Tarifas: los vaivenes que sufre la economía regional

A pesar de los esfuerzos, ya en 2017 y 2018 fue imposible ocultarlo y hubo cortes prolongados que causaron pérdidas millonarias en toda actividad que necesitara cadena de frío. De las que nadie se hizo responsable.

Para la actividad, la política de tarifas congeladas no produjo beneficios, todo lo contrario. Prueba de ello es que, sumado a la falta de políticas acertadas para el sector, el Valle productivo se ha contraído a la mitad de su tamaño histórico. Pero tampoco vemos beneficiosa la salida desordenada de sinceramiento de tarifas.

Desde fines del 2015, el costo de la energía viene sufriendo incrementos paulatinos autorizados por Nación. Sumado a ello, sobre finales del 2017, el EPRE aprobó la 4ª revisión tarifaria de la distribuidora Edersa, con un importante aumento y cambiando la modalidad de contratación de los grandes usuarios, obligándolos a contratar la máxima potencia consumida en el periodo de mayor actividad, todo el año. Fue tal el impacto que muchas empresas decidieron no comenzar esta temporada, dado el costo fijo a abonar.

Mención aparte merecen los impuestos y conceptos ajenos al servicio, que aumentan exponencialmente la factura. No es lógico que el cliente abone el impuesto al débito y crédito, o a los Ingresos Brutos, que le corresponden a la distribuidora. Tampoco es lógico que la contribución al uso de espacio aéreo sea un porcentaje que castiga a quien más consume. Para terminar con la cadena de incoherencias, IVA sobre estos conceptos. Impuestos sobre impuestos.

Ningún nivel del Estado es ajeno a la suba desproporcionada en las tarifas, tanto Nación como Provincia y municipios tienen ajustes por hacer para transparentar el sistema.

Los cuadros tarifarios vigentes han incrementado sensiblemente los costos energéticos para las familias y las empresas rionegrinas. Ello se traduce, en el primer caso, en menor actividad comercial por la menor cantidad de recursos disponibles para el consumo; y en el segundo, en pérdidas de competitividad de las actividades productivas en que la energía eléctrica es un insumo esencial, como en la fruticultura, con las consiguientes consecuencias sobre la actividad económica de la provincia.

Desde CAIC trabajamos hace tiempo para tratar de revertir los aumentos. Junto a CAFI, Federación de Productores y la Cámara Empresaria de Villa Regina nos presentamos en la audiencia pública de revisión tarifaria, exponiendo nuestros argumentos. Presentamos recursos contra las últimas resoluciones del EPRE, que otorgó los abultados aumentos y solicitamos en dos oportunidades audiencias al gobernador para informarle del impacto negativo de dichas resoluciones. Todavía no hemos sido recibidos.

Gracias a estos esfuerzos logramos que el EPRE revisara la polémica implementación de los KDV, coeficiente que castigaba los consumos estacionales, como lo son la mayoría en la actividad frutícola. Desgraciadamente, para algunas empresas esta revisión llegó tarde. Continuamos trabajando con el EPRE, en mesas de trabajo y comisiones donde tenemos el espacio para plantear propuestas, como contar con un representante de los usuarios en dicho ente, variantes para la tarifa agrícola y flexibilidad en el modo de contratación de los grandes usuarios.

También hemos solicitado una reunión con Secretaría de Energía para ser informados sobre los avances en la ampliación de las dos estaciones transformadoras de Roca y conocer las previsiones en caso de no cumplirse los plazos previstos. No podemos permitir que se repitan los eventos de los dos últimos años.

Junto a Federación de Productores y CAME planteamos el negativo impacto de la suba de tarifas en la actividad, ante el ministro Aranguren. Son muchas las distorsiones que impactan en el monto final a pagar. Y, al contrario de lo esperado, el ahorro pretendido no se logra. La contracción económica que produce el alza de tarifas termina impactando negativamente en la recaudación, causando un efecto inverso al pretendido y malestar social, baja de actividad, menos jornales, pérdida de empleo, cierre de establecimientos, etc. Evidentemente ningún extremo es beneficioso, se debería buscar una solución intermedia.

Para el sector frutícola es muy preocupante la situación de la distribuidora, que afirma no ser rentable y solicita más aumento de tarifa. Como usuarios de un recurso indispensable y difícilmente sustituible en nuestro nivel de consumos, necesitamos una distribuidora eficiente, que dé buen servicio, inversiones y con ganancias razonables. Hoy en día el servicio no es óptimo.

No contamos con la suficiente información como para afirmar si la tarifa de la distribuidora es razonable o no. Es el Estado rionegrino el que debe exigir los números reales y el plan de inversiones. Además de conocer fehacientemente la deuda con Cammesa. Dado que con el costo de la energía la distribuidora sólo actúa de recaudadora, no es acertado que la empresa decida el destino de esos fondos. También es mejorable el sistema de inversiones. Actualmente la distribuidora propone un plan y su costo se le otorga en la tarifa. Pero no está obligada a realizarlas, queda a su criterio hacerlas o no.

Para concluir, una actividad económica nace con el sólo fin de obtener una renta. Es simple. Cuando la mayoría de los recursos que genera son entregados al Estado más que la renta conseguida, la actividad pierde sentido. Si agregamos que quien administra los recursos lo hace deficientemente, sólo consigue que la actividad desaparezca. ¿Quién es el mayor perjudicado? El socio mayoritario, el Estado, que año tras año no deja de sorprendernos con su ingenio para inventar contratiempos que causen pérdidas en el sector.

Esperamos que nuestros representantes tomen nota de la problemática, y actúen de la mejor manera. Desde las asociaciones empresarias estamos a disposición para ser convocados a trabajar y plantear propuestas superadoras.

Edgardo Miguel Grasso | Vocal Caic-Referente Área Industria

En primer lugar es necesario dejar en claro que reconocemos que el enorme retraso tarifario era un punto que el gobierno debía resolver. Dado que la principal actividad de la región es la fruticultura, gran consumidora de energía, sabíamos que los subsidios desembocarían inevitablemente en una crisis de matriz energética.

Los grandes consumidores siempre pagaron la energía a su valor de mercado, quedando al margen de la política de subsidios. Es por eso que fueron las únicas empresas que se preocuparon en invertir en tecnología y eficiencia energética. A pesar de ello, hace años que padecemos las restricciones al consumo de parte del sistema, que sutilmente invita a bajar consumo, para no colapsar el sistema de distribución. Todas las cosechas soportamos cortes abruptos de energía, o periodos donde debemos trabajar a la mínima capacidad, causando importantes pérdidas y trastornos. Para evitar que la falta de inversión saliera a la luz, los cortes se concentraban en los puntos de más alto consumo, las empresas frutícolas. Es desesperante trabajar a nivel de hospital de guerra, debiendo decidir qué mercadería sobrevive y cual no, mientras asistíamos a un crecimiento exponencial de consumo energético en el resto de los sectores.