La sexualidad también es responsabilidad del gobierno

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“Educación sexual para decidir” es la primera parte de la consigna que levanta la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Es imposible pensar que una persona puede ejercer plenamente su sexualidad si no conoce cómo funciona su cuerpo, si no sabe cómo cuidarse de una enfermedad de transmisión sexual o evitar un embarazo, si aún seguimos teniendo que debatir qué es el consentimiento.
Y las mujeres llevamos las de perder, somos las que tenemos que dejar que no se ponga forro si realmente lo amamos, a las que nos violan si decimos que no o para corregirnos por desviadas, las que quedamos embarazadas en relaciones de las que no podemos escapar, las que tenemos que ser objetos sexuales siempre bien dispuestas para ser aceptadas, pero no demostrarlo demasiado para que no nos digan putas.
El tabú sostiene el silencio y el silencio las consecuencias para nosotras y la conveniencia para el sistema. Si el problema no se ve, no existe, y si no existe, el gobierno no tiene que garantizar que en las escuelas se dé el Programa de Educación Sexual Integral (ESI) que se sancionó en 2006, que los hospitales tengan profesionales que puedan atender a las mujeres, proveerlas del mejor método anticonceptivo para ellas y contenerlas cuando se registre que vive situaciones de violencia, entre tantas otras medidas.
Tenemos derecho a una sexualidad plena, para poder reconocer los abusos sexuales y recibir justicia cuando los denunciemos, para no ser discriminadas por nuestras elecciones, para disfrutar del placer sin tener el peso de la reproducción. Pero todo esto no va a ser posible si no se dan las condiciones materiales porque no es posible decidir cuando no hay igualdad de condiciones.

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