Varones que ejercen violencia en Río Negro: dónde hay atención y qué significa que refuercen la red

A pesar de los intentos por generar toma de conciencia, la cifra de denuncias no para de crecer. El Gobierno Provincial sumó estrategias, pero sólo para quienes ya tienen una causa abierta.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro anunciaron la decisión de jerarquizar el Programa de “Masculinidades y Violencia”, que se desarrolla desde 2021 en varias localidades de la provincia. La medida llegó en un contexto de aumento sostenido de las estadísticas de denuncias año a año dentro del Poder Judicial, en lo que refiere a los casos recibidos por Juzgados y Unidades Procesales, como los que ingresan a través de los Juzgados de Paz.

Sin embargo, lo particular de estas estrategias impulsadas por el Ministerio es que siguen apuntando a agresores que ya tienen una causa abierta, es decir, quienes ya dañaron y deben participar por obligación de una revisión de su conducta, dentro de las medidas que les impone el fallo. Afuera quedan aquellos varones que quieran deconstruir su comportamiento por voluntad propia, para prevenir, porque se determinó que ese acompañamiento le corresponde a los servicios de Salud Mental públicos. 

Por resolución de la cartera que dirige el exjefe policial Daniel Jara, se jerarquizó el abordaje, según explicaron en los fundamentos del proyecto; en un intento por complementar lo que ya se venía realizando en Río Negro, a través de los “dispositivos duales” para el rastreo de quienes deben respetar medidas de restricción; y el “botón antipánico”, para el pedido de auxilio de las mujeres víctimas de violencia. 

San Antonio Oeste lideró el ranking provincial en cantidad de casos de violencia de género, con 2517 denuncias en su Juzgado de Paz en 2023 (casi siete por día). Es una de las localidades elegidas para el funcionamiento de los “dispositivos grupales”, junto con Bariloche y Viedma. Está latente lo hecho, a su vez, en Cipolletti.

No son espacios terapéuticos, sino “psicosocioeducativos”, que por confidencialidad y para favorecer la participación de los más reticentes, no se dice dónde se desarrollan. “Suelen ser en salones comunitarios o de juntas vecinales”, explicó Delfina Otero, una de las referentes del programa, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Roca también fue parte, aunque “no se lograron criterios unificados, sistematizados y planificados, como sí ocurrió en 2021” con las demás ciudades, según aseguró la profesional.

La propuesta de la Red se enfoca en grupos cerrados, de no más de 20 integrantes, seleccionados entre quienes tienen suspensión de juicio a prueba o condena de ejecución condicional, es decir, que siguen en libertad pero bajo supervisión del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y/o del Área de Género y Programa 911 “RN Emergencias”. En cuanto a las edades, preferentemente deben tener entre 18 y 55 años, quedando expresamente excluidos los casos de violencia sexual o femicidio, y por consiguiente, aquellos que se encuentren ya detenidos. 

Pese al constante reclamo de la comunidad para que frene el aumento de casos (20.070 en 2023, cifra total entre Juzgados de Paz y Juzgados y Unidades Procesales); en la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio valoran el paso anunciado, de jerarquización, como “un aporte”, dentro de las facultades que puede asumir esa área de Gobierno, para trabajar con otras instituciones.

Los grupos funcionan en doce encuentros sucesivos (tres meses), coordinados por una dupla de hombres, de mujeres o mixta, para profundizar en temas predeterminados y con el registro de observaciones que luego serán analizadas en una evaluación de la dinámica.

Experiencias parecidas, aunque con sus variantes, también comenzaron a trabajarse en Neuquén, aunque más centralizados en la capital provincial, en Villa La Angostura y en La Pampa, donde sí se involucraron con agresores que ya están en la cárcel. 

“Ojalá que el programa siga creciendo tanto que se pueda acceder a contexto de encierro, es una posibilidad, pero hoy no está en agenda”,

dijo Delfina Otero, una de las referentes del programa. Es que los limita el marco normativo establecido en el convenio entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, aclaró.

Los comportamientos en revisión, en deconstrucción, están sumamente arraigados, pero desde la Red consideran que los resultados empiezan a verse indirectamente cuando los participantes valoran el espacio de “escucha”, cuando disminuyen las transgresiones sistemáticas a las pautas impuestas, mejora el trato con el personal a cargo, piden ir a terapia y vincularse con sus hijos o buscar salida a sus consumos problemáticos. 

“De por sí tener un grupo, un espacio de pertenencia, no es lo cotidiano para ese tipo de hombres”, señaló Otero. Así, apuntan a brindar herramientas para desactivar la violencia desde la posibilidad de tomar la palabra, para encontrar alternativas a las malas reacciones y prevenir, antes de que sea necesario reparar el daño.

El objetivo para el 2024 es que queden activos cinco de estos dispositivos grupales en todo el territorio y continuar con la sensibilización y capacitación, anticiparon en el último informe anual.

“Lo importante es el seguimiento”


En la historia del abordaje de la violencia en Río Negro desde la óptica masculina, Allen hizo las primeras experiencias con grupos de varones en plena década del ‘90, casi a la par de la sanción de la Ley 3040 para la “Protección Integral en el ámbito de las Relaciones Familiares”. Fue a cargo de Valerio Svampa, dentro del grupo “Manos Entrelazadas”, quien activó la propuesta a pesar de los prejuicios de la época, participando también en espacios de formación en Cipolletti y Neuquén.

De esa experiencia y el acompañamiento a las mujeres víctimas y sus hijos, hoy Nélida Tolosa, esposa de Svampa, es quien tiene sobrados ejemplos de la importancia del seguimiento para lograr cambios a largo plazo. “Hay que estar, sino es imposible y sólo sirve para juntar certificados con los cursos que se hicieron”, sumó desde su mirada.

En números

11.663
causas por violencia familiar y de género hubo en 2023 en Juzgados y Unidades de Familia, un 59% de los ingresos en el fuero.

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