Sólo una tregua

Para alivio de los que temían que el eventual colapso del gobierno actual iniciara una etapa signada por el caos más absoluto debido a la incapacidad patente de cualquier combinación de políticos concebible para formar una administración nacional relativamente coherente, el presidente Eduardo Duhalde logró convencer a la mayoría de los gobernadores peronistas de que les convendría seguir brindándole su apoyo, aunque, huelga decirlo, nadie sabe si su respaldo conservará su valor por más de un par de semanas. Además, parecería que casi todos los mandatarios provinciales del PJ concuerdan en que es fundamental hacer cuanto sea necesario para pactar con el Fondo Monetario Internacional y de este modo permitir que la Argentina se «reintegre» al mundo, como suele decir el presidente. Pero si bien, con las excepciones del santacruceño Néstor Kirchner y la puntana Alicia Lemme, los dirigentes peronistas que se reunieron en Santa Rosa el lunes pasado parecen resueltos a hacer gala de su hipotética unidad, pocos creen que resultarán capaces de actuar con la urgencia pedida no sólo por Duhalde sino también por la situación objetiva del país. Como sabemos, aquí la política se ha acostumbrado a avanzar a un ritmo extraordinariamente pausado y sorprendería que los muchos que calculan que los beneficiaría oponerse a medidas que sin duda alguna provocarán protestas ruidosas no consiguieran demorar la puesta en marcha de las reformas reclamadas.

Tal actitud puede atribuirse a la resistencia de amplios sectores a entender el principio de la responsabilidad colectiva que rige en todas las democracias exitosas. Este consiste en aceptar que en cuanto un gobierno haya optado por una estrategia determinada, a todos sus partidarios les queda elegir entre provocar la caída de sus líderes por un lado y, por el otro, dejar de intentar frustrar sus esfuerzos por instrumentar sus planteos. Asimismo, en las democracias sanas es normal que aquellos oficialistas que antes se habían opuesto a las medidas reivindicadas por los jefes pero que ello no obstante quieren continuar formando parte del bloque gobernante se solidaricen con sus líderes, ayudándolos a convertir sus propuestas en realidades concretas. De más está decir que en nuestro país tales sutilezas interesan a muy pocos. Lejos de abandonar la lucha, los disidentes coyunturalmente derrotados suelen ingeniárselas para sabotear las iniciativas de «su» gobierno, inventando pretextos para modificar sus propuestas y para postergar los debates parlamentarios correspondientes, práctica que durante años ha dejado al país virtualmente paralizado.

Pues bien: puede que a comienzos del año corriente aún fuera posible pensar en las presuntas ventajas de negarse a colaborar con el FMI. Sin embargo, muy pronto tanto el presidente Duhalde como los gobernadores peronistas más poderosos llegaron a la conclusión de que dadas las circunstancias tendríamos que acordar con el organismo internacional por no estar en condiciones de continuar tomando en serio la fantasía de «vivir con lo nuestro». En buena lógica, en los días que siguieron a la toma de dicha decisión el gobierno, secundado, aunque sólo fuera pasivamente, por el resto de la clase política, debería haber comenzado a concretar todas las medidas precisas para alcanzar los objetivos acordados pero, es innecesario decirlo, no lo hizo, en parte por carecer de la convicción necesaria pero mayormente por la oposición tenaz del grueso de una clase política cuyos miembros se han habituado a aprovechar en beneficio propio las dificultades ajenas. Para millones de personas, en especial para los más pobres, el obstruccionismo insensato de quienes en muchos casos saben muy bien que tarde o temprano tendremos que pactar con el FMI pero que mientras tanto quisieran llamar la atención a su propia firmeza en defensa de lo que consideran sus principios, ha resultado ser sumamente costoso. Sin embargo, a menos que «los políticos» sean capaces de tomar decisiones y de actuar en consecuencia con el vigor y la eficiencia que exige una crisis «terminal», el país seguirá siendo ingobernable porque, mal que les pese a los orgullosos de su capacidad para poner palos en todas las ruedas, desde que el mundo es mundo gobernar consiste en decidir primero para actuar después.