Un gran riesgo para la democracia

FERNANDO BLANCO MUIÑO (*)

Al cumplirse 30 años de la recuperación de la democracia, nos enfrentamos a la semana más comprometida en su proceso de consolidación, ya que los proyectos de reforma judicial que se tratarán en ambas cámaras del Congreso son el riesgo más importante sobre la democracia desde 1983 a la fecha. La democracia en la Argentina ha padecido los levantamientos de Semana Santa, los procesos hiperinflacionarios, la disolución del 2001 y muchas cosas más, pero ninguno de estos acontecimientos llevó al sistema a una situación de riesgo a corto, mediano y largo plazos como esta apresurada reforma judicial. Desde la sociedad civil, se siente la necesidad y la responsabilidad de alertar sobre sus efectos en los derechos de los ciudadanos en general y de los consumidores en particular. La presidenta de la república justificó, entre otros argumentos, el impulso de la “democratización” de la Justicia desde la mirada del beneficio que ésta le traería a los que menos tienen, a los que necesitan reclamar y no cuentan con recursos. Sostuvo, también, que el paquete de leyes servirá para acercar la Justicia a la gente y hacer más ágil el trámite de los juicios. Desde la perspectiva de los consumidores, que los hay con más o menos recursos, activos y jubilados, ninguna de las propuestas del Poder Ejecutivo mejora la accesibilidad. En materia de defensa de los derechos de usuarios y consumidores, las medidas cautelares han sido una herramienta muy útil para frenar acciones violatorias de derechos por parte de los proveedores de bienes y servicios o del propio Estado, tal como lo marca la ley de Defensa del Consumidor. Desde impedir aumentos injustificados de luz o suspender la aplicación de decretos en materia de gas, como sucede aún en estos días o más recientemente impidiendo la suba de la tarifa de subterráneo, todas esas decisiones en favor de los usuarios fueron ordenadas por jueces a través de medidas cautelares. Por eso, fijarle un plazo de hasta seis meses de vigencia, pudiendo ser de tres, significa un cercenamiento claro al ejercicio de defensa de los consumidores. Asimismo, suponer que la creación de nuevas Cámaras de Casación hará que se agilicen los procesos es a todas luces contradictorio, porque se incorpora una nueva instancia antes de llegar a la Corte Suprema. En materia de seguridad social, ahora los jubilados argentinos, que están obligados por el Estado a promover un juicio para cobrar sus haberes mal liquidados por el propio Estado, deberán sortear una nueva valla que insumirá, cuanto menos, un año más. Si la presidenta quiere efectivamente generar mejores condiciones para que los ciudadanos tengan acceso a una mejor Justicia podría, por caso, ordenar a los abogados de la Anses que dejen de apelar las sentencias a favor de jubilados y pagar lo que en derecho reclaman. Si ella quiere beneficiar a los sectores de la sociedad que cuentan con menos recursos para acceder a la Justicia, podría plantear la gratuidad de los procesos en materia previsional y de consumidores, sin necesidad de tramitar un expediente paralelo al principal como es el beneficio de litigar sin gastos. Si busca, en definitiva, una mejor república debería ordenar a sus bloques legislativos abrir los proyectos presentados a la discusión para mejorarlos y enriquecerlos, no imponerlos sin más trámite que una tertulia previa a un automático levantamanos. Esa actitud les evitaría a los legisladores poder ser considerados “infames traidores a la patria” como marca el artículo 29 de la Constitución Nacional y sería un enorme salto de calidad institucional, una bandera enarbolada por la presidenta en un ya lejano 2007 que se está apolillando en la Casa Rosada. Desde el movimiento de usuarios y consumidores estamos convencidos de que el debate abierto es necesario y que la forma en que se lo está planteando nos hará perder una buena oportunidad para profundizar la vigencia de los derechos de consumidores, al cumplirse 20 años de la sanción de la ley. (*) Titular de la Unión de Consumidores de Argentina