La línea de ribera enfrenta a Catastro y agrimensores en Bariloche
En Bariloche y Dina Huapi se encienden alarmas por la interpretación del Código Civil en la delimitación de lo público y lo privado en las costas del lago Nahuel Huapi.
La cota 770,4 metros sobre el nivel del mar señalizada en Playa Serena (Foto: Marcelo Martínez)
Una iniciativa lanzada por la oficina provincial de Catastro para ajustar la mensura de lotes lindantes con los lagos, ríos y arroyos generó preocupación en Dina Huapi, donde un grupo de vecinos y el propio municipio denunciaron que se trata de un avance sobre el derecho al uso público de las costas.
A la Justicia contra la línea de ribera del DPA
La controversia se originó en la existencia de criterios distintos para delimitar las propiedades costeras bajo la interpretación del nuevo Código Civil, que eliminó antiguas restricciones y benefició a los titulares de esas parcelas.
La línea de ribera se define como la frontera que delimita un curso de agua y sus costas de las propiedades lindantes. Se mide a partir de estudios hidrológicos y en función de las crecidas ordinarias. En la práctica sirve para deslindar el espacio público del privado. En el lago Nahuel Huapi la línea de ribera quedó establecida desde 2005 en la cota de 770,4 metros sobre el nivel del mar, a partir de un trabajo técnico que realizó el Departamento Provincial de Aguas.
A consulta
La gerencia de Catastro convocó días atrás a todos los agrimensores de la provincia a una “reunión informativa sobre la temática de línea de ribera”, a fin de “establecer conceptos definitivos, unificar criterios y revisar procedimientos”.
Un agrimensor que participó del encuentro -y pidió reserva de su nombre porque se trata de un tema “polémico”- dijo que de ningún modo existe un criterio unificado y que “la directiva que baja desde Catastro” interpreta la ley de modo tal que “significará el final del acceso al lago” con fines recreativos.
Afirmó que no solo hay litigios en puerta en Dina Huapi. Dijo que en Bariloche son numerosos los casos con potencial conflictivo y que “en Playa Bonita, por ejemplo, la mitad del espacio de uso público va a desaparecer”. Ese balneario ubicado a la altura del kilómetro 8 de Bustillo es el más grande y el más concurrido de la ciudad. Si los propietarios hacen valer su derecho podrían correr sus cercos, muros y alambrados hasta la mitad de la playa actual.
El disparador del debate fue un caso surgido en Dina Huapi, donde Catastro certificó derechos en beneficio de un particular que le permite avanzar hacia la línea de ribera al punto de impedir el libre tránsito por la costa.
La intendenta de esa localidad, Mónica Balseiro, dijo que se trata de un terreno lindante con el lago entre la ruta 23 y el río Limay, donde no hay avenida costanera. El titular del inmueble, con ese simple paso administrativo, habría ganado unos 800 metros cuadrados.
“Nos llegó de Catastro la aprobación de un plano de mensura de ese lote que lo amplía hasta la línea de ribera y lo deja más cerca del agua -dijo Balseiro-. Se basa en la modificación del Código Civil del 2015”. En relación con las costas de espejos de agua, el Código actualizado eliminó el viejo “camino de sirga” y redujo las restricciones al dominio privado a una franja que era de 35 y pasó a ser de 15 metros, a tomar desde la línea de ribera.
Balseiro dijo que los vecinos detectaron y denunciaron que el propietario había comenzado a alambrar, pero luego “retiró los postes”. La intendenta manifestó su desacuerdo con “una invasión de la costa en esos términos” y dijo que ya había pedido a Catastro “la anulación del plano”. También inició gestiones ante el DPA, ante Obras Públicas de la provincia y prepara un proyecto de ordenanza, para garantizar las costas libres.
Desde el municipio confirmaron ayer que el propietario “se acercó para decir que no buscaba generar ningún conflicto ni apropiarse de lo público”.
La intendenta dijo que no se trata de un tema menor. “Para nosotros, que se pueda transitar por la costa es muy importante -sostuvo Balseiro-. Este mismo problema se va a dar en todos los lotes que tenemos sobre el lago y no solo en Dina Huapi. Yo lo consideré peligroso. Si bregamos desde siempre por las costas libres esto no ayuda para nada”.
Qué es público y qué privado
El gerente de Catastro de la provincia, Juan Giménez, explicó ayer que la línea de ribera “separa lo público de lo privado” y que los agrimensores “deben atenerse al artículo 73 de la reglamentación” emitida por ese organismo. Recordó que la línea de deslinde en términos jurídicos, no está en discusión, y que los límites parcelarios previos a la ley eran “presuntivos”. Señaló que con la aplicación de la normativa actual “puede haber títulos que pierdan y otros que ganen superficie, depende de lo bien o mal que haya trabajado el agrimensor con las herramientas que tenía. Porque algunos son planos muy viejos”.
