Bosques nativos: tensión entre bienes comunes e intereses económicos privados
Marcelo Fernández *
En la aplicación de la ley 2780 de Neuquén, de conservación y uso sustentable de bosques nativos, aparece un escenario de conflicto de prioridades e intereses.
Tensiones entre la aplicación de una ley que prioriza el respeto a los derechos colectivos sobre los bienes comunes vs. el derecho privado del negocio turístico inmobiliario. Encontramos por un lado al gobierno provincial, motivado por intereses particulares ligados a la especulación económica por la tierra, y por otro actores territoriales que van construyendo la idea de bosques como bien común y demandando al Estado su protección.
Este fin de año, las vecinas y los vecinos de la cordillera del sur del Neuquén nos volvemos a encontrar con funcionarios que tienen que gestionar una ley de protección de bosques, dedicados a argumentar en los medios y en las comisiones de la Legislatura provincial la necesidad de cambiar la ley porque impide avanzar en el paradigma de villas lujosas de montaña linderas a los centros de esquí. Nuevamente apuro por imponer “desde arriba” una falacia: conservación de bosques vs. desarrollo. Como ciudadanos, y desde nuestras organizaciones sociales, tenemos una visión más integral, más holística del bosque y del desarrollo.
Esta visión está tutelada, no solo en las cartas magnas sino en las legislaciones específicas en materia ambiental, de agua y bosques nativos. Los análisis interjurisdiccionales a nivel de cuencas son el abc de cualquier gestión de recursos naturales, y más en ambientes frágiles como los cordilleranos. No solo quienes vivimos en estos valles, sino los miles de turistas con quienes compartimos el territorio, vemos la falta de esta visión integral en el uso del espacio: el desmonte no planificado o clandestino, la falta de regulación y fiscalización estatal. Terminan en derrumbes, deslaves, sedimentación de ríos y lagos, exclusión de acceso al vínculo con la naturaleza, y otras anomalías que la ley de bosques nativo prevé gestionar, incluido su financiamiento.
A esto le sumamos el enfoque intercultural, dado que son territorios ancestrales de pueblos originarios con cosmovisiones y derechos incluidos en las cartas magnas y leyes. Desde la sociedad civil esperamos que el Estado, y sus funcionarios, encabecen la gestión de esta sana complejidad. Complejidad con conflictos de intereses, pero que el consenso participativo, cumplimiento de los principios de la ley y el ordenamiento territorial garantizan una mayor cantidad y calidad de bienes boscosos para las presentes y futuras generaciones.
El desarrollo turístico en escenarios de centros de esquí es posible. Transformar esas nacientes de cuencas hídricas para un modelo de desarrollo extractivista, contra la naturaleza y consumo concentrado, aparece como incompatible. El rojo, amarillo y verde no solo son los colores para regular el tránsito urbano, garantizan la funcionalidad de los bosques en nuestros territorios.
De esta manera, el Estado provincial en su lógica de desarrollo concebida como un crecimiento indefinido e ilimitado vinculado a intereses económicos concentrados interfiere en la aplicación de la ley. No la cumple. Existe una conciencia social de que en cuanto se obtiene una buena ley, que protege derechos comunes, sobrevendrá la trampa. En estos años escuchamos a funcionarios provinciales decir por tevé que la ley es un problema para los desarrolladores inmobiliarios y no para el bosque, o al ministro a cargo de hacer cumplir la ley de bosques contestar en un taller ante más de 100 ciudadanos en San Martín que bajarle la categoría de protección a verde a una parte de los bosques categorizados como amarillos en Chapelco era decisión política para desarrollar una villa residencial en las nacientes de cuencas. El apuro legislativo del oficialismo entonces aparece como “política de Estado”.
Existe un “sentido común desde el poder” que indica que aquellos que detentan latifundios, recibidos en general como “premio” por la colaboración en la llamada “Conquista del Desierto” y los nuevos propietarios, son quienes tienen derechos patrimoniales sobre los bosques y por ello, el derecho a disponer de los mismos. Implica además que el Estado no debe intervenir, para no interferir en la libre expresión de las fuerzas económicas. La naturaleza común como mercancía.
Desde la sociedad civil disponemos de herramientas de participación que la legislación ambiental prevé para la defensa de sus derechos constitucionales (ambiente sano). La resolución de estos conflictos solo puede darse en un marco de participación ciudadana, traccionando al Estado en defensa de los derechos y bienes comunes.
* Integrante de la Asamblea Socio Ambiental de San Martín de los Andes.
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