Tras la reforma, la jubilación mínima perdió un 18%

“Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo”. La sentencia, que bien podría inscribirse junto a otras frases célebres de la historia argentina, pertenece al Diputado del PRO, Pablo Tonelli, en vísperas a la sanción de la reforma previsional a fines de 2017. En aquel momento, el coro de voces oficialistas aseguraba que las personas de la tercera edad no solo no iban a verse perjudicados por la modificación, sino que por el contrario, serían beneficiados.
Concretamente, el punto más significativo que incluyó la reforma, fue el cambio de fórmula para la actualización de los haberes jubilatorios. La Ley de Movilidad Jubilatoria (26.417) aprobada en 2008, estipulaba dos actualizaciones anuales (marzo y septiembre), en base a una fórmula que consideraba en partes iguales la evolución de los recursos de la ANSES y la evolución de la Remuneración Imponible de los Trabajadores Estables (Ripte), indicador elaborado por el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación. Desde diciembre de 2017, con la sanción de la Ley 27.426, se otorgan cuatro actualizaciones anuales (marzo, junio, septiembre y diciembre), considerando en un 70% la inflación del ante penúltimo trimestre y un 30% el Ripte.
No hizo falta esperar demasiado para que el contraste entre las palabras de Tonelli y la realidad, fuera más que evidente. Al momento de aplicar la nueva Ley por primera vez, en marzo de 2018, la actualización de haberes estipulada por la nueva fórmula, fue del 5,71%, mientras que de haberse aplicado la vieja Ley de Movilidad, hubiera sido del 14,5%.

El gobierno intentó paliar la pérdida, de carácter permanente (la diferencia en los haberes ya no se recupera con los aumentos posteriores), otorgando un bono por única vez en marzo de 2018, a los haberes menores a $10.000, a todas luces insuficiente. Un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, acaba de declarar esta semana la inconstitucionalidad del aumento aplicado hace un año, y ordenó aplicar el 14,5% correspondiente a la antigua Ley. El fallo corresponde a la causa ‘Lavecchia Roberto c/ANSeS’ y va en línea con el fallo que meses atrás dictaminara la Sala III en un caso similar.

A primera vista, lo que queda claro es que si algo no hubo desde la aplicación de la nueva fórmula, es un beneficio para los jubilados. Por el contrario, todos los indicadores muestran un profundo deterioro del poder adquisitivo de la clase pasiva.
Un informe publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) compara la evolución de los haberes jubilatorios mínimos con la del precio de los medicamentos, artículo de primera necesidad para los mayores. Del estudio surge que entre marzo de 2015 y marzo de este año, las jubilaciones crecieron un 172% mientras que el precio promedio de los remedios lo hizo un 257% (ver infograma). Si el periodo de análisis se acota solo a los últimos doce meses, tiempo que lleva vigente la nueva fórmula de movilidad en los haberes, resulta que las jubilaciones avanzaron un 35,9% mientras que el costo de los medicamentos lo hizo un 90%.

La pérdida en números
Con la certeza del perjuicio que significó la reforma previsional para millones de jubilados y pensionados, y ante un escenario de inflación en alza y crisis financiera que acecha, vale la pena mirar en retrospectiva y cuantificar el daño. Un extenso paper publicado en el mes de enero por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), estipula que “la movilidad otorgada, de octubre de 2017 a octubre de 2018, fue de un 19,19% acumulado, mientras que la variación del IPC nacional, según datos de INDEC, fue del 45,91% en el período”. Agrega que “por efecto de los cambios introducidos en la movilidad previsional, los haberes de las jubilaciones y pensiones, perdieron un 18,31% de su poder de compra”.
Con tales datos, es posible afirmar que a precios de diciembre de 2018 (es decir en términos reales), la pérdida acumulada durante todo el año 2018 asciende a $14.500. Significa que la poda que recibió el año pasado quien percibe el haber mínimo, equivale a un sueldo y medio.

Si el análisis se extiende más allá del último año, vuelve a quedar en evidencia que la fórmula vigente hasta 2017, permitía una actualización de los haberes más acorde a la evolución de los precios. El segundo infograma que acompaña la nota, muestra la evolución del haber jubilatorio mínimo desde septiembre de 2015 hasta la actualidad, comparado con el monto que surge si los haberes hubieran seguido exactamente la misma senda que la inflación (IPC Neuquén). Se observa con claridad que hasta 2017, la actualización del haber es muy similar a la de los precios, mientras que luego de la aplicación de la nueva fórmula, las series divergen, y el salario se atrasa notablemente.
El tercer gráfico, compara la actualización anual que recibió el haber mínimo con la inflación anual acumulada (IPC Neuquén), entre 2009 (primer año de aplicación de Ley de Movilidad), y 2019. Nuevamente se advierte que en 6 de los 9 años de vigencia de la antigua fórmula, el incremento de las jubilaciones ‘le ganó’ a la inflación, mientras que al aplicarse la nueva fórmula en 2018, la inflación fue 15,3% mayor a la recomposición salarial. En 2019, si se considera la actualización de los últimos doce meses en base al aumento de marzo, resulta que las jubilaciones crecieron 35,9% el último año, frente a una inflación acumulada que la Provincia de Neuquén ubica en el 56,7%.

El ajuste, a costa de los abuelos
Corría el mes de julio del año 2001, cuando el gobierno de Fernando De La Rua determinó por decreto un recorte del 13% a las jubilaciones mínimas, a fin de lograr un fuerte ajuste del gasto. Cuando pocos meses después se desató la crisis, pocos creyeron que existiera plafón político en el futuro para volver a arremeter contra los haberes jubilatorios. Sin embargo, la política argentina se las ingenió una vez más, para demostrar que la historia es cíclica: la reforma previsional aprobada en 2017, no fue otra cosa que un fuerte ajuste del gasto público, a costa del bolsillo de los abuelos.

El citado informe de ASAP, pone la conclusión en cifras. Explica que durante 2018, el cambio en la fórmula de movilidad previsional significó un ‘ahorro fiscal’ de $64.938 millones. La cifra no es otra cosa que aquello que Tonelli definió sin eufemismos como la ‘pérdida’ que sufriría el bolsillo de los jubilados al aplicar la nueva fórmula de movilidad.
El punto es todavía más crítico, si se recuerda cuál fue el destino que tuvieron los fondos que el Estado recortó en los haberes jubilatorios. Lejos de ayudar a una mejora en la ecuación financiera del sector público, la reforma previsional aprobada en 2017, fue parte del Pacto Fiscal rubricado entre la nación y las provincias, el cual entre otras cosas estipulaba la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense. Tal modificación significó que la Provincia de Buenos Aires recibiera $40.000 millones extra en 2018, y $65.000 millones más este año. Si bien es cierto que tales cifras están expresadas a precios de 2017, y no fueron actualizadas por inflación en 2018, lo cierto es que ‘con el diario del lunes’, el recorte a la jubilación mínima luce como más como una medida que sirvió a los fines políticos, que como una que busca la salud de las cuentas nacionales.