Terrorismo en Villa Mascardi

Daniel A. Darrieux *


La violencia debe ser erradicada en forma urgente. Se requiere decisión política y un accionar contundente del Estado.


Los hechos de violencia que se vienen produciendo en Villa Mascardi muestran a un Estado ausente, desertor de su función básica de garantizar los derechos constitucionales y el orden público.

Una de las definiciones del término “terrorismo” indica que es, ante todo, un atentado contra los derechos fundamentales de la persona humana (a la vida, libertad y propiedad) con el objetivo de generar terror para lograr un objetivo.

Esta violencia comenzó en mayo de 2015, con la quema de la casa de John Grehan. “La Justicia provincial no envió ni a un perito bombero ni investigó el ataque”, me comentó.

Luis Dates fue otro de los afectados. En marzo sufrió un robo en su cabaña y en mayo fue incendiada. No sufrió la destrucción total ya que se activó la alarma y dio el alerta a los bomberos y la policía.

Comenta con asombro que la fiscal ordenó el secuestro de las armas de los efectivos policiales que habían acudido al lugar. Y pone énfasis en resaltar la inacción de la Justicia, tanto federal como provincial. En conversación telefónica, me comentó indignado: “(…) más que estar ausente, el Estado es cómplice…”.

En agosto de 2019 fue totalmente incendiado el campamento que pertenece al Obispado de San Isidro, en el que se alojaban jóvenes de todo el país.

Entre las víctimas de la violencia hay que incluir a la comunidad mapuche Wiritray. Sus viviendas han sido blanco de disparos de armas de fuego, entre otras intimidaciones. Las viviendas de los guardaparques también han sido atacadas en distintas oportunidades. Los integrantes de la comunidad Wiritray se pronunciaron en contra de la ocupación del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la metodología violenta de la agrupación Lafken Winkul Mapu.

El modus operandi de estos delincuentes -según indican los vecinos- consiste en tirar piedras en los techos de las viviendas durante la noche. Cuando corroboran que sus ocupantes no están, le prenden fuego utilizando antorchas. Las construcciones en madera posibilitan una rápida expansión de las llamas.

Uno de los ataques más recientes lo sufrió Diego Frutos, el 1º de agosto, con la quema de su pequeña cabaña. La semana pasada, cuando se dirigía al predio de su propiedad, debió alertar a la policía ante la presencia de encapuchados que arrojaban piedras a los vehículos que circulaban por la ruta.

Según testimonios directos, el grupo de violentos está conformado por unas 20 personas, entre hombres y mujeres.

El ataque más reciente, al momento de escribir este artículo, fue el 2 del corriente en las instalaciones del predio de la Unión del Personal Superior de la ex Gas del Estado. Tres personas de seguridad que custodiaban el lugar fueron amenazadas de muerte por encapuchados, agredidos a piedrazos y también intimidadas con disparos de armas de fuego, según consta en la denuncia radicada en el Destacamento 137 de Villa Mascardi.

Esta autodenominada agrupación mapuche Lof Lafken Winkul Mapu no reconoce al Estado argentino, ni sus leyes, ni su Constitución. La ocupación creciente del Parque Nacional Nahuel Huapi es una afectación a la soberanía nacional.

En una arenga de Facundo Jones Huala a sus seguidores, expresó (textual): “(…) el huinca capitalista y usurpador es nuestro enemigo. Al enemigo no se le discute, al enemigo se lo destruye. Viva la RAM, viva la autodefensa y el sabotaje; piedras y fuego a la opresión…”. A confesión de parte, relevo de prueba.

En recientes reuniones mantenidas en Buenos Aires, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, reclamó al gobierno nacional una mayor presencia de Gendarmería.

Por su parte, a través de su cuenta el Twitter, el exgobernador y actual senador Alberto Weretilneck manifestó que: “En la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas”.

Resulta inadmisible que la ministra de Seguridad Sabina Frederic haya denunciado penalmente a vecinos de Bariloche que se manifestaron en contra de la violencia. El reino del revés. Su opinión referida a que “la toma de tierras no es un problema de seguridad” hace dudar de su convicción y determinación para encarar este grave problema.

La violencia en Villa Mascardi debe ser erradicada en forma urgente. Se requiere decisión política y un accionar contundente del Estado para restablecer el orden público. Recordemos que el verbo “reprimir” está en el Código Penal. ¿Se pueden esperar resultados positivos de una mesa de negociación con elementos violentos que actúan encapuchados y armados y desconocen a la Argentina como nación?

Tengamos siempre presente que el respeto a la ley y la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada son derechos humanos reconocidos y garantizados por la Constitución nacional. La paz y la calidad institucional son condiciones necesarias para el desarrollo económico y el progreso de las personas.

* Periodista, director de Impacto Económico


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