Tutela nacional

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Bariloche presagia el litigioso futuro electoral del Frente para la Victoria en Río Negro? ¿Un candidato justicialista o uno frentista? Bien puede ser. Pero la humanidad política hoy está metida en el bendecido del kirchnerismo para esa elección municipal de setiembre. El justicialismo despunta con la intendenta interina, María Eugenia Martini, o refuerza su pretensión con la diputada Silvina García Larraburu. El Frente Grande se amuralla en las reales posibilidades del concejal Carlos Valeri, garabateadas en los sondeos. El gobernador Weretilneck y el senador Pichetto soslayan cualquier intromisión directa. Corean recados universales y piden acuerdos de unidad. Ese itinerario está enredado. Martini y Valeri pujan por cada maniobra. La jefa local impuso su fecha y la elección será el 1 de setiembre, aun con la oposición del concejal. Éste, pese al rechazo justicialista, patrocinó el aprobado proyecto del radicalismo que instauró la boleta única. Weretilneck valoriza la imagen de Valeri y no irá más allá de eso. Pichetto ya relativiza esos gráficos. “Martini ha emparejado”, advierte. Introduce, por las dudas, a García Larraburu. Todo sirve en el resguardo de esa postulación, que el PJ no está dispuesto a conceder. ¿Alcanzará con nuevas encuestas? Weretilneck y Pichetto depositan sus empeños en ese resquicio frente al actual embrollo. A Martini, el mando municipal poco le sirvió al fortalecimiento. El respaldo de La Cámpora se diluye en Río Negro y la gestión le resta apegos nativos. En ocasión de los festejos del aniversario, la intendenta no logró mitigar la protesta callejera de los taxistas y, sin más, derivó esos reclamos por seguridad a los visitantes, Weretilneck y Pichetto. Lógica o no, la actitud no agradó. Ambos observan, reposan y esperan que la solución electoral arribe nuevamente de los moradores de Casa Rosada. Valeri desarmaría su postulación sólo si advierte una firme petición presidencial. Por ahora el edil continúa, sin tropiezos, su tránsito proselitista. Martini podría ceder, pero en favor de un peronista. ¿García Larraburu? Es posible, con requerimiento nacional. No hay certezas, salvo que el redoblado paso del FpV se encamina con dos candidatos. Frente a dos listas suyas, el oficialismo no está preocupado por el radicalismo –cuya boleta encabezará el diputado Hugo Castañón– aunque sí lo inquieta el sostenido avance de Gustavo Gennuso (Pueblo). Podría darse un escollo jurídico, reparable con otra estructura partidaria. Bariloche demostró su atracción por las incursiones municipalistas, alertan. Hay miradas al despacho de Cristina Fernández por el proceso de Bariloche. Igual atención se anticipa por la confección de las boletas al Congreso. Poco queda para resolver en Río Negro. Los gobiernos de las provincias, por convicción o carencia, subsisten adosados a los recursos y las concreciones ofrecidas por Nación. Dos tercios de las obras consignadas en el Presupuesto 2013 dependen de partidas federales. Esta semana una corte de intendentes, con Pichetto, repasó proyectos técnicos de Planificación. En el próximo paso, estimado para la segunda quincena, el ministro Julio De Vido delineará el plan de inversiones para esos municipios. El funcionario sí estará escoltado por el gobernador y por el senador. Los anuncios valen por sus concreciones. En esa obviedad trastabilla el presente gobierno provincial por las dificultades administrativas, que se perpetúan a 17 meses de su asunción. La frecuencia en esos desvíos distrae a la gestión de las reales medidas públicas. El trámite administrativo más distintivo, según su irregularidad y complejidad, pertenece al llamado “legítimo abono”, centrado en la procura de pagos por una compra o servicio realizados antes del fin del expediente. Esto puede darse por su inicio tardío o por la demora de su tramitación. Aquí está el mayor problema. Esta “excepcionalidad” se repetiría en unos tres mil expedientes recibidos por el Tribunal de Cuentas. Vale una aclaración: cualquier morosidad administrativa se traduce, tarde o temprano, en dilaciones y complicaciones en hospitales, comisarías, escuelas y otros servicios. Por caso, jaleos en horas extras y guardias médicas, en las asignaciones sociales o en las redeterminaciones de los costos pedidos por las constructoras. Educación anuló una licitación de transporte escolar el año pasado y no finalizó con el segundo proceso, comenzado hace siete meses. El servicio se cumplió en febrero, marzo y abril con pactos de palabra. Los transportistas forzaron sus tolerancias y posibilidades, como reconocimiento a la gestión de Marcelo Mango en la cancelación de seis meses adeudados y heredados del radicalismo. Pagaron expedientes anteriores mientras no logran tramitar los propios. La informalidad contractual de febrero sirvió a la puesta en marcha del transporte pero no sirve para las vías administrativas. Esas facturas serán “legítimo abono”, postergando sus pagos por seis u ocho meses. La regularización llegará con la adjudicación y los contratos. El Ipross es una excepción. Pese a sus falencias, la obra social se esfumó de la cotidiana preocupación ciudadana porque regularizó sus atenciones a partir de la cancelación periódica de sus prestaciones. Bastó cierta autonomía y respaldo de Weretilneck, superando dos yerros de novicios. Primero, la incumplida investigación por las deudas recibidas, de la cual, luego, el Ipross se apartó, dejando sólo la discusión de los pagos en Economía. El otro: un bosquejo para la restitución de convenios por prestaciones, que el presidente Fabián Zgaib retiró cuando supo de las limitantes informáticas. Hasta ahora, Economía aporta recursos y el Ipross cumple, pero esa placidez debe servir para ahondar en reformas definitivas y estructurales. El organismo sigue rezagado informáticamente, con un déficit financiero agudo y convenios sesgados a favor de los prestadores. Desde el Ipross, Zgaib se ganó la confianza de Weretilneck, tanto que le ofreció el manejo de Salud y el contador prefirió seguir en la obra social. Aquél valoró esa rutina administrativa, sostenida por técnicos llegados más otros ratificados en sus cargos. Esta experiencia es válida para quienes no aceptan sus fallas, incluso prosiguen con sus excusas de conspiraciones instauradas por infiltrados agentes radicales. Un procedimiento sencillo si vaticina la aprobación legislativa el jueves del proyecto de ampliar el STJ de tres a cinco jueces. Votos más, votos menos, el bloque de Pichetto acompañará. Todos deberán repasar sus relatos, alcanzando al mismo oficialismo porque el gobierno reformó su texto original. Eliminó las dos salas propuestas y asignó al tribunal en pleno que se ocupe de la totalidad de los conflictos recibidos. Antes, en octubre, las salas creadas se explicaban en la búsqueda de celeridad judicial. ¿Y ahora? Ocurre que esa modificación tendría otro objetivo: atenuar cualquier individualismo en los debates y las sentencias. Una personalidad siempre se mitiga más en un cuerpo de cinco que de tres miembros. Ese dispositivo creció con las probabilidades del ascenso de la procuradora, Liliana Piccinini. El aumento del STJ y la incorporación de Piccinini sellarán la vigencia de las coincidencias de Weretilneck y Pichetto. El tramo conjunto, seguramente, será corto. Guste o no, el Frente para la Victoria, después de octubre, retomará ejercicios individuales para el 2015. ¿Habrá que recurrir también a Nación?