercialización de materiales no ferrosos como cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto; cromo; molibdeno; titanio; tantalio; niobio; tungsteno; cerio; aleaciones de aluminio-cobre; aluminiomanganeso; aluminio-silicio; alumio-magnesio-silicio aluminio-zinc; bronces al estaño; bronces al plomo; bronces al aluminio; bronces al silicio; bronces al berilio; latónblando, duro y semiduro; antimonio, entre otros.

«Este tipo de iniciativas ya se ha implementado en Buenos Aires y bajó el índice delictivo y prevé un articulación entre el gobierno y los municipios ya que son las comunas las que habilitan ese tipo de comercios”, advirtió.

Lo más destacado de la iniciativa es que se crea un registro provincial de “Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos”. En uno de sus artículos se habilita al Ministerio de Seguridad y Justicia a solicitar informes a los municipios sobre la actividad de cada una de esas firmas que operan en el territorio rionegrino. Y donde por lo general se comercializan todo este tipo de materiales.

Control municipal

Pero el dato más destacado del proyecto es el protagonismo que se le otorga a cada municipio en la actividad comercial de las empresas o desarmaderos.

«Las Municipalidades deberán requerir con condición inexcusable para dar trámite a las altas que se les soliciten en Registro e Inspección de Comercios, la acreditación de haber cumplimentado con su incorporación en el registro estipulado por esta ley. Las personas humanas y jurídicas citadas que no cumplan con las exigencias impuestas en la presente ley en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de su publicación, serán clausuradas en forma inmediata, hasta tanto acrediten el cumplimiento de dichas exigencias”, expresa el artículo cuarto de la normativa que ya fue presentada a la Legislatura y que tomó estado parlamentario.

Además establece que las empresas que se dediquen a este rubro deberán llevar “un libro foliado y rubricado por la autoridad de aplicación, en el que deberán asentarse conforme a las actividades desempeñadas datos precisos. Los establecimientos que acopian y comercialización de metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados deberán presentar:

* Nombres, apellido, documento de identidad y domicilio real y, en su caso, comercial del vendedor y comprador de los bienes y la correspondiente habilitación comercial con las certificaciones de inscripción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro.

* Las modalidades de compraventa deberán especificar los datos de la operación donde se deberá especificar peso, característica y estado del material que se adquiere y la documentación que acredita la tenencia legal de lo que se compre.

El dato destacado es que los municipios deberán realizar el control en los lugares de acopio y también tendrán la facultad para controlar los vehículos que transporten este tipo de materiales.
Si los comercios no pueden justificar el origen del material hallado pueden ser clausurados e incluso se le puede dar curso al Ministerio Público Fiscal para que se inicie una investigación.
El diputado Berros confía que a partir de esta normativa se reduzca este tipo de delitos y se interrumpa el sistema de comercialización ilegal que se da en toda la región.

Cómo trabaja el Ministerio Público Fiscal

Investigar y dar con los autores de este tipo de robos resulta complejo ya que por lo general se desarrollan en la zona rural donde hay escasa vigilancia y sólo la denuncia por los cortes de energía eléctrica terminan alertando a la policía y las autoridades del Ministerio Público Fiscal.

Justamente desde ese organismo judicial explicaron que la investigación y tramitación de causas de robo de cables tiene tratamiento disímil según se cuenta o no con autores.
«En términos generales y cuando se trata de autores ignorados, se lleva a cabo una investigación de tipo genérica atento a la naturaleza y características comunes que presentan los hechos de sustracción de cables (sean correspondientes a Edersa, telefonía, servicios municipales, etc.)», explica el informe elaborado por la Fiscal Jefe Graciela Echegaray y la fiscal Vanesa Cascallares, quien llevó adelante las últimas investigaciones vinculadas a este tipo de delitos en Villa Regina.

Detallaron que la investigación apunta, no solo a los autores concretos del hecho sino también a posibles compradores del cobre, reducidores, etc. ya que entienden que detrás de la sustracción de estos cables hay una demanda u organización delictiva que obtiene ganancias de la venta de estos elementos.

«Se acumulan todos los legajos y vamos clasificando los datos obtenidos en cada uno de ellos según la zona en que se producen, la modalidad, delictiva, etc., ello para poder trabajar con la policía de investigaciones con datos concretos. Esto ha permitido incluso requerir y realizar diligencias de allanamientos”, detallaron.

Respecto a los hechos en los cuales se cuenta con autores (generalmente en flagrancia), se requiere audiencia para la formulación de cargos y pedido de medidas cautelares. «No se aplican salidas alternativas. Hemos obtenido condenas de cumplimiento en juicios abreviados”, detallaron las fiscales al ser consultadas sobre las últimas causas que tienen personas imputadas, no sólo en el robo de cables sino en otros hechos como los vinculados al robo de placas en el cementario de Roca.

¿Qué delitos y penas se pueden aplicar?

Generalmente se encuadran como “hurto” (Art. 162 del CP) que tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión aunque también se ha aplicado el de “robo simple” (Art. 164) que tienen penas de 1 mes a seis 6 años de prisión.
En el caso de que exista otro tipo de robos agravados y con escalamiento (Art. 167) la pena para las personas imputadas pude ir desde los 3 años a los 10 años de prisión. El encubrimiento (Art. 277) también se puede aplicar con condenas de 6 meses a 3 años de prisión o cuando es agravado con un aumento en su mínimo y en su máximo. Cabe recordar que el artículo 194 detalla que se le imputa el delito a toda persona que pudiera “…impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de servicios de electricidad, etc…”. con penas de 3 meses a dos 2 años de prisión.

«En relación a estos delitos se desaconseja la aplicación de un criterio de oportunidad, o instancia de reparación integral en cualquiera de las etapas del proceso penal; toda vez que al quedar las instalaciones vandalizadas, generan un riesgo cierto y latente para la salud física de la población en general, y por el otro, trastornan un sinnúmero de actividades cotidianas de la comunidad que se ven afectadas por la interrupción del suministro”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El último hecho donde se logró detener a los autores ocurrió en Regina hace poco más de una semana. Dos días después se le imputó a los dos detenidos -de 34 y 38 años- los delitos de robos en grado de tentativa. Deberán pasar cuatro meses con prisión preventiva.

Desde el robo de cables al de placas en el cementerio

Desde mediados del 2021, la metodología del robo de cables ha ido cambiando. Se volvieron más sofisticados y ya no sólo van por los cables “comunes” sino también por los de media tensión y por transformadores.
“Los sectores en muchos casos se repiten, pero nadie consigue ponerle un freno al flagelo. La zona rural de Allen está desmadrada. Lo mismo que en Cervantes, donde sólo durante este año robaron o vandalizaron 21 transformadores”, explican los técnicos de la empresa Edersa.

En Villa Regina, de los últimos 10 hechos, 9 ocurrieron en la zona denominada Curva del Chancho (donde Edersa ya cambió todo el cable de cobre a aluminio, varios kilómetros) y en Villa Alberdi, donde ahora se mudó esta modalidad.

«Hay muchas cosas a tener en cuenta: cuando se produce las vandalizaciones o robos, Edersa llega al lugar, despeja los riesgos y después poner a trabajar para tender nuevos cables, colocas nuevos transformadores y restablecer el servicio. El peligro en materia de seguridad pública es el mayor problema, tanto para los delincuentes como para los vecinos”, sostienen.

En Roca, tal vez por que hay mayor cantidad de efectivos y comisarías, el robo de cables disminuyó. Pero como contrapartida aumentó el robo de medidores de agua y de gas. “Son robos pequeños y muchas veces los vecinos no denuncian pero se multiplican casi a diario.

Ahora también se suman los medidores de gas a los cuales también le extraen materiales que se comerecializan en el mercado negro”, reveló una fuente policial de la Comisaría 21.
También se sumó el robo de placas. Tres personas fueron detenidas con placas que tenían como destino la fundición para luego comercializar el material. Ya se les formularon cargos a los imputados y quedaron a disposición de la Justicia.