Tardía respuesta de Salud al pedido de datos hospitalarios

El ministerio tardó un año y medio en contestar un pedido de informe legislativo de cambios en horas extras en los hospitales.



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En el inicio de 2017, Salud encaró la reformulación del pago de guardias y de horas extras en los hospitales. El bloque del FpV requirió datos de los topes fijados, pero el ministerio necesitó de un año y medio para cumplir con la respuesta.

Según el marco legal, las respuestas a los pedidos de informe deben cumplirse a los 30 días, permitiendo excepciones fundamentadas.

Enmarcada en la contención del gasto público, el gobernador Alberto Weretilneck pidió recortes a Salud de las guardias médicas y horas extras, que -por entonces- rondaban los 100 millones por mes.

Lo anunció en enero de 2017 que se aplicaría una baja del 25% en referencia a los pagos de noviembre del 2016. En febrero, el ministro Fabian Zgaib firmó una resolución y estableció topes para cada hospital.

Al otro mes, en marzo del 2017, legisladores del FpV -Carina Pita, Marcelo Mango, María Inés Grandoso, Raúl Martínez, Nicolas Rochas y Mario Sabbatella- presentan un pedido de información en referencia a las medidas proyectadas en los nosocomios rionegrinos. A fines de setiembre del 2018, 18 meses después, Salud remitió finalmente a la Legislatura una nota de la Secretaria de Relaciones Institucionales, Mercedes Ibero, con una elevación formal y 431 páginas de detalles, con datos generales, como planillas de agentes y cantidades de horas extras.

En la pretensión de un análisis legislativo, el requerimiento requería “la merma total”, los “criterios aplicados para implementar esos topes en el Sistema de Salud Provincial” y otras consideraciones para definir este sistema. Tampoco, hay mención de “informes producidos por las auditorías”. Este faltante sorprende esencialmente por el tiempo que se tomó Salud para la respuesta, que totalizó un año y medio cuando el plazo de ley para estas respuestas inicialmente es de 30 días, con algunas prórrogas fundamentadas.

En sus fundamentos, los parlamentarios aludían al decreto N° 58 del gobernador para profundizar los instrumentos que tiendan a la restricción del gasto en el ámbito de la administración pública provincial. También aludían a los ajustes de Salud a partir de marzo del 2017.


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