Testigos complicaron la situación de Ibarra

BUENOS AIRES- La ex defensora del Pueblo porteño Alicia Oliveira complicó al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, al afirmar que antes de la tragedia en República Cromañón solicitó investigar al gobierno por «incumplimiento de deberes de funcionario público y asociación ilícita».

En la novena jornada del juicio a Ibarra que se sustancia en la Legislatura porteña, nuevas declaraciones aportaron detalles sobre los mecanismos de control de locales comerciales y quedó confirmada una reunión del mandatario con testigos, lo que motivó una denuncia penal de uno de los fiscales.

Por su parte, el gobernador bonaerense Felipe Solá declaró estar en desacuerdo con el juicio político a Ibarra, al que calificó de «carnicería». «No estoy de acuerdo, es un intento de carnicería política», dijo Solá, quien sostuvo que los legisladores porteños que impulsan la remoción del jefe de gobierno «han perdido el verdadero objetivo», a favor de la búsqueda de justicia.

Oliveira, la última en declarar, advirtió que durante su gestión al frente de la Defensoría se realizaron «muchísimas» advertencias a organismos del gobierno porteño por «locales peligrosos, especialmente de clase C», pero que «por desgracia no tuvieron eco» en las autoridades.

En concreto, «fueron 19 las resoluciones» elaboradas por el órgano a fin de «clausurar o mejorar las condiciones» de los locales, aunque como «casi no hubo respuesta, redactamos la número 20, donde se recomienda inves

tigar por incumplimiento de deberes de funcionario público y por supuesta asociación ilícita», afirmó.

La vigésima resolución al respecto de la seguridad de bares y locales bailables, entre otros, difundida el 8 de marzo de 2003, fue incorporada como prueba en el proceso y significó un revés también para la Legislatura, ya que tras el informe «preparé un proyecto de ley al respecto, pero ningún legislador lo quiso tratar», sentenció Oliveira.

Por su parte, José Marcó del Pont, inspector en servicio, confirmó que durante el proceso de juicio político algunos de los testigos fueron citados a una reunión en la que apareció Ibarra, lo que fue considerado como «algo descarado» por el abogado José Iglesias, padre de un joven fallecido en el boliche de Once.

Iglesias dijo que «ahora está claro para qué fue la reu

nión» e involucró a Ibarra en el robo de la computadora de la diputada Silvia Majdalani, miembro de la sala Juzgadora y en la «ausencia» de testigos «clave» en el proceso.

También declararon ayer Alberto Gerosa, jefe de Actividades Nocturnas de la Dirección de Verificación y Control, y Gustavo Malventano, ex inspector de esa dependencia, quien negó la existencia del «focazo de corrupción» en el área, como denunció Ibarra en noviembre de 2003.

Respecto al boliche del incidente, Gustavo Daneri aseguró que el local fue inspeccionado «cuatro veces en 16 meses» entre 2002 y 2003, y que «tenía las condiciones mínimas de seguridad e higiene».

Según Daneri, había solamente 25 'handies' para unos 300 inspectores y sostuvo que, por lo tanto, no era una práctica extendida, pero admitió que sí los superiores podían ser consultados por los inspectores sobre aspectos técnicos. Finalmente, Daneri dijo que actualmente trabaja en la dirección de Lealtad Comercial y que actualmente está sumariado por una inspección que realizó en el boliche El Reventón en 2003.

(DyN/Télam)

Massei contra el juicio

NEUQUEN (AN) – El diputado nacional Oscar Massei, del Frente Cívico para la Victoria, cuestionó el juicio político que se le está haciendo al jefe de gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, por el incendio de la discoteca Cromañón, que provocó 194 muertes. «La búsqueda de la verdad y la justicia de esta tragedia que nadie quiso, no debe enceguecer las decisiones para buscar un responsable absoluto por la sola necesidad de encontrar un culpable», señaló en un comunicado.

Massei sostuvo que el proceso se lleva adelante con el propósito manifiesto de lograr la destitución de Ibarra.

«Nos encontramos ante una situación que provoca gran inestabilidad política e institucional y deja un antecedente preocupante para las futuras gestiones, sin importar el signo partidario de los gobernantes», consignó. En función de ello expresó la necesidad de que el ámbito político se expida «responsablemente» y tome «una postura».

«En este contexto, la responsabilidad de evitar una reversión injusta desde el Poder Legislativo, distorsionando los principios y bases del juicio político que prevé la Constitución de la ciudad, le cabe exclusivamente al ámbito político, ya que es allí donde descansa la posibilidad de mantener los resortes fundamentales de la democracia y la calidad institucional».

Massei señaló que la democracia reclama la búsqueda de la verdad sin soberbias, con tolerancia, respeto y evitar la manipulación de la realidad, sin interferir la labor de la justicia que interviene en este caso que ha conmovido a todos los habitantes de la Argentina».