Tarifas: poco debate en torno al crecimiento de la oferta energética

Si hay una certeza luego del debate legislativo en torno a las tarifas de los servicios públicos, es que la carrera electoral para el año 2019, ha sido formalmente inaugurada. La conclusión es inequívoca, si se toma en cuenta que la decisión de vetar el congelamiento de las tarifas ya estaba anunciada de ante mano, por lo que el acalorado debate sirvió solo como plataforma para que los principales referentes políticos del oficialismo y la oposición, expongan su retórica con todas las cámaras a disposición y en el prime time televisivo.

Pese a ello, el veto deja a la vista una segunda conclusión en términos políticos y económicos. Una de las principales virtudes que llevó al macrismo al poder en el año 2015, fue su capacidad para entender el síntoma que expresaba el común de la población. El malestar con el gobierno anterior y el clamor por una propuesta alternativa era tan perceptible, que el nombre elegido por la alianza entre el Pro y la UCR fue Cambiemos. Ese termómetro social, es el que el gobierno parece haber perdido en el camino. El clamor que exhibe hoy el ciudadano de a pie, indica que el poder adquisitivo ya no tiene margen para nuevos ajustes tarifarios.

Sin embargo en las prioridades del gobierno, es mucho más importante en estas horas, la percepción que pueda tener el Fondo Monetario Internacional. Detener la quita de subsidios no está dentro de los parámetros de “normalización” de las cuentas fiscales que el organismo multilateral pondrá como condición para la asistencia financiera. En efecto, a la misma hora que se anunciaba el veto presidencial en Buenos Aires, los economistas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Finanzas, mantenían reuniones con los técnicos del FMI para acordar los lineamientos del “stand by”.

De igual forma, la sobreactuación de la oposición, pareció perseguir solo el rédito político de confrontar con el gobierno y dejarlo expuesto frente al malestar social, a sabiendas que lo que proponía la norma, era poco viable en términos presupuestarios.

La situación para el contribuyente es exactamente la misma, y tras un mes de debate en ambas Cámaras legislativas, nada ha cambiado.

Fuera de foco

Pese al ruido mediático, lo más sustancial del mensaje presidencial emitido al inicio de la semana, no fue el mensaje a los senadores justicialistas ni la alusión a la ex presidenta Fernández de Kirchner. El mandatario volvió a poner el énfasis en la necesidad de procurar el ahorro energético, e incluso sugirió la utilización de lámparas led para reducir el consumo de electricidad.

Lo llamativo, es que en la visión oficial, el ahorro eléctrico debe focalizarse en el sector residencial. Al observar el mapa del consumo energético en base a los datos del Ministerio de Energía de la Nación, resulta que solo el 35% del consumo eléctrico proviene de los hogares, mientras que el 65% restante proviene del sector productivo. En el consumo de gas, el 50% proviene del sector residencial y el 50% de la producción (ver infograma adjunto).

Si como propone el Presidente, la clave fuera reducir el consumo, lo más probable es que el ahorro residencial resulte insuficiente. Según los datos, para que el cambio sea cualitativo, sería necesario una reducción en el consumo industrial, comercial y en el transporte. Un escenario como ese, implicaría a la vez menor actividad económica. Poco probable en un contexto donde la economía ya está suficientemente golpeada.

En segundo lugar, la estrategia oficial luce descolocada en relación al debate global respecto a la energía. En los foros mundiales, la discusión gira en torno a fortalecer las fuentes alternativas de energía, y procurar un crecimiento sustentable de la oferta, que acompañe el mayor consumo que se deriva del crecimiento económico esperado.

En Argentina sin embargo, el foco se pone solo en la reducción de la demanda. Poco se debate en torno al crecimiento de la oferta energética. Un informe recientemente publicado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indica que el ajuste de la tarifa eléctrica promedio desde diciembre de 2015 alcanza el 1.768%, mientras que para el gas la actualización alcanza el 1.519%. El cuadro tarifario actual luce mucho más acorde con el costo de producción. Estimaciones privadas indican que la tarifa actual cubre entre el 75% y el 80% del costo de generación eléctrica.

En ese marco, la pregunta es hasta qué punto la oferta energética en Argentina, acompaña crecimiento en el consumo y el ajuste tarifario llevado a cabo entre 2016 y 2018, con inversiones adecuadas para fortalecer el suministro. Los cortes en el servicio eléctrico volvieron a ser una constante en el verano pasado en todo el país, y especialmente en el radio metropolitano de Buenos Aires. Poco se habla al respecto.

Por lo pronto, un dato certero, es que mientras los bolsillos se aprietan para sostener los incrementos de tarifas, las principales empresas que operan en el sector energético incrementaron fuertemente sus ganancias en los últimos dos años. Solo por dar algunos ejemplos, el valor de mercado de las acciones de Pampa Energía, se incrementó un 339% entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de mayo de 2018. En el mismo periodo, la cotización de las acciones de Edenor creció un 374%, la de TGS un 415% y la de Transener un 515%.

Redistribución regresiva

El principal argumento que expuso el gobierno desde el inicio del ajuste tarifario, fue la necesidad de reducir la carga de los subsidios económicos a las empresas prestadoras, a fin de reducir el déficit fiscal. El infograma adjunto muestra el monto de los subsidios a la electricidad y al gas, expresados en precios constantes del año 2011 para quitar la distorsión producto de la inflación. Se observa con claridad la reducción del peso de los subsidios en términos reales entre 2015 y 2017.

Sin embargo y pese al esfuerzo oficial por resaltar a menudo la baja en el déficit primario, los datos del Ministerio de Hacienda de la Nación indican que lejos de reducirse, el déficit financiero creció entre 2015 y 2017 hasta llegar al 6% del PBI. La variable que explica tal comportamiento, es el incremento en el pago de los intereses de la deuda en el citado periodo. El tercer infograma adjunto muestra los intereses pagados por el Estado nacional a precios constantes del 2011. El incremento en el peso de los servicios de la deuda entre 2015 y 2017 es evidente.

Ambos datos en conjunto, permiten entender mucho mejor el flujo de fondos durante el mandato del Presidente Mauricio Macri. Desde fines de 2015, la reducción de subsidios en términos reales alcanzó los $22.300 millones. En el mismo lapso el pago de intereses se incrementó en $28.900 millones.

En definitiva, el dinero extra que los usuarios aportaron con la actualización de tarifas, no hizo más que financiar la ganancia del sector financiero derivada del fuerte endeudamiento del Estado nacional. Se trata lisa y llanamente de una redistribución regresiva de la riqueza, en tanto se toman fondos de los sectores medios y se los traslada al sector financiero concentrado, y mayoritariamente extranjero.

Cabe resaltar un último dato. La mencionada redistribución no golpea en este caso a los sectores más postergados, los cuales son reconocidos por la tarifa social, y pese a ello carecen en muchos casos de conexión al sistema eléctrico y consumen gas en garrafas, a un costo por cierto mucho más elevado. Es por el contrario la clase media urbana la que ha financiado el ajuste tarifario. La misma clase media que constituyó la principal base electoral del gobierno tanto en 2015 como en 2017.

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