Suspenden desalojos hipotecarios tras dos suicidios
CRISIS ESPAÑOLA (II)
La banca española anunció hoy la suspensión por dos años de los desalojos por impago hipotecario en los casos extremos, ante la alarma social provocada por los suicidios motivados por esta práctica masificada por la crisis en España, que ya dejó a 400.000 familias en la calle.
La medida pondrá freno a la “sangría” de los desahucios (ejecuciones hipotecarias) de forma momentánea, lo que supone un alivio para miles de personas, pero no para todos aquellos que no pueden pagar sus hipotecas ni los que perdieron sus hogares y siguen endeudados de por vida debido a una legislación inédita en Europa en cuanto a su agresividad con el deudor.
“España es casi el único país en el que no hay mecanismos para que la gente pueda resolver sus problemas de deudas de forma directa o indirecta, y en el que los bancos se quedan con el inmueble del deudor y siguen reclamando el dinero de la hipoteca”, denunció en declaraciones a Télam Ada Colau, portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (APH).
La portavoz de la asociación, pionera en la lucha por frenar los desalojos, remarcó que los anuncios que se hicieron hasta el momento son “insuficientes”, ya que se habla de “extrema necesidad” y “nosotros defendemos que todos los desalojos de vivienda habitual deben suspenderse”.
Dos suicidios relacionados con desalojos por impago hipotecarios en los últimos veinte días fueron el detonante de esta decisión de suspender los desahucios, junto con la promesa del gobierno de Mariano Rajoy de que también se modificará la ley hipotecaria para proteger a los “más vulnerables”.
El caso de Amaia Egaña, una mujer de 53 años que se lanzó al vacío desde su departamento en la localidad vasca de Barakaldo cuando iba a ser desalojada, fue el segundo suicidio y la gota que rebalsó el vaso.
La conmoción social obligó a los estamentos políticos a movilizarse para dar una respuesta inmediata.
El Ejecutivo del PP se reunió ese mismo día con la principal fuerza opositora, el Partido Socialista (PSOE), para llegar a un acuerdo para modificar la ley y solicitar a las entidades bancarias que pusieran freno a los desalojos.
“Estamos viviendo cosas terribles, inhumanas”, dijo Rajoy en un acto partidario en Cataluña, donde expresó su voluntad de “paralizar” de forma temporal los despojos de las familias más vulnerables.
En este marco, la Asociación Española de Banca (AEB) comunicó hoy que “por razones humanitarias” y de “responsabilidad social”, se compromete a “paralizar” los desalojos durante los próximos dos años “en los casos en los que concurran circunstancias de extrema necesidad”.
También la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que nuclea a las antiguas cajas de ahorros, anunció que “suspende la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades”.
La patronal bancaria no concretó cuáles son los casos extremos o vulnerables ni cómo se determinarán.
Lo que parece bastante claro es que no se podrá aplicar a las hipotecas que están ya en proceso de ejecución, que desde 2008 son unas 178.000, según datos de las propias entidades.
La movilización ciudadana a través de la PAH o la más reciente “Stop Desahucios” fue clave en los últimos años en la defensa de los derechos de los ciudadanos amenazados por el desalojo (lograron paralizar 500), pero no había conseguido forzar a los partidos a que modificaran la ley.
El gobierno aprobó en marzo de 2012 un “código de buenas prácticas” para motivas a la entidades bancarias a negociar con los deudores y frenar o dilatar los desalojos, pero la medida prácticamente no tuvo efecto.
En cambio, la entrada en escena de los jueces españoles, que recientemente emitieron un informe contundente que criticaba el “procedimiento privilegiado” y “extremadamente agresivo” que gozan los bancos en España para cobrar sus deudas, y los suicidios, fueron un punto de inflexión.
Entre 2006 y 2011 en el país ibérico se produjeron 396.943 ejecuciones hipotecarias, de acuerdo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solo en el segundo trimestre de este año el número de desalojos ascendió a más de 18.000. (Telam)
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