Un balance con varios rojos

El gobierno nacional termina un muy mal año de gestión y la presidenta, uno mucho peor. En tanto, cada argentino, de acuerdo a cómo le haya ido en la tienda, deberá deshojar su propia margarita para darle un puntaje adecuado al 2012, pero en promedio se puede decir que es difícil que a alguien le haya ido mejor que en el 2011: hay olor a crisis. El sentimiento que sustenta este balance del año no sólo contempla aspectos institucionales básicos como son la creciente falta de diálogo político y sindical, los embates sobre el Poder Judicial o aun delicadas cuestiones fiscales o cambiarias que influyen en lo macro, junto a la zigzagueante decisión de la Argentina de integrarse o de apartarse del mundo, sino que también incluye un relevamiento de lo socioeconómico de todos los días. En este sentido, una explicación del mal humor podría incluir un freno evidente en el nivel de actividad, la falta de inversión y el temor a la pérdida de empleos y la aparición masiva de los desencantados del modelo. En tanto, muchas familias se dividieron ideológicamente, mientras que la inseguridad y la violencia no se detienen y la pobreza y la marginalidad se cristalizan cada vez más y ya son casi estructurales. Parece extraño a la hora de evaluar la fatiga de la gestión que haya grados de diferencia entre Cristina Fernández y el gobierno que ella ejerce, sobre todo para una concepción tan personal del manejo del Estado como la que abriga la presidenta, arropada por la necesidad que hasta ahora parecían tener los argentinos de buscar siempre salvadores más allá de las instituciones, a las que no consideraban. Gracias a ciertos excesos, este punto que incluye el respeto a la Constitución y a la división de poderes parece que ha empezado a ser tenido algo en cuenta por los ciudadanos. Por otra parte, las medias verdades, los ocultamientos, los silencios, la necesidad de transferirle siempre las culpas a terceros y de declarar “destituyente” a todo el que no piense igual, las distorsiones del relato, los modos de conducción radial que tiene la presidenta y hasta sus improvisaciones discursivas que luego no tienen retorno, como en Harvard sobre La Matanza, han horadado desde las formas la relación con una parte de la opinión pública, buena parte de la que sustentó aquel famoso 54%. Más allá de que el cuento de la no inflación ya no se lo traga ni el más leal de los kirchneristas, buena parte de la gente pareció decirle al gobierno en varios temas “¡piedra libre!”. Tampoco le funcionó a la presidenta la división de la CGT sin aceitarla con la suba del mínimo no imponible, lo que le dio impulso a Hugo Moyano para armar un paro general y dos marchas de trabajadores. Hasta gendarmes y prefectos se le plantaron. Por todo esto, en el tobogán de pérdida de imagen que vivió el gobierno en el 2012 podría decirse que Cristina ha sido la causa y la mala praxis, su consecuencia. Uno de los motivos más evidentes de su mayor responsabilidad es que ella nunca ha querido o no se ha sabido rodear de fusibles que la preserven. Es sabido que en estos casos aquello que sirve para glorificar en tiempos de bonanza se vuelve inexorablemente en contra cuando el sistema solar deja de girarle alrededor. Es más, algunos de los funcionarios viven muy cómodos al respecto, a la hora de decir “hay que preguntarle a la señora”. Entonces, como siempre es ella la que queda expuesta, su estilo de férreo unicato es el encargado de transmitirle a la gestión sus propias tensiones, derivadas de sus desbordes emocionales, a través de un relato con pátina ideológica y de características inmutables que nadie cuestiona y que nunca se sabe si es ficcional o si ella misma se lo cree. El comienzo del año puso su salud en el centro de la escena, con un episodio de cáncer que no fue y que terminó con su tiroides en el quirófano. No hubo sustento médico y sí aprovechamiento político. Luego llegó el terrible accidente de la estación de Once, que dejó al desnudo la matriz kirchnerista aplicada a los trenes metropolitanos que, por extensión, puede amplificarse hacia otras áreas sensibles de la Administración. Fue un mazazo. Una vez más, el ominoso Ferrocarril Sarmiento fue protagonista, con 51 muertos y centenares de heridos. El hecho dejó al desnudo complicidades evidentes entre el Estado y los empresarios que manejaban el ferrocarril y nadie pudo dejar de enterarse no sólo de cómo funcionaba el permisivo sistema de subsidios sino del otro, el que ponía a los funcionarios a mirar para otro lado a la hora de controlar. Esta tragedia ferroviaria desacomodó de tal suerte a la presidenta que ya nunca en el resto del año pudo sobreponerse. A partir de ese momento, salvo en un par de casos muy puntuales, el gobierno comenzó a perseguir a los acontecimientos desde atrás, sobre todo en materia judicial. En abril, quien había sido elegido por la mismísima presidenta en soledad para que la secundara en la fórmula presidencial, Amado Boudou, se colocó solito la soga al cuello, probablemente creyendo en su impunidad, a la hora de ir detrás del negocio de la impresión de billetes con un desparpajo de principiante. Cuando el tema saltó a las tapas de los diarios, en sus manotazos de ahogado, el vicepresidente acusó a todo el mundo y denigró al procurador, el histórico setentista Esteban Righi, a un juez y a un fiscal, pero no pudo superar el descrédito ante la opinión pública, cansada de su verborragia impostada y sus manifestaciones de riqueza. Los no kirchneristas dicen que Boudou es obsecuente y trepador; en tanto, los kirchneristas de ley siempre le facturaron haber expuesto a la presidenta. No obstante, salvo algún período de nubarrones, Cristina fue más leal hacia él que a la inversa. Hasta inventó una estatización de apuro de la imprenta Ciccone para tratar de hacer pasar de largo el tema, pero la Justicia siguió avanzando y durante todo el año aparecieron más y más derivaciones del escándalo. Otras dos estatizaciones iban a teñir luego el año que se cierra. La de La Rural este mes, por decreto, y la primera, epopéyica, la de las acciones de Repsol en YPF tras la encerrona a la que se sometió a los españoles para que no giren más utilidades al exterior. Más allá de que fue un intento para retomar el protagonismo mediático, el caso de la petrolera tiene varios costados más para bucear, como es la falta de inversión, que toda la industria retaceó por carencia de incentivos y que hace que mes a mes caiga la producción de petróleo y gas; el caso de Vaca Muerta, que Repsol reivindica como descubrimiento propio, y la enorme cuenta en divisas que el gobierno notó que debía pagar por las importaciones de combustibles, prolegómeno del cepo cambiario. El área de Planificación ha sido la responsable también aquí de la situación, por mantener un precio local de gas en boca de pozo tan deprimido que anuló inversiones (no sólo las de Repsol-YPF), con lo que dejó abierto el camino para el gasto desmedido de dólares. Ante esa factura y un drenaje de capitales que no cesaba, el gobierno impuso y profundizó el cepo cambiario no sólo a los particulares, con claras derivaciones ya que paró la construcción y deprimió el mercado inmobiliario, sino también a los importadores, con denuncias de otros países en la OMC. Esa falta de dólares tampoco se pudo revertir desde lo financiero, ya que la Argentina tiene cerrado el crédito en todo el mundo. YPF es la que hoy más lo sufre y parece mentira que tanto le cueste hacerse de socios para explotar Vaca Muerta. Los inversores aparecen con cuentagotas y no se dice qué piden quienes se acercan para sumarse a un proyecto que por ser no convencional necesita hundir en la Argentina una gran cantidad de dinero, aunque se presume que están solicitando que se les permita liquidar las divisas resultantes en el exterior y el giro irrestricto de utilidades. Pero, además, los mercados no entienden cómo los años pasan y aún no se ha formalizado un acuerdo con el Club de París, mientras que han quedado expectantes con el fallo del juez Thomas Griesa contra la Argentina y el embargo de la fragata “Libertad” en Ghana, dos de los acontecimientos traumáticos del año que la presidenta pudo sortear de manera parcial. Después estuvo su pelea furiosa contra el Grupo Clarín por imponer una ley de Medios que aún no se sabe si es o no constitucional, aunque lo que se juega bajo el poncho es la vigencia o no de la libertad de expresión en la Argentina. Una de las ventajas de la división de poderes para defensa de los ciudadanos es la posibilidad de que los jueces revisen los cabos que, por acción u omisión, los legisladores pudieron haber dejado sueltos. Cuánta mayor legitimidad tendrá esa ley si la Justicia la convalida y cuánto habrá ganado la República si el Estado no comete otro atropello, como lo está haciendo en el caso de los jubilados, quienes ven que pese a la intervención de la Corte están siendo dejados de lado en materia de actualización de haberes por el gobierno que más se ufana de haberlos atendido.

Hugo E. Grimaldi DyN

de domingo a domingo