Giménez dijo que las controversias surgen cuando hay “mala interpretación”. Pero a su juicio no existe duda posible. Hasta la línea de ribera, remarcó, el derecho es del propietario.
El funcionario señaló que no está en discusión “la cuestión de fondo”, pero aun así hará falta una resolución aclaratoria de Catastro, que está en elaboración.
Dijo que hay antecedentes en Viedma, donde se condicionaron las propiedades lindantes con el río mediante una reserva de 50 metros para generar a futuro una avenida costanera, y aclaró que “no hubo ninguna indemnización” a los titulares.
Buenos ejemplos
El presidente del Consejo de Agrimensura de Río Negro, Claudio Isaac, también citó el caso de Viedma y aconsejó a los municipios cordilleranos, como Bariloche y Dina Huapi, que evalúen la implementación de “algo parecido”. Dijo que la ley vigente “dice muy claro que la línea de ribera separa el espacio hídrico público del espacio privado”.
Isaac señaló que la mensura ajustada con el nuevo criterio no siempre avanza sobre la playa, ya que “a veces es el propietario quien se queda con menos metraje que lo que dice el título, y está bien”. Aseguró que “la oficina de Catastro de Bariloche malinterpretaba” la norma y de allí surgieron las confusiones.
Isaac opinó que la cuestión debería ser aclarada con una resolución de Catastro, “para evitar que sea algo anárquico”. E insistió en que “siempre queda espacio para que una municipalidad dicte una restricción”.
El referente de los agrimensores dijo que “la ley se debe cumplir” y la determinación del límite de las propiedades lindantes con el agua “sale de una cuestión matemática”. A su juicio “hay una equivocación, porque el derecho al uso público de las costas va por otro camino”. Recomendó “estudiar en detalle” el caso de Viedma, “porque ahí se zanjó la diferencia”.
El agrimensor Cristian Müller, responsable de Catastro en Bariloche, también dijo que hace falta trabajar “a fondo” el tema con los municipios y puso en duda que la solución aplicada en Viedma sea viable. “El derecho de propiedad es muy fuerte en el ordenamiento argentino y no se puede restringir sin una declaración de utilidad pública, seguida de expropiación y pago”, explicó. A su entender, si Viedma impuso condicionamientos a los propietarios sin indemnizarlos no tardarán en surgir demandas.
Un proceso en revisión
Cristian Müller dijo que “la doctrina y el ejercicio profesional (de la agrimensura) se fue llevando desde muchos años de una forma, que ahora se revisa”, con la vigencia plena del nuevo Código Civil y Comercial y la doctrina surgida “a la luz de los nuevos estudios”.
Explicó que el Código reformado en 2015 “no tuvo efecto inmediato en los usos y prácticas” y consideró normal que el proceso tenga “una evolución y una inercia”, pero admitió que ya “no hay margen” para condicionar el avance de los privados hasta la línea de ribera, con el perjuicio resultante para el uso público de las playas.
Müller entendió que “el problema es que ni el nuevo ni el viejo código establecieron con claridad el acceso y goce de las costas”, para el simple uso recreativo.
Otra variable no tenida en cuenta en los orígenes del ordenamiento legal, que data del siglo XIX, es el resguardo de las áreas costeras para preservar ecosistemas frágiles y humedales de alto valor ambiental.
El agrimensor Anuar Aliz dijo que no hay duda posible en la delimitación de propiedades ribereñas porque “lo que está vigente es inequívoco”. Señaló que pueden existir controversias en ríos como el Pichileufu o el Ñirihuau, donde no hay referencia clara, pero no en el lago Nahuel Huapi, que tiene ya definida su línea de ribera. “Si uno respeta ese valor altimétrico, es todo bastante sencillo”, consideró.
Dijo que ese línea es el límite entre el dominio público hídrico y el dominio privado. Puede ocurrir que el título de propiedad viejo (anterior a 2005) quede con un límite dentro del agua y debe en ese caso retirarse hasta la línea de ribera. Pero cuando el límite del plano de mensura no llega a la línea “a veces pasa que queda un pasillo, de 1,5 ó 2 metros, y eso queda expresado en el plano”.
Según Laiz, será necesario entonces “definir entre Catastro y los profesionales, a ver qué se hace con esas franjas”. Admitió que esos son los únicos casos en los que “todavía hay grises, que siempre estuvieron en discusión” y por eso el ánimo es “charlar para que se defina este tema”.
Müller dijo que hoy su preocupación es “lograr un poco de tiempo” y buscar un acuerdo para la aplicación ajustada de la legislación. “Hace falta hablar con los municipios y salvaguardar lo que nos queda. Estamos a las puertas de un conflicto social en ciudades como Bariloche y también en Dina Huapi, donde la población es cada vez mayor y no hay por dónde acceder al lago -afirmó-. Si (la aplicación del Código) avanza en estos términos solo podrán acceder los propietarios ribereños. Y sería una locura”.
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