Tensión por la deuda municipal de Bariloche en el debate del presupuesto de 2022
En el presupuesto enviado por el Ejecutivo para el próximo año, consta una deuda total de 512 millones de pesos, que representa un 7% del movimiento económico general.
El último fin de semana un grupo numeroso de estudiantes se citó en el Centro Cívico para una riña. Foto: archivo
El gobierno municipal y los concejales del oficialismo lo deberán trajinar mucho si quieren conseguir apoyo unánime para el proyecto de presupuesto 2022, a juzgar por las objeciones que presentaron los bloques del Frente de Todos y del partido PUL, con el foco puesto en la deuda pública.
Otros puntos cuestionados son la proyección de ingresos para el próximo ejercicio (con una suba de tasas que promedia el 50%), el paquete de obras públicas que el gobierno piensa desplegar con recursos propios, los fondos para los entes descentralizados y el proyecto de nuevo escalafón municipal.
El presupuesto comenzó a ser evaluado este viernes en una reunión conjunta de las comisiones de Economía y Gobierno y Legales a la que asistió el secretario de Hacienda, Diego Quintana. En el cálculo de ingresos y egresos enviado por el Ejecutivo para el próximo año, consta una deuda total de 512 millones de pesos, que representa un 7% del movimiento económico general, cifrado en 7.886 millones de pesos. Para los concejales opositores la información es engañosa e insuficiente.
El año pasado surgieron desacuerdos parecidos y el presupuesto terminó aprobado por mayoría, con el rechazo del FdT. Gerardo del Río (de PUL) recordó que aquella vez la gestión Gennuso declaró en principio una deuda de 250 millones y después terminó “blanqueando” otras y reconoció un pasivo consolidado superior a los 500 millones. Según el concejal, es necesario aclarar si el número incluido en el presupuesto 2022 “es toda la deuda que hay o van a aparecer otros ítems”.
Señaló por ejemplo que existen juicios abultados pendientes de resolución que penden como amenaza sobre las cuentas municipales y que podrían costar millones. Mencionó, entre otros, los iniciados por la transportista 3 de Mayo y por la empresa OPS por diferencias en un acuerdo de alquiler de maquinaria vial. No faltan además las demandas laborales, como la que iniciaron el mes pasado más de 20 guardavidas.
La presidente del bloque del FdT, Julieta Wallace, también objetó con dureza la escasez de precisiones. Pidió a Quintana “que se envíe cómo está compuesta esa deuda” y que aporte además “un listado de los juicios y la proyección de cada uno de los montos reclamados”.
Consideró que así como se pueden estimar los ingresos y saber que se recaudará aproximadamente un 50% más que este año, se podría hacer algo similar con la deuda. “Lo que no puede pasar es que un presupuesto ingrese al Concejo, que esté al análisis de los concejales y que no podamos tener claridad sobre el pasivo del municipio -dijo Wallace-. Es fundamental para definir el plan de gobierno”.
Respuestas del Ejecutivo
Quintana se defendió desde la técnica contable. Señaló que “lo mismo que en una empresa”, en el presupuesto se registra sólo “la deuda exigible” y por eso el límite de los 512 millones, que incluiría en lo fundamental facturas impagas con proveedores.
Admitió que hay “un montón de juicios que tienen a la municipalidad como demandada” y que hay allí un pasivo “contingente”, pero no se pueden incluir en el presupuesto “hasta que no tengan sentencia firme”. No aportó ningún número.
En diálogo posterior con este medio Wallace dijo que les interesa saber, por ejemplo, a cuánto asciende la deuda del municipio por retenciones de impuesto a las ganancias que no fueron transferidas a la AFIP y también los incumplimientos con el Soyem por cuota sindical, que también fue deducida de los salarios.
Dijo no saber si esos montos “están incluidos en los 512 millones o están por afuera”, porque el Ejecutivo no aporta el detalle.
Durante la reunión de comisiones también hubo un cruce por el escalafón municipal, que fue incluido como “programa” en el presupuesto con un gasto estimado de 250 millones de pesos, a pesar de que el proyecto respectivo todavía no fue evaluado ni aprobado por el Concejo.
Tanto Wallace como su par de bloque Marcelo Casas señalaron que no se puede imputar ese dinero sin la ordenanza que lo sustente y recordaron que si el Soyem había prestado meses atrás su conformidad con el escalafón ahora la situación cambió porque en la última elección del gremio ganó una lista opositora, que manifestó su desacuerdo y quiere revisarlo.
“Lo prolijo es que la partida del escalafón se incorpore al presupuesto recién cuando esté la ordenanza, y no condicionar al Deliberante”, sostuvo Wallace.
También surgieron observaciones sobre la obra pública “con recursos propios” por 1.203 millones de pesos que incluyó Gennuso para el próximo ejercicio, cuando en el presupuesto de este año esa cuenta estaba en cero.
Los concejales quieren saber qué obras están incluidas en ese plan. Casas también pidió aclaraciones sobre el dinero reservado para el Mercado Comunitario y Roxana Ferreyra (FdT) se quejó de que no esté discriminado el presupuesto específico para el área de Cultura.
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