Talón de Aquiles

Puesto que el jefe de la Policía Bonaerense, el comisario general Alberto Sobrado, no supo responder de manera satisfactoria a la acusación de que tenía depositados 330.000 dólares no declarados en un banco de las Bahamas, al gobernador Felipe Solá y a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, no les quedaba otra alternativa que la de despedirlo en el acto, aunque también le imputaron «falta de operatividad». Al fin y al cabo, el gobierno nacional ha declarado la guerra contra la evasión impositiva y, de todos modos, es sencillamente intolerable que un jefe de Policía, por «operativo» que fuera, sea culpable de mentir acerca del estado de su patrimonio. Sin embargo, aunque virtualmente todos entenderán que en esta oportunidad por lo menos se trató de una decisión sin connotaciones políticas o ideológicas evidentes, esto no impedirá que contribuya a intensificar la sensación de que el país está en manos de personajes que por sus propias razones son reacios a tomar en serio la amenaza planteada por la delincuencia. Desgraciadamente para el gobierno, la remoción de Sobrado se produjo días después del anuncio de que el candidato oficial para ocupar la vacante en la Corte Suprema dejada por el «menemista» Julio Nazareno sería el «garantista» más célebre del país, Eugenio Zaffaroni, de modo que en opinión de los ya convencidos de que el presidente Néstor Kirchner y sus colaboradores están resueltos a hacer trizas de la seguridad no meramente jurídica sino también física de las personas, el episodio protagonizado por Sobrado habrá servido para confirmar sus peores sospechas.

Para un gobierno de las características del actual, el delito constituye un problema sumamente difícil. Habituados a atribuirlo al «modelo de exclusión», algunos integrantes del equipo de Kirchner propenden a considerar a todos los delincuentes «víctimas» de la injusticia social, actitud que, huelga decirlo, enfurece a los muchos ciudadanos que tienen buenos motivos para temer ser asesinados, secuestrados, asaltados o despojados de sus bienes. Para hacer aún más peligrosa la situación, no cabe duda de que en muchas zonas del país, en especial en el conurbano bonaerense, la Policía es corrupta y proclive a emplear métodos ilegales. Como consecuencia, la opinión pública oscila entre reclamar castigos más severos para los delincuentes y purgas policiales más vigorosas. Hasta hace muy poco, el péndulo parecía estar al extremo permisivo del espectro debido en buena medida a la popularidad inicial de un gobierno de rasgos supuestamente progresistas, pero ya se ven señales de que pronto se moverá hacia el otro extremo, el favorecido por quienes piden «mano dura» sin preocuparse demasiado por la vigencia de las garantías constitucionales.

En principio, no existe ninguna contradicción entre las dos posturas. Por el contrario, fuerzas policiales firmemente comprometidas con la legalidad suelen ser incomparablemente más eficaces que las acostumbradas a creerse por encima de la ley y que siempre terminan conviviendo amablemente con el crimen organizado, dividiendo el botín según reglas que todos conocen. Sin embargo, llevar a cabo las reformas necesarias para que la Policía merezca la plena confianza del público y por lo tanto esté en condiciones de cumplir mejor sus funciones en medio de una ola delictiva alarmante puede resultar casi imposible. De sentirse bajo ataque, los policías comprometidos con el statu quo se ven beneficiados por las actividades de los delincuentes mientras que incluso los agentes honestos, conscientes tanto de la peligrosidad de su oficio como de la actitud desconfiada de quienes tratan de defender a riesgo de su propia vida, se verán tentados a limitarse a hacer lo mínimo imprescindible, «trabajando con tristeza» con el propósito de forzar a sus críticos a valorarlos más. En vista de que el gobierno de Kirchner se las ha ingeniado para dotarse de una imagen progresista, es decir, garantista, de seguir empeorando el clima de inseguridad ya existente no tardará en verse acusado de provocar el deterioro por motivos políticos siniestros, solidarizándose con los piqueteros contra los perjudicados por sus acciones y con los delincuentes comunes contra quienes sólo quieren vivir en paz.