Un fallo político

Puede que la estrategia del gobierno kirchnerista de politizar el tema de la deuda pública impaga, tratándolo como un conflicto entre víctimas inocentes de la maldad financiera internacional por un lado y “buitres usureros” por el otro, le haya sido beneficiosa en el frente interno, pero en el exterior sólo ha servido para crear problemas muy graves. En el fallo durísimo que acaba de pronunciar, el veterano juez neoyorquino Thomas Griesa aludió a las declaraciones “inflamatorias” de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía Hernán Lorenzino que ya le habían informado que no tenían la menor intención de pagar un centavo a los llamados “fondos buitre”, de tal manera manifestando su desprecio por una eventual sentencia adversa. Según Griesa, que desde luego no tiene por qué preocuparse por los rutinarios aprietes oficiales en el Consejo de la Magistratura, tales “amenazas de desafío no pueden ser desatendidas”. Aunque es factible que la Corte de Apelaciones de Nueva York decida que en esta ocasión Griesa se extralimitó al tomar demasiado en serio las afirmaciones de políticos, no cabe duda de que muchos comparten el fastidio que siente a causa de la negativa sistemática de nuestro gobierno a cumplir con aquellos fallos que no le gustan. Mal que les pese a Cristina y los teóricos que la acompañan, en otras latitudes escasean los dispuestos a subordinar las leyes vigentes al “relato” kirchnerista. Así y todo, si bien son cuestionables los argumentos políticos, éticos e ideológicos esgrimidos por la presidenta y los voceros oficiales, cualquier intento de acatar el fallo de Griesa provocaría dificultades prácticas tan grandes que el país no podría sino caer nuevamente en default, aunque esta vez sólo se tratara de uno “técnico” cuyas repercusiones serían, por fortuna, menos destructivas que las producidas por el default festivo de fines del 2001. El gobierno, pues, se ve obligado a elegir entre dos alternativas que son francamente malas. Si opta por pasar por alto el fallo, como suele hacer toda vez que uno del Ciadi no lo favorece, el país se alejará todavía más del resto de la comunidad internacional, pero si elige una postura más conciliatoria las consecuencias económicas serían igualmente dañinas. Parece inevitable, pues, que a raíz del encontronazo del gobierno de Cristina con la Justicia neoyorquina se agraven aún más los problemas financieros que ya están incidiendo, de manera nada positiva, en los presupuestos provinciales, en el consumo y, huelga decirlo, en la inversión. Merced a una etapa de crecimiento macroeconómico muy vigoroso, hasta hace un par de años el país estaba en condiciones de salir definitivamente del default que se declaró después del colapso del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, pero Cristina tenía otras prioridades y por lo tanto decidió postergar la reconciliación, propuesta por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, con el Club de París. Asimismo, parecería que no se le ocurrió que sería conveniente esforzarse por brindar una impresión de estar más que dispuesta a pactar con los últimos holdouts, apostando a que Griesa siguiera fallando a favor del país por entender que negociaba de buena fe. Antes bien, por motivos de política interna, el gobierno optó por privilegiar la confrontación, formulando las declaraciones “inflamatorias” que exasperaron al juez de Nueva York hasta tal punto que terminó tomándolas por manifestaciones prepotentes, y por lo tanto inaceptables, de desdén por las reglas internacionales. Aunque voceros tanto del gobierno como de ciertas agrupaciones opositoras se han puesto a protestar contra “el colonialismo legal” que a su juicio significa el hecho de que un juez extranjero, norteamericano para más señas, pueda fallar sobre asuntos que, suponen, deberían permanecer en manos de la llamativamente más flexible Justicia argentina, realidad que atribuyen a la supuesta falta de patriotismo de gobiernos anteriores, a esta altura sería ridículo, y contraproducente, intentar desconocer la jurisdicción de la Corte de Nueva York que la Argentina eligió antes de emitir los bonos que están en manos de los “fondos buitre” especulativos porque, desde el punto de vista de los eventuales compradores, sería mucho más digna de confianza que una ubicada en el país mismo.