¿Un Estado sin pueblo?
Sin titubeos, sostenemos que el Estado es una creación jurídico-política del pueblo. Es decir, debemos entender y asimilar, en términos generales, que todo Estado, en cuanto tal, obedece y se subordina a la organización política y jurídica propia de un pueblo en un determinado territorio. De modo tal que el pueblo es “el padre” del Estado y éste debe subordinarse democrática y razonablemente a aquél. Consecuentemente, el Estado deriva del conjunto de normas jurídicas que el pueblo se da para sí mismo con el propósito de regular y subordinar los derechos y libertades individuales al bien común, al interés público y a la paz social, pero a nadie más y en ninguna circunstancia. Ninguna libertad, ningún derecho y ningún deber tienen su origen en ningún Estado. Todo lo contrario. El hombre (varón y mujer) nace natural, libre e independientemente del Estado. Cualquier moderación a la libertad, a un derecho o a un deber es una autogestión y acción ciudadana consistente en las leyes acordadas legislativamente por el pueblo y ejecutoriadas por otro poder ejecutivo/operativo; esto es: funcionarios y servidores públicos de los tres poderes de la república, que tienen el deber ineludible de servir a la comunidad, pero jamás servirse de ella impunemente. Con esa perspectiva, única posible en términos y categorías democrático-republicanas, toda autoridad pública es investida, en cuanto tal, sólo por el pueblo, esto es, la ley según la Constitución. Ninguna autoridad pública entonces puede pretender siquiera, salvo dictaduras o autocracias, situarse por encima de la ley o, menos que menos, en contra de la Constitución y de la ley. Por lo tanto, queda claro que un Estado de derecho se refleja en un esquema metodológico cuyo anverso exterior exhibe el ámbito y dominio privado en los cuales todo está permitido salvo lo expresamente prohibido por la ley y, por el contrario, su mínimo reverso interior contiene las normas e institutos jurídicos encargados de las relaciones jurídicas concernientes al dominio público donde todo está prohibido salvo aquello expresamente autorizado por la ley. Bueno, a esta altura, y entre nosotros, estamos en presencia de verdades lógicamente irrefutables respecto de la relación pueblo-Estado, siendo posible, mediante este enfoque académico y observatorio institucional, verificar los reales parámetros de nuestra calidad e intensidad del sistema democrático argentino en tanto y en cuanto se precie de tal. La suerte de nuestra Argentina y la de su evolución como nación dependen más que nada de su razonabilidad, proporcionalidad, respeto e inclusión del hombre común, cobrando simultáneamente conciencia plena de que el hombre nace libre y que solamente con su autorización, que será la autorización del pueblo, su conducta puede encontrar limitaciones o restricciones en el ámbito de la Constitución y de la ley; solamente en ellas. (*) Investigador Universidad Nacional de Córdoba
ROBERTO FERMÍN BERTOSSI (*)
