Exclusivo Suscriptores
Multaron a las empresas que construyen la Ciudad Judicial en Cipolletti por los atrasos en la obra
Es el segundo apercibimiento que sufre la UTE que ganó la licitación. La proyección era finalizar en junio del año que viene, pero con el ritmo actual será imposible. Desde el Poder Judicial le exigen que presente un plan de trabajo.
El Poder Judicial multó por dos millones de pesos a las empresas que están construyendo la Ciudad Judicial de Cipolletti. Se trata del segundo apercibimiento económico que reciben Dinale y Pecam por los retrasos en la obra y la falta de ajuste en los planes de trabajo. La inauguración estaba prevista para julio de 2023, pero la construcción se demoró.
El sostenido avance en la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti que se vislumbró en tiempos de pandemia entró en una fase de relentización que encedió la alarma en el Poder Judicial de Río Negro. Es que la fiscalización de la obra está en manos de un área de Arquitectura que en los hechos es casi un ministerio de Obras Públicas. En ese sector no están dispuestos a perder tiempo en el proceso de construcción. No quieren rescindir el contrato, pero no será a cualquier costo.
RIO NEGRO recorrió la obra en mayo pasado y la proyección era finalizar la imponente mole de cemento en marzo del año que viene. A esta altura, con un avance de obra en el orden del 60%, se sabe que no será posible, pero desde el Poder Judicial exigen a la empresa que entregue un plan de trabajo para saber cuándo finalizarán.
Hasta octubre tenemos un avance del 60% y 35 certificados de obra. El último plazo de entrega previsto que tenía la empresa era en marzo. Estamos convencidos que no van a llegar y tampoco llegarán a julio».
Ricardo Apcarían, vocal del Superior Tribunal de Justicia.
La unión transitoria de empresas (Dinale y Pecam) que ganó la licitación todavía no presentó el nuevo cronograma de trabajo y por eso en las últimas horas se dispuso de una multa económica que irá aumentando si la constructora no define una hoja de ruta. Incluso podría desencadenar en la rescisión del contrato, un final que a nadie le conviene.
Por ahora la multa superior a los 2 millones de pesos es mínima si se tiene en cuenta que la estimación para el final de obra es de 2.400 millones de pesos. La preocupación en el atraso de los trabajos responde principalmente a que los ajustes son prácticamente automáticos y no representa un perjuicio para la empresa. De hecho la licitación se ganó con una oferta de 618 millones de pesos y hoy ese presupuesto se cuadriplicó prácticamente.
Dato
- $2.400 millones
- es el presupuesto actual de la obra completa. La UTE ya recibió algo más de 800 millones de pesos.
«Hasta octubre tenemos un avance del 60% y 35 certificados de obra. El último plazo de entrega previsto que tenía la empresa era en marzo. Estamos convencidos que no van a llegar y tampoco llegarán a julio. La aspiración sigue siendo inaugurarla el año que viene», expresó Ricardo Apcarían, vocal del Superior Tribunal de Justicia y delegado de la Cuarta Circunscripción.
La Ciudad Judicial de Cipolletti es la obra más importante que tiene la provincia hoy en ejecución. El predio se encuentra sobre Naciones Unidas, entre Teniente Ibáñez, Puerto Rico y Pastor Bowdler. El municipio cedió ese terreno al gobierno provincial para la construcción del imponente edificio que tendrá más de 11.000 metros cuadrados.
Apcarían detalló que la UTE ya recibió alrededor de 800 millones de pesos y que el contrato tiene una cláusula de redeterminación de precios justamente para evitar atrasos en los trabajos. Desde el área de Arquitectura se advirtió que si la empresa sigue demorando la planificación endurecerán las multas.
«Desde nuestra óptica esta cláusula le garantiza al contratista un ajuste razonable y equilibrado de la oferta inicial. Ellos alegan distintas excusas como la provisión de materiales. Que les cuesta conseguir los insumos», explicó el magistrado.
Precisó que las demoras también se deben a que la UTE tuvo que rehacer muchas cosas porque estaban mal ejecutadas. El Poder Judicial fiscaliza minuciosamente cada certificación y en caso de notar alguna irregularidad, como ya ha ocurrido, corre por cuenta de la empresa.
El Poder Judicial está al día con los pagos y la provincia garantizó el flujo de capital para no demorar la obra, con lo cual la responsabilidad recae hoy en los constructores. Incluso hasta el momento se pagó más de reajustes que del precio neto cotizado para la adjudicación.
La obra permitirá que todos los fueros de la justicia de la Cuarta Circunscripción trabajen en el edificio. Los trabajos comenzaron en enero de 2020, dos meses antes del inicio de la pandemia. Si bien nunca se detuvo, atraviesa el momento de mayor lentitud. Además de los tres pisos y el subsuelo con morgue hay un estacionamiento subterráneo.
«La empresa viene con un ritmo bastante lento que nos preocupa y estamos trabajando para que no se caiga. Ellos nos dicen que van a mantener el contrato, le creemos pero necesitamos que lo demuestren. No queremos una rescisión del contrato, pero no será a cualquier costo», advirtieron desde el área de Arquitectura Judicial.
Comentarios