Tiempo de saqueos

Además de ocasionar una multitud de dificultades de todo tipo a los ya bancarizados, el semicongelamiento de los depósitos que ha regido desde inicios del mes está afectando, con más dureza aún, a millones de personas por lo común muy pobres que dependen de la parte muy importante de la economía «negra» que opera sólo con efectivo, de manera que era de prever que no tardarían en multiplicarse los saqueos a supermercados y comercios que siempre se dan en momentos de confusión económica. Episodios de este tipo ya se han registrado en muchos puntos del país, entre ellos Mendoza, Rosario y Córdoba, y todo hace pensar que pronto habrá muchos más no sólo por «contagio» sino también porque el impacto de las medidas oficiales está resultando más doloroso por momentos. Según Domingo Cavallo, los saqueos no sirven para arreglar nada, pero si bien el ministro tiene razón con respecto a la macroeconomía, sí constituyen una «solución» primitiva de emergencia para los que de repente se encuentran sin los medios mínimos que precisan para sobrevivir. Sea como fuere, en vista de que ninguna sociedad puede tolerar esta modalidad anárquica de atenuar las consecuencias, por terribles que éstas sean, de una crisis económica, les corresponde a las autoridades competentes, tanto las nacionales y provinciales como las municipales, organizar sin demora respuestas adecuadas. Aunque en algunas localidades ya se han tomado medidas en este sentido, en términos generales la reacción oficial ha sido lenta y muy poco eficaz, lo que no debería sorprender a nadie por ser la ineficiencia la característica más notable de virtualmente todas las instituciones públicas del país.

Conforme a diversos voceros oficiales, por ahora no ha sido tanto una cuestión de ataques espontáneos emprendidos por hambrientos desesperados cuanto de operativos cuidadosamente organizados por agitadores políticos, incluyendo, dicen, a punteros peronistas bonaerenses que están vinculados con el gobernador Carlos Ruckauf, hombre que, como es notorio, quisiera que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa cayera antes de que su propia jurisdicción se vuelva totalmente inmanejable. Estén en lo cierto o no aquellos oficialistas que denuncian a Ruckauf por estimular a los saqueadores por motivos sediciosos, el mero hecho de que dicha versión se haya difundido tanto en los días últimos significa que muchos militantes justicialistas del conurbano bonaerense no pueden sino sentirse tentados a procurar congraciarse con su jefe protagonizando incidentes violentos, razón por la que las acusaciones que se han formulado podrían tener consecuencias muy distintas de las esperadas por los radicales. Huelga decir que de propagarse la idea de que los saqueos son moralmente legítimos y que, como si esto no fuera suficiente, cuentan con la plena aprobación de políticos poderosos, lo que ya hemos visto sería un preludio relativamente tranquilo de lo que vendría después.

De todas maneras, el que parezca más que probable que militantes no sólo de los movimientos extremistas minoritarios que han hecho del robo una rutina, sino que también operadores peronistas, con el aval implícito del gobernador o sin él, se hayan propuesto aprovechar las desgracias ajenas en beneficio propio, no significa que el gobierno pueda darse el lujo de minimizarlas, asegurándose que se trata de episodios menores. Tampoco puede apostar a que la represión policial resulte suficiente como para disuadir a los saqueadores en potencia. La única forma que tiene el gobierno de De la Rúa de privar a sus enemigos políticos de la oportunidad para fomentar disturbios que de agravarse mucho más bien podrían suponerle el fin prematuro de su gestión, consistirá en encargarse del reparto de comida en los lugares más golpeados para que ninguna persona sensata pudiera afirmar que dadas las circunstancias a los saqueadores no les queda otra alternativa que la de despojar a los comerciantes locales, muchos de los cuales son tan pobres como la mayoría de sus vecinos, o a los responsables de los supermercados que, huelga decirlo, no tienen por qué contribuir más que cualquier otro ciudadano solvente a mitigar una crisis que afecta a toda la sociedad.