Techo Digno: Nuevas imputaciones por el manejo de fondos para viviendas

La jueza resolverá el próximo martes. Estas acusaciones recaen en el ex intendente Juan Reggioni, el constructor y tres presidentes de cooperativas, entre ellos, el hijo del ex jefe comunal.





Otro capítulo de la causa Techo Digno se inició en los Tribunales de Cipolletti. La Fiscalía imputó al ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni por el manejo irregular de fondos nacionales en un plan de viviendas, conjuntamente con cuatro particulares.

La jueza Agustina Bagniole resolverá el próximo martes si acepta o rechaza esos cargos, habilitando la continuidad o no de la investigación.

Este expediente forma parte de la mega causa Techo Digno donde los fiscales repiten acusaciones a ex intendentes y empresarios por la utilización de recursos para viviendas de Nación, entre el 2013 y el 2016, con un nivel de ejecución inferior a los desembolsos recibidos.

Estas imputaciones por las 50 viviendas en Fernández Oro mantiene esa estructura, con sus particularidades. Entre ellas, la inclusión de tres presidentes de cooperativas ya que transferencias de Techo Digno fueron a pagar unidades que ellos ejecutaban por otro programa. Esos acusados son Fabio Huenchunao, Luis Méndez y Diego Quintero, que “resulta ser hijo de Reggioni”, afirmó el fiscal Matías Stiep.

En la ejecución del barrio de Techo Digno estuvo la empresa Eraiki y, por eso, la imputación recae sobre su titular, Néstor Sarasola.

Durante el 2015, el municipio de Fernández Oro, gobernado por Reggioni, recibió algo más de 18,6 millones, que era un 82,5% del total del convenio, firmado en diciembre del 2014. La teoría fiscal ratifica que los envíos nacionales se dieron con certificaciones de obras falsas, contactándose en abril del 2016 que la ejecución era del 19,65%, según un relevamiento del IPPV.

Se invirtieron -según la acusación- únicamente un poco más de 6,8 millones en esas viviendas y se concluye que la constructora cobró un 5,63% de más. Se consigna que además se le abonó otros 8,3 millones por infraestructura que corresponde a otro acuerdo.

Unos 652 mil pesos fueron a las mencionadas cooperativas y, al final del mandato de Reggioni, la cuenta del plan disponía 3.658 pesos. El faltante del plan Techo Digno -concluye la fiscalía- llega a los 3,4 millones (incluye el sobrepago a las cooperativas”. A Reggioni se le imputó “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” mientras que los restantes fueron acusados con el mismo delito, como partícipes necesarios.

La jueza Bagniole dispuso 48 horas para analizar el caso y su resolución se conocerá el martes. En la audiencia, los defensores desestimaron los cargos planteados por Stiep.

A Reggioni lo defiende el abogado Julio Oviedo. Carlos Gadano, que representa a Sarasola, negó esa teoría fiscal mientras relativizó el desfasaje del 5,6% al consignar que un técnico del IPPV consideró “tolerable” una diferencia hasta de un 10%.

Los defensores Federico Diorio y Mario Novilo (oficial), que patrocinan a los cooperativistas, se centraron en reclamar precisiones en relación a qué responsabilidad se le atribuía a sus representados en las maniobras delictivas denunciadas.

El lunes, habrá un análisis del expediente del diputado Dantas

Este lunes 4, el juez cipoleño Guillermo Baquero Lazcano evaluará el expediente Techo Digno de Campo Grande, con imputaciones planteadas al ex intendente y hoy diputado nacional Pedro Dantas y el constructor Luis Saiz (Urbana).

El mismo llega con discrepancias de jueces. Inicialmente, Laura González aceptó los cargos pero, luego, Alejandra Berenguer revocó esa instancia por observaciones a las acusaciones fiscales, como falta de precisiones de las certificaciones falsas.

Existen recursos vigentes de los otros expedientes. Por caso, el Tribunal de Impugnación evalúa las investigaciones confirmadas contra Luis Ivancich (Godoy), Daniel Belloso (Choele Choel), Gilberto Montanaro (Cervantes) y Carlos Pilotti (Río Colorado).

Otro expediente llegó a ese cuerpo pero, en este caso, la fiscalía apeló los sobreseimientos dispuestos por el juez Ignacio Gandolfi en favor de Alejandra Mas (Conesa) y Javier Iud (San Antonio), con el empresario Juan Castelli

En cambio, los cargos de investigación de la barilochense María Eugenia Martini (Bariloche) están firmes, pues sus defensores no impugnaron.


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