Un mal crónico

Si la Argentina fuera una democracia moderna, ya contaría con una administración pública no politizada que fuera plenamente capaz de manejar con eficacia el «Plan jefas y jefes de hogar desocupados» sin precisar la colaboración de operadores partidarios, legisladores, sindicalistas o caciques piqueteros que, de más está decirlo, suelen querer aprovechar al máximo todas las oportunidades para enriquecerse o para aumentar su propio poder a costa del contribuyente. Puesto que nuestro país no es moderno en absoluto, a ciertos integrantes del gobierno del presidente Eduardo Duhalde no se les ha ocurrido otra cosa que pedirles a las estructuras políticas que se encarguen de la ayuda social, de ahí la entrega a cada diputado de entre 50 y 80 de los formularios de inscripción que deberían llenar los interesados en recibir los 150 pesos en Lecop. Como es natural, la recaída en la metodología primitiva e intrínsecamente corrupta así supuesta ha desatado una ola de críticos. Aquellos legisladores que, para disgusto de los consustanciados con el viejo orden, entienden muy bien que el clientelismo sistemático está en la raíz de buena parte de los problemas del país, han protestado contra el presunto deseo del gobierno de medrar políticamente sobre la base de las necesidades de la gente. Con todo, los reparos formulados por algunos gobernadores, como el santafesino Carlos Reutemann, parecen tener más que ver con la sospecha de que los duhaldistas están procurando invadir su propio territorio, que con la convicción de que el clientelismo es de por sí perverso y por lo tanto debería ser eliminado de cuajo.

En un esfuerzo por defenderse, voceros oficiales, como el jefe de Gabinete, el sindicalista Alfredo Atanasof, han esgrimido razones que podrían calificarse de pragmáticas, insistiendo en que los legisladores están en condiciones de ayudar a distribuir las planillas, cumpliendo de este modo una función que en buena lógica correspondería al Estado. Asimismo, hacen hincapié en la cadena «larga» de controles establecidos que a su juicio impedirán que los legisladores figuren como gestores o intermediarios. Desde luego, se trata de argumentos poco convincentes a la luz de las tradiciones nacionales en la materia. Como es notorio, aquí es habitual que todos los planes sociales vengan acompañados por el nombre y apellido de un político que haga lo posible por hacer pensar que los beneficios han procedido de su propio bolsillo, de ahí episodios tan vergonzosos como el protagonizado por el entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf cuando se las arregló para que las zapatillas destinadas a jóvenes pobres llevaran su firma. Era previsible, pues, que muchos darían por descontado que el plan social promovido por el gobierno de Duhalde se vería viciado por irregularidades de todo tipo ocasionadas por «las picardías» de los oportunistas de siempre.

Los comprometidos con el populismo clientelar que tanto ha contribuido al colapso económico siempre han sostenido que por estar el país en medio de una emergencia sería mejor limitarnos a aprovechar los mecanismos existentes, postergando hasta nuevo aviso cualquier proyecto reformista. De este modo, han logrado frustrar todos los intentos de reemplazar los esquemas clientelistas que tantos beneficios les han aportado por una administración pública auténtica. Sin embargo, los argumentos que emplean son engañosos. Si no fuera por el obstruccionismo interesado de los caudillos partidarios, sobre todo de los peronistas y radicales, al país le resultaría relativamente fácil organizar programas de ayuda social nacionales, provinciales y municipales libres de la corrupción inherente al clientelismo. Por cierto, en vista del desprestigio realmente llamativo de los legisladores en su conjunto, un gobierno de transición que se supiera frente a «la peor crisis de la historia» ya hubiera facilitado la conformación de organizaciones nacionales de emergencia no partidarias cuya misión consistiría en atenuar las consecuencias sociales del desastre que se ha producido, pero parecería que el encabezado por Duhalde sigue confiado en su capacidad para mejorar las perspectivas de su propio movimiento, razón por la que a menudo antepone los intereses inmediatos de sus aliados políticos a aquellos de la inmensa mayoría de los habitantes del país.