Cuánto necesitan las universidades públicas para funcionar en 2026

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a las casi 70 universidades públicas y a las 42 de gestión privada, envió al Congreso de la Nación su proyecto de presupuesto para 2026 que no solo contempla los gastos de funcionamiento para el próximo año sino también, un recálculo para atrás, por partidas anuales prorrogadas desde el 2023. Propone una ampliación del presupuesto del 1% del Producto Bruto interno en 2026 al 1,5% en 2031 más la creación de un fondo anual de 10.000.000.000 de pesos para promover carreras estratégicas para el desarrollo del país y una recuperación del poder adquisitivo de los docentes y no-docentes, tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

El proyecto de ley de Financiamiento Universitario fue elaborado por el CIN junto a los gremios y a los representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA). La propuesta ingresó hace unos días al Congreso de la Nación y hoy se encuentra en espera de su primer tratamiento en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

En uno de sus apartados, la propuesta sugiere la ampliación anual y progresiva de las partidas destinadas al sostenimiento de las becas universitarias, a la par que recalcula gastos e inversiones para garantizar los recursos básicos para el funcionamiento mínimo de las universidades nacionales.

Por otra parte, la propuesta «contempla una fuente de financiación sin crear nuevos impuestos ni generar déficit fiscal en el Estado Nacional», según conta en el texto que fue enviado al Congreso de la Nación. «El proyecto implica una reorientación de prioridades de política pública, dándole un mayor énfasis a la educación superior, sin arriesgar el equilibrio fiscal».

En letras claras la situación fue expuesta por el CIN de esta manera: “Desde diciembre del 2023, las universidades nacionales e instituciones de educación superior de gestión pública en nuestro país vienen atravesando una situación crítica e incierta desde que el gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto del año anterior (Decreto Nº 8/2023 y Decisión Administrativa Nº 5/2024). Por lo que las partidas destinadas a educación superior son las mismas que se votaron en este Congreso de la Nación en el 2022, para configurar el presupuesto del 2023. La decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar los presupuestos implica que, desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento”.

Sueldos relegados

El proyecto toma en cuenta además, como un ítem a tener a destacar el salarios de los docentes y no docentes universitarios. Desde hace meses no se realizan paritarias nacionales, lo que provocó una visible caída del poder adquisitivo. «Esto induce a un vaciamiento del sistema universitario y una pérdida de la calidad educativa», sostiene el CIN en su proyecto. Y como muestra basta un botón.

Unos 18 docentes de la Universidad Nacional del Comahue presentaron la renuncia a sus cargos el mes pasado. Si bien, en las cartas de dimisión a sus puestos, los profesionales declararon como motivo «cuestiones personales», la situación por la que atraviesan las universidades públicas expone de manera clara la situación.

Entre diciembre del 2023 y enero del 2025, las transferencias para sueldos docentes y no docentes se incrementaron en 103 % contra el 179 % del IPC, lo que equivale a una reducción del 30 % del salario real. En el mismo período la recaudación creció 221%, destaca el proyecto en los fundamentos.

Objetivos presentados por el CIN

¿Por qué se pide lo que se pide? El proyecto de ley del CIN aún aguarda su ingreso al orden del día de la cámara baja. Sus objetivos son

– Afianzar el ingreso, la permanencia, la terminalidad del estudiantado y la formación continua.

– Garantizar las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y nodocentes para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos de trabajo.

– Desarrollar y consolidar la enseñanza y el aprendizaje en sus diversas modalidades para garantizar el derecho a la educación a través del incremento de los recursos destinados a tecnología digital y a la formación y el fortalecimiento de la planta del personal docente y nodocente.

– Ampliar la oferta de carreras universitarias y pre-universitarias en función del desarrollo estratégico del país y de las áreas de vacancia territoriales.

– Promover y profundizar la función de la extensión universitaria para fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad, acorde a las necesidades del desarrollo regional.

– Desarrollar y consolidar la función de la investigación en las universidades públicas nacionales.

– Asegurar la provisión y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de las universidades.

– Impulsar las acciones pertinentes para la internacionalización inclusiva de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria.

– Asegurar y profundizar los programas de bienestar estudiantil que apunten a proveer condiciones materiales y socioeducativas adecuadas para garantizar el derecho a la educación superior gratuita.

– Incrementar anualmente la inversión destinada a programas de becas estratégicas y de estudio para el nivel universitario y preuniversitario, que prioricen los sectores sociales más desfavorecidos, con el fin de fortalecer el acceso, la permanencia, la promoción y el egreso de los y las estudiantes que concurren a dicho nivel.