Techos para todos
Si bien puede considerarse promisorio el plan de viviendas que acaba de anunciar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acompañada en esta oportunidad por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, ya que de concretarse como se prevé no sólo ayudaría a atenuar el déficit habitacional muy grave cuyo síntoma más visible es la expansión constante de las villas miseria que rodean todas las ciudades significantes del país sino que también tendría un impacto multiplicador en un momento en que una economía alicaída necesita estímulos, es natural que muchos hayan reaccionado con cierto escepticismo frente a la presentación de este proyecto ambicioso. Al fin y al cabo, a través de los años el país ha visto una larga sucesión de planes de este tipo, entre ellos el protagonizado por la empresa subsidiada manejada por las Madres de Plaza de Mayo, que por distintos motivos tuvieron resultados muy decepcionantes. Por lo demás, parece que una razón por la que el gobierno lanzó el proyecto para construir 100.000 unidades con créditos blandos suministrados por la Anses –es decir por los jubilados– consistió en el deseo de incomodar al jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, el que una semana antes había presentado un plan similar que se financiaría con préstamos del Banco Ciudad, entidad que, de prosperar una iniciativa kirchnerista, perdería aproximadamente el 30% de sus activos que serían transferidos al Banco Nación. Según Kicillof, el funcionario que ha reemplazado al ministro de Planificación, Julio De Vido, como responsable máximo de los intentos oficiales por impulsar la construcción, el plan del macrismo podría desatar “una burbuja inmobiliaria”, advertencia que, a juicio de los especialistas, es cuando menos exagerada ya que en nuestro país menos del 10% de las operaciones en el sector se hacen con hipotecas y por lo tanto los bancos no podrían acumular cantidades ingentes de deudas incobrables. Con todo, aunque es escaso el peligro de que la Argentina experimente una burbuja inmobiliaria equiparable con las que, al estallar, provocaron estragos enormes en Irlanda y España, podría tener consecuencias financieras desafortunadas si los que consiguen los créditos resultan incapaces de repagarlos. En Estados Unidos, los esfuerzos de una serie de gobiernos por permitir que personas de sectores de ingresos bajos, sobre todo los caracterizados como “minorías”, pudieran acceder a viviendas dignas contribuyeron mucho a una crisis financiera que no tardó en afectar, de manera sumamente negativa, a toda la economía mundial. Los créditos propuestos por el gobierno nacional llevarán tasas de interés de entre el 2% y el 14% anual, lo que no sería preocupante si las estadísticas correspondientes a la inflación que sigue confeccionando el Indec reflejaran la realidad, pero por desgracia no lo hacen. Conforme a las consultoras privadas y a aquellas provincias que persisten en procurar medir por cuenta propia las vicisitudes del costo de vida, en la actualidad la tasa de inflación es del 25% anual, de suerte que, una vez más, el maltrecho sistema jubilatorio nacional, que se ha visto transformado nuevamente en una especie de “caja”, tendrá que financiar lo que es en el fondo otra iniciativa política. Claro, en el caso de que merced al plan de construcción “keynesiano” anunciado por el gobierno la economía entrara en una nueva etapa de expansión vigorosa –garantizando así que los beneficiados por los créditos blandos contaran con dinero suficiente como para honrar sus deudas– y la inflación se desacelerara abruptamente, la Anses, o sea la repartición encargada de cuidar la plata de los jubilados, no sufriría pérdidas, pero la verdad es que es poco probable que el impacto del plan sea tan positivo. En última instancia el destino de iniciativas de esta clase depende de la evolución de la economía nacional. Si lo que nos aguarda es un período acaso prolongado de estanflación, no habrá dinero suficiente como para asegurar la construcción de las 100.000 viviendas prometidas por el gobierno, de modo que el “megaplán” de Cristina y Kicillof quedaría como otro monumento a la presunta buena voluntad de políticos que quisieran atenuar un problema apremiante pero carecen de los instrumentos administrativos y financieros necesarios para hacerlo.
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