Tiempo de reformas

Aunque Eduardo Duhalde asumió como presidente de la República gracias a un acuerdo entre los jefes de los distintos bloques parlamentarios, optó por actuar como si hubiera llegado a la Casa Rosada respaldado por una mayoría popular aplastante que le hubiera confiado la misión de encabezar una gran ofensiva contra el sector financiero que, en su opinión, es la causa de todos los males. Puede que aquella forma de encarar la crisis haya disfrutado de la aprobación de su aliado, el ex presidente radical Raúl Alfonsín, pero no parece haber impresionado mucho al resto del país que, a pesar de la sensación de desconcierto que ha producido el colapso de la economía, entiende muy bien que no será posible basar una estrategia realizable en algo tan abstracto como los prejuicios ideológicos del populismo bonaerense. Por fortuna, Duhalde no es un ideólogo -a diferencia de Alfonsín, ha confesado no saber nada de economía-, de suerte que se habrá dado cuenta de que lo que el país necesita no son declaraciones rimbombantes que sólo sirven para confundir, sino medidas concretas del tipo que gobiernos anteriores no se animaron a tomar. Asimismo, dadas las circunstancias, no nos convendría en absoluto que el gobierno siga tratando de congraciarse con la ciudadanía enemistándose con el empresariado español y el FMI, porque sin la ayuda activa de la «comunidad financiera» internacional los próximos meses y años serán decididamente más difíciles de lo que cualquiera haya previsto.

Tanto el presidente del gobierno español, José María Aznar, como los voceros del FMI, no han disimulado lo escaso que ha sido su entusiasmo por las medidas iniciales anunciadas por el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, porque a su juicio no conforman un «plan coherente». Como es natural, los funcionarios locales han discrepado con las opiniones de sus críticos extranjeros, pero el que el gobierno se haya puesto a buscar «alternativas» a las medidas que fueron difundidas días antes supone que ellos también son conscientes de que hasta ahora no han hecho más que improvisar. De todos modos, no es cuestión de elegir entre dejarse manipular por lobbies extranjeros por un lado y de hacer gala de la independencia propia por el otro, sino de poner en marcha un programa racional que le permita al país salir de la situación de caos en la que se encuentra. A menos que se atengan a un «plan» que sea «coherente» y «sustentable», sus esfuerzos resultarán vanos. Dicho programa podría ser derechista o izquierdista, proteccionista o aperturista, liberal o dirigista, pero con tal de que sea coherente serviría para que el país reanudara sus lazos con el mundo exterior.

Además de procurar paliar las muchas dificultades financieras que se han dado debido a la falta casi universal de confianza en el maltrecho sistema financiero -el cual incluye no sólo a los bancos sino también a las entidades responsables de defender el valor de la moneda-, al gobierno le será necesario atacar las causas fundamentales del desbarajuste que, obvio es decirlo, consisten en la incapacidad crónica del Estado de financiar sus actividades con otros recursos que los producidos por la inflación primero y el endeudamiento después. Con miras a aplacar a la ciudadanía, Duhalde ha propuesto bajar aún más los sueldos de los funcionarios jerárquicos, lo cual resultaría contraproducente porque en este momento el país precisa de un Estado eficiente, y reducir drásticamente la cantidad de cargos políticos nacionales, provinciales y municipales, medida que sería útil si también significara el desmantelamiento definitivo de las inmensas redes clientelistas que a través de los años han construido caciques grandes y pequeños, con consecuencias devastadoras para un país que ya no puede darse el lujo de continuar privilegiando lo político, en el sentido más rudimentario de la palabra, por encima de la eficiencia y la capacidad profesional. Mal que les pese a quienes están en el poder, para que la Argentina vuelva a ser un país «viable» será necesario emprender reformas radicales del sector público para ponerlo al servicio de los habitantes del país, no, como ha sido el caso hasta ahora, de una clase política ya totalmente desprestigiada a raíz de su incapacidad patente para manejar la economía nacional.