Techo Digno: piden imputaciones y el juez resuelve mañana

En la segunda jornada, los fiscales acusaron a los exintendentes de Conesa, Alejandra Mas; y de San Antonio, Javier Iud. La audiencia de Sierra Grande quedó para la semana próxima.

Hoy se cumplió la segunda jornada de imputaciones de Techo Digno en los tribunales de Viedma, con las investigaciones por las construcciones de los barrios en Conesa y San Antonio, con recursos enviados por Nación entre el 2013 y 2015.

La causa de Sierra Grande quedó para otra audiencia, que sería el miércoles 11, con citación del hoy intendente Renzo Tamburrini y el constructor Guillermo Gazzia.

Los fiscales Graciela Echegaray y José Chirinos solicitaron imputaciones de “defraudación a la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” para los exintendentes de Conesa y San Antonio, Alejandra Mas y Javier Iud. También se acusó como participe necesario de esa maniobra a Juan Castelli, titular de la constructora Oriente. Por el contrario, los defensores Damián Torres y Merlotti reclamaron sobreseimientos.

El juez Juan Brussino informará mañana de su resolución. La agenda de acusaciones por el manejo de los fondos de Techo Digno comenzó ayer en los tribunales de Roca, con la aceptación de las imputaciones de defraudación para los exjefes comunales de Choele Choel, Daniel Belloso; y de Río Colorado, Carlos Pilotti, como también, el mandatario de Godoy, Luis Ivancich por parte de la jueza María Gadano. Pero, la magistrada no imputó al empresario Longinos de Dios (ECA) porque aludió que la fiscalía no logró precisar su participación.

El juez Julio Martínez Vivot presidió la audiencia por los planes de Cervantes donde los miembros del Ministerio Público acusaron al exintendente Gilberto Montanaro (Cervantes), como también, a los constructores Néstor Sarasola (Eraiki) y Jacobo Baskir (Baskir). Esta resolución quedó para la jornada de mañana.

Los debates seguirán el lunes en Bariloche con viviendas de esa ciudad y, luego, el martes, con planes de Cinco Saltos, Fernández Oro y Campo Grande.

En el caso de Conesa, el fiscal Chirinos se focalizó en los convenios para construir 31 y 34 viviendas, firmados en el 2013 y 2014, con transferencias por más de 25,7 millones. Se acusó que se pagaron un 24,76% y un 19,69% que abonó de más a la constructora Oriente.

En San Antonio, la carga fiscal se concentró en un plan de 102 unidades, acordado en el 2014, con 43,4 millones remitidos por Nación. Se concluyó que se abonó un 24,98% de más por parte de ese municipio a la misma empresa.

A su turno, el defensor Torres insistió que el análisis fiscal se concentró en las construcciones de las viviendas cuando el plan Techo Digno comprendía otros dos aspectos: las obras de infraestructura y la redeterminación de los costos, que tuvo sus convenios pero no se enviaron los fondos. Insistió que el dinero enviado “está en las viviendas”. En su respuesta, Echeragay admitió ese enfoque parcial porque en esa operatoria de las viviendas estaban las irregularidares.

Al final, hablaron los tres acusados. Castelli se mostró nervioso y compungido, narrando el esfuerzo de su constructora para el adelantamiento de la infraestructura -en especial, en SAO- con la promesa y compromiso del financiamiento, que no llegó y después se le comunicó que no se concretaría (ya con el gobierno nacional de Mauricio Macri).

“Segui todo el camino que me dijeron, todas las autoridades”, remarcó, quebrado. También dijo no entender por qué su empresa, como otras tres, sí lograron terminar con los barrios, a partir que la Nación financió las viviendas pendientes en Viedma, “gobernada por Cambiemos”.

Luego, Mas manifestó que la causa “es política” para “acallar a la oposición” y resaltó que los planes de viviendas dieron “casa propia” a 122 familias de Conesa. Además, recordó que los fiscales “no tuvieron en cuenta” que el municipio conesino remitió 3,6 millones de fondos de Techo Digno al IPPV para su conclusión.

Al final, Iud contó la particularidad de los convenios firmados, pues solo eran para viviendas, y no se incluían las obras complementarias. También resaltó la intencionalidad política de la gestión nacional de Macri ya que otorgó el financiamiento para la finalización de los planes a Viedma “por ser de Cambiemos”, y no así a los restantes municipios. Enmarcó las denuncias penales contra las gestiones municipales en esa misma lógica.


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