Un enervante círculo vicioso
Aleardo F. Laría
Las imágenes de los enfrentamientos entre trabajadores del Hospital Borda y los efectivos de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son impactantes. Revelan cierta falta de profesionalismo en la novata policía del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. También el uso político de estas escaramuzas para desgastar la imagen del rival político de la presidenta Cristina Fernández. Lo que debe llamar a la reflexión es que el resultado de tamaño escándalo sea el producto de la persistencia sindical en oponerse a una decisión intrascendente: derribar una modesta construcción, un minúsculo taller insalubre. En la provincia del Neuquén acabamos de asistir recientemente a la utilización de estrategias similares por parte de gremios que unen sus reclamos sindicales con la metodología extorsiva del corte de rutas. El gobierno de la provincia, aleccionado probablemente por el caso Fuentealba, para evitar pagar el precio político que puede derivar de las consecuencias imprevisibles de una intervención de la fuerza pública ha optado por una política de “laissez faire, laissez passer”. Esta estrategia ha venido siendo aprovechada por algunos gremialistas, que incorporan el uso de una metodología de barricadas con la secreta esperanza de que una recia intervención de la fuerza pública los convierta luego en inocentes “víctimas de la represión”. La respuesta del gobierno frente a gremios dominados por grupos ideologizados que apuestan por doblar la apuesta del enfrentamiento en la calle frente al debilitamiento paulatino de las huelgas irresponsables que convocan ha resultado ser la más racional en ese contexto. Pero el inconveniente es que así no se termina con la cultura de la acción directa. Por ejemplo, a los pocos días del corte docente, una escasa docena de trabajadores del Cippa, “protegidos” por cuatro patrulleros de la policía, provocaba un caos en el acceso a Neuquén, obturando el puente carretero de ingreso. Esta estrategia políticamente prudente, para ser verdaderamente efectiva debería ser acompañada por una actuación judicial más enérgica que llevara a los responsables a rendir cuentas ante la Justicia. Si bien nadie va preso por esta clase de delitos, la sanción penal actuaría como elemento disuasorio. Sin embargo, hasta ahora los fiscales federales se inhiben sobre la base de una directiva no escrita proveniente del Ministerio Público que les recomienda “no criminalizar la protesta social”. De este modo se cierra el círculo vicioso de la impunidad ante conductas que suponen una clara violación de los derechos del resto de los ciudadanos a trabajar y transitar por las rutas nacionales. Estos episodios, que se reiteran tanto en Buenos Aires como en Neuquén, revelan que estamos ante grupos ideologizados que acuden a esta metodología porque hasta ahora les ha brindado evidentes réditos políticos. El gobierno nacional, en un primer momento justificó y hasta alentó la cultura de la acción directa –por ejemplo en el conflicto de las pasteras con Uruguay–, hasta que poco a poco fue descubriendo que estaba trenzando una cuerda en la que podía terminar aprisionado. No obstante, el saldo de esta contradictoria estrategia no es menor. Los mismos que acusan obsesivamente al expresidente Eduardo Duhalde de haber “asesinado a Kosteski y Santillán” llevan un saldo acumulado de no menos de 14 muertos en distintos enfrentamientos de grupos de protesta con fuerzas de la policía registrados en el territorio nacional en los últimos diez años. Frente a los riesgos de la represión directa, el modo racional de acabar con este enervante círculo vicioso es aplicando lisa y llanamente la ley una vez que la flagrancia del conflicto se ha calmado. No existe democracia moderna que tolere que cada grupo social se considere definidor de sus propios derechos, acudiendo al corte de rutas, a usurpar propiedades o evitar la demolición de un galpón inservible para alcanzar sus propios fines. Esto supone abandonar el sistema de resolución de conflictos en base a la aplicación estricta de la ley que viene regulado en la Constitución de cualquier Estado de derecho. Esta grave desviación del sistema institucional diseñado en la Constitución nacional demuestra también la enorme gravedad que encierra la politización de la función judicial. Cuando hay fiscales o jueces que no aplican la ley obedeciendo a directivas políticas, se percibe el enorme riesgo a que estamos expuestos. Por eso resulta también incomprensible que en nuestras provincias haya diputados que contribuyan a reforzar esta politización de la Justicia apoyando una reforma del Consejo de la Magistratura propiciada por el gobierno nacional que persigue ese inaceptable objetivo. El significado que tiene esta abducción a la que pretende ser sometido el Poder Judicial ha podido ser comprobado por quienes han tenido oportunidad de visualizar el video que muestra la entrada gansteril del secretario de Comercio en la asamblea del Grupo Clarín. Este uso intolerable de los poderes que otorga el Estado para ejecutar venganzas partidistas nos instala de lleno en un escenario propio de las repúblicas bananeras. Winston Churchill decía que una democracia es el sistema político donde cuando alguien llama a la puerta de calle a la seis de la mañana se sabe que es el lechero. En la Argentina deberíamos evitar la consolidación de un sistema en el que, cualquiera sea la hora del día, el que entre violentamente en nuestras casas o empresas sea el ferretero Moreno.
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