Un fallo de la Corte brasileña abre la puerta para que Lula quede libre

La defensa del ex presidente dijo que este viernes solicitará la inmediata liberación del histórico líder del PT, condenado por corrupción.

Por 6 votos a 5, la corte suprema de Brasil cambió la jurisprudencia sobre el cumplimiento de la condenas después de la segunda instancia, lo cual permitiría la liberación en las próximas horas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.


Se desconoce por ahora cómo y cuándo se hará efectiva la excarcelación de Lula, que desde abril de 2018 purga una pena de 8 años y 10 meses por corrupción, en aplicación de la jurisprudencia que determinaba que las penas deben empezar a cumplirse tras ser confirmadas solamente por un tribunal de segunda instancia.
La defensa del expresidente brasileño anunció esta noche que pedirá su “liberación inmediata”.


“Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal (STF)”, informó el bufé Teixeira Martins en un comunicado.


Cinco jueces de la corte suprema de Brasil votaron a favor y otros cinco en contra de un cambio de jurisprudencia que puede conducir a la liberación del expresidente, por lo cual la responsabilidad del desempate recayó a en el presidente del tribunal.


Los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) discutieron si una pena de prisión tiene que empezar a cumplirse cuando es confirmada por un tribunal de apelación (segunda instancia), como sucede desde 2016, o solo cuando el acusado agota todos los recursos disponibles.


El presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli se inclinó por el cambio de la norma y ahora los tribunales deberán examinar la situación de 4.895 personas, entre ellas Lula. No todas podrían ser liberadas, porque los casos de mayor peligrosidad tendrían dictada prisión preventiva.


El exmandatario (2003-2010), de 74 años, purga desde abril de 2018 en Curitiba (sur) una pena de 8 años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula fue condenado como beneficiario de un apartamento en el litoral de Sao Paulo, ofrecido por una constructora a cambio de contratos en la petrolera estatal.
Pero el exsindicalista niega los cargos y se considera un “preso político”, víctima de una manipulación judicial para impedirle presentarse a los comicios presidenciales de 2018, en los que resultó elegido el ultraderechista Jair Bolsonaro.


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