En Río Negro proponen reforzar el control del cumplimiento de vacunación en niños

El legislador del Bloque Coalición Cívica Ari-Cambiemos, Javier Acevedo presentó un proyecto de ley que habilita la intervención del Estado Provincial ante casos de niños que no hayan recibido alguna vacuna contenida en el Calendario de Vacunación Obligatorio. Además, se incluye la posibilidad de ordenar vacunación compulsiva y aplicar sanciones económicas a los responsables.

La fundamentación del proyecto se apoya en las estadísticas brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación: los datos de 2024 muestran una «leve pero preocupante» caída en los niveles de vacunación infantil en el país.

En Río Negro, si bien algunos segmentos sociales y etarios mostraron mejorías, se registró un descenso en el cumplimiento del calendario previo al ingreso escolar, con coberturas que en algunas ciudades alcanzaron apenas el 80%, lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad colectiva.

Además, el texto subraya «cada individuo no vacunado favorece la posibilidad de contagios y puede hacer posible la reaparición de enfermedades ya desaparecidas o controladas». En ese sentido, se asevera que vacunarse y vacunar no puede ser una decisión individual ni ideológica, sino un deber social y legal.

Proponen reforzar el cumplimiento de vacunación en niños: qué dice el proyecto

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La iniciativa establece que todo agente público de Río Negro que tome conocimiento de la falta de alguna dosis, debe informar a la delegación del Ministerio de Salud más cercana. La obligación rige cuando la falta se produzca por intención, omisión o negligencia de los responsables.

Una vez notificado, la autoridad sanitaria deberá implementar distintas estrategias para revertir la situación. En el caso de que se agoten estas instancias y no se logre el objetivo por la oposición de los responsables del niño, se los intimará formalmente a completar el esquema en un plazo determinado.

De persistir la negativa, el proyecto prevé que el área de Asuntos Legales, realice una denuncia ante la Defensoría de Menores del domicilio del chico. A partir de esto, la Defensoría podrá solicitar ante el Juzgado de Familia que se ordene la vacunación compulsiva «en resguardo del derecho a la salud del menor y de la sociedad en su conjunto».

Además, la propuesta contempla sanciones para los responsables que incumplan la normativa. El tribunal actuante deberá aplicar una multa que «no podrá ser inferior al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha del fallo y podrá ser hasta duplicado en caso de reincidencia».

En casos de insolvencia de los tutores, el Juzgado también podrá ordenar la realización de «Trabajo Comunitario en el área de Salud Pública» por la cantidad de horas «que estime equivalente» y con la modalidad que dicho organismo indique.

Los fondos recaudados por las multas serán depositados en la cuenta que determine la autoridad sanitaria y destinados al área de Vacunación